Articulos jurisprudencia

驴Se acab贸 en Europa el 芦turismo social禄 o se resquebrajan los principios de libre circulaci贸n, igualdad de trato y solidaridad?

Con este mismo t铆tulo se puede consultar aqu铆 el comentario de D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES a la Sentencia de 11 de noviembre de 2014, del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, cuyo pronunciamiento establece que los nacionales de un Estado miembro solo pueden reclamar el acceso a determinadas prestaciones sociales, de car谩cter no contributivo o asistencial establecidas en el Estado de acogida, invocando el principio de igualdad de trato respecto de los nacionales de este 煤ltimo Estado, cuando su estancia en el pa铆s cumpla los requisitos de la Directiva 2004/38.

El fallo del Tribunal tiene un fuerte impacto en un doble sentido. Por un lado, respecto de los nacionales de los Estados del Sur y Este de Europa que ejercen su derecho a la libre circulaci贸n, puesto que, aunque esta interpretaci贸n no implique una restricci贸n del derecho al ejercicio de dicha libertad b谩sica en la Uni贸n Europea, sin embargo podr谩 limitarla de hecho, en cuanto se les veda -pi茅nsese en los que salen de Espa帽a buscando un trabajo- el acceso a determinadas prestaciones que, por el contrario, s铆 se otorgan a los nacionales del Estado de acogida que se encuentren en la misma situaci贸n. Por otro, y en especial, para los Estados que disponen de unos mecanismos de protecci贸n asistencial o no contributiva elevados porque, con car谩cter general, van a quedar reservados a sus nacionales o a personas que dispongan de la residencia legal permanente y su per铆odo de permanencia supere los tres meses.

驴Qu茅 orden jurisdiccional es competente para conocer la impugnaci贸n de una sanci贸n por infracci贸n en materia de afiliaci贸n y alta? El Tribunal Supremo resuelve la cuesti贸n

El Tribunal Supremo, en su Auto de 24 de septiembre de 2014, ha establecido que la competencia para conocer en sede jurisdiccional de las pretensiones que se deduzcan contra las sanciones interpuestas por la autoridad laboral por incumplimiento de las obligaciones en Seguridad Social en materia de afiliaci贸n y/o alta en la Seguridad Social, corresponde al orden social, siempre que la infracci贸n de que se trate no lleve aparejada una liquidaci贸n de cuotas, en cuyo caso, entrar铆a a conocer el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La cuesti贸n planteada en el Auto del Tribunal Supremo referido es analizada por don Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES en el comentario que se incluye a continuaci贸n.

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Despido disciplinario por transgresi贸n de la buena fe y abuso de confianza. Cuando es bueno predicar con el ejemplo

Asistimos at贸nitos estos d铆as al esc谩ndalo de Cajamadrid por el uso que directivos y consejeros de la entidad hicieron de las llamadas "tarjetas black". Hasta 15 millones de euros dilapidados en restaurantes de lujo, vino o discotecas, mientras miles de preferentistas ve铆an c贸mo se difuminaban sus ahorros v铆ctimas de un enga帽o. En este contexto 驴puede exigir la Caja un comportamiento 茅tico a sus empleados si sus dirigentes no predican con el ejemplo? Y m谩s en concreto, 驴podr铆a ser objeto de despido un trabajador que comete un peque帽o desliz como mentir a su jefe?

驴Qu茅 ocurre si un trabajador comete un delito?

En algunas ocasiones las empresas se han encontrado en la tesitura de tener que afrontar una causa penal dentro de una relaci贸n laboral con un empleado, por ejemplo un despido derivado de un hurto o robo, lesiones, amenazas entre empleados, por lo que consideramos interesante para las empresas saber c贸mo actuar ante este tipo de situaciones.

Primero hay que tener en cuenta que la relevancia que puedan tener unos hechos en el 谩mbito penal no implica necesariamente que deban incidir en el laboral. Esto, materializado en la pr谩ctica, significa que, si un trabajador comete un il铆cito penal no significa que el despido vaya a ser declarado procedente sin m谩s.

El g茅nero s铆 puede influir en el nivel de las pensiones. (A prop贸sito de la STC de 25 de septiembre de 2014: otra vez trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social)

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 25 de septiembre de 2014 (con voto particular del Magistrado Xiol R铆os) ha desestimado la cuesti贸n de inconstitucionalidad (n.潞 3361-2012), presentada por el Pleno del Tribunal Supremo聽en relaci贸n con el p谩rrafo 聽b), regla 3.陋, n煤mero 1, de la disposici贸n adicional s茅ptima de la Ley General de la Seguridad Social, a trav茅s de la cual se regula la forma de integrar las 芦lagunas de cotizaci贸n禄 existentes en las mensualidades que formen parte del periodo a tener en cuenta en la determinaci贸n de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de contingencias comunes (en los grados de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez) y de jubilaci贸n.

El an谩lisis de los antecedentes f谩cticos, normativos y judiciales que han dado origen a este pronunciamiento son analizados por don Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES en el comentario que se incluye a continuaci贸n.

A vueltas con la vigencia de los convenios colectivos

No son pocas las empresas que a la conclusi贸n de la vigencia temporal del convenio colectivo que aplican se encuentran en la tesitura de determinar que norma convencional pasa a regular, siquiera de manera provisional, las relaciones laborales de sus empleados. Tras la modificaci贸n operada en el art. 86.3 del ET por la Ley 3/2012, t茅rminos como denuncia o aplicaci贸n del convenio de 谩mbito superior pueden parecer poco claros y estar sujetos a interpretaci贸n. Sobre ellos gira la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014 que pasamos a comentar a continuaci贸n.

No est谩 de m谩s reproducir, a modo de recordatorio, el 煤ltimo p谩rrafo del art. 86.3 del ET, el cual establece que 鈥渢ranscurrido un a帽o desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aqu茅l perder谩, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicar谩, si lo hubiere, el convenio colectivo de 谩mbito superior que fuera de aplicaci贸n鈥.

Dos pensiones de incapacidad permanente absoluta son compatibles si se lucran en diferentes Reg铆menes, con independencia de la forma de valoraci贸n de las dolencias, respecto de las dos prestaciones. (El TS reitera su doctrina en STS de 14 julio 2014)

1. Resumen del fallo

El Tribunal Supremo (TS), en su reciente sentencia de 14 de julio de 2014, reitera su doctrina sobre la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente absoluta, cuando las mismas se causan en dos Reg铆menes de Seguridad Social diferentes, cuando ha existido sucesi贸n de actividades laborales que dieron lugar al alta en los Reg铆menes correspondientes y el beneficiario re煤ne los requisitos exigidos en cada uno de ellos, dejando al margen que se tenga en cuenta la agravaci贸n, a efectos del reconocimiento de la nueva pensi贸n de incapacidad permanente absoluta, de dolencias ya valoradas en la incapacidad permanente, tambi茅n en el grado de absoluta, declarada en el otro R茅gimen.

Ultraactividad y Contractualizaci贸n: otra soluci贸n judicial necesitada de refrendo

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a ha dictado una sentencia1 que plasma abiertamente en el 谩mbito de la ultraactividad de los Convenios Colectivos la tesis de la contractualizaci贸n.

Efectivamente, en una sentencia de pleno, aunque con un voto particular suscrito por cuatro magistrados, viene a refrendar una posici贸n que la dogm谩tica hab铆a ya adelantado como una posible soluci贸n a la crisis que en el modelo de relaciones laborales se ha originado por el 谩nimo del legislador de maximizar la productividad en empresas que no est谩n en crisis.

Con el claro prop贸sito de que fueran los jueces y tribunales los que asumieran un rol activo en ello, dej贸 la Ley 3/2012 una laguna legal (ya contenida en el RDLey 3/2012 casi en los mismos t茅rminos) a sabiendas de la multitud de pronunciamientos contradictorios que originar铆a. Fruto de ello ha quedado patente (en un proceso ni mucho menos terminado) la elasticidad y plasticidad del ordenamiento jur铆dico laboral, donde, con mayor o menor acento en los caracteres propios de su fundamento pol铆tico-jur铆dico, cada operador atribuye al enunciado normativo (art. 86.3 ET) un juicio de valor del que la norma resultante no se puede desprender. Es decir, que las propuestas interpretativas responden necesariamente a posiciones ideol贸gicas, de tal forma que si en los procesos de elaboraci贸n legislativa queda siempre claro este hecho desde inicio, en funci贸n del partido pol铆tico que defiende la iniciativa, en la construcci贸n de modelos dogm谩ticos este posicionamiento no lo es siempre, siendo sin embargo este uno de esos supuestos en que la polaridad es ineludible2.

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