Acuerdo entre PP y Ciudadanos. Medidas laborales

Acuerdo entre PP y Ciudadanos. Medidas laborales

El acuerdo de investidura firmado el pasado fin de semana entre Partido Popular y Ciudadanos ha sido publicado con el título: “150 compromisos para mejorar España” (puede descargarlo completo en este link). El documento, con una extensión de 44 folios, está dividido en cinco secciones:

  • Crecimiento económico, competitividad y empleo.
  • Sociedad del bienestar y del conocimiento.
  • Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción.
  • Fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial.
  • España en Europa y en el mundo.

Debido a su interés, hemos extractado las medidas que afectan  tanto al  ámbito laboral como de Seguridad Social, sanidad, autónomos, educación, Justicia y empleados públicos. Así entre las 150 nos quedamos con las siguientes (indicamos el número de la medida para facilitar su búsqueda en el documento).

Medidas incluidas en el acuerdo

31. Crear una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), entre otros objetivos apuntan a establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica.

32. En el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente.

33. Reforzar la presencia de la Economía Social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo.

35. Facilitar a los autónomos su viabilidad financiera y garantizarles una “segunda oportunidad” después de un proyecto empresarial fallido. Por este motivo, contemplan, entre otras medidas la de permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos.

36. Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo:

  • Contrato indefinido.
  • Un contrato “de protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización creciente. Las características del contrato serían las siguientes:
  • Sólo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra.
  • Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.
  • Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad.
  • Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.
  • Un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.
  • En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán exentos de cotización durante cuatro años.
  • Un contrato para la formación, para la cualificación profesional del trabajador, tanto en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente cursados

37. Reconocer a todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación, el derecho a un preaviso de 15 días en caso de extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba siempre que éste supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.

38. Introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como "mochila austríaca", mantenida a lo largo de su vida laboral. El trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.

39. Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

40. Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará el establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.

41. Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, entre otras medidas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración, y se fomentando una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe anual.

42. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado y con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.

43. En el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo. Entre otras medidas se acuerda favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo y promover una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral. En particular, establecer un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan optar entre:

  • Compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena
  • o, aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

44. Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en el acceso con una misma cartera básica de servicios para todos los ciudadanos en un marco de amplia descentralización. Asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia.

54. Aprobar una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social.

57. Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los 21 servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes. Se recuperarán los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia.

66. Aprobar una Ley Integral de Apoyo a las Familias, que ordene, sistematice, actualice y amplíe los apoyos que las familias de todo tipo reciban de las instituciones públicas. Entre otras medidas, contemplará:

  • Aprobar las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años.
  • Dar un apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras.

67. Abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible. Se buscará un consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para recuperar el huso horario GMT y generalizar medidas que permitan conciliar mejor la vida laboral con la personal y familiar, tales como:

  • La finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h.
  • Impulsar en los convenios colectivos fórmulas para la flexilibización de la jornada laboral.
  • Implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su utilización al menos 1 día por semana.
  • Facilitar la posibilidad de trabajar en diferentes turnos que se adapten particularmente al horario deseado por el trabajado

73. Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual y/o de identidad de género.

76. Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

78. Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales.

80. Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años que aumente el número de plazas en escuelas infantiles.

127. Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el objetivo, entre otros, de garantizar los principios de mérito y capacidad.

131. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia.

138. Reformar la Ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en ningún caso suponga un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de lucro.

145. Defender en el ámbito de la Unión Europea una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados, conforme a los compromisos adquiridos en la Unión Europea.