RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

«[…] la pandemia ocasionada por el COVID-19 se ha intensificado y ampliado a escala mundial; las repercusiones en la salud pública son enormes, y las economías y los mercados de trabajo están sufriendo perturbaciones sin precedentes. Es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial» (OIT, abril 2020). Nadie sabe con certeza cuándo podremos ponerle fin y retomar nuestras vidas, nuestros trabajos… El Estado español, con el objeto de impedir la expansión y propagación del contagio entre los ciudadanos y garantizar una adecuada protección sanitaria, se ha visto obligado a adoptar una serie de medidas restrictivas y de control tanto de las personas como de la actividad productiva. Algunos sectores han tenido que cesar obligatoriamente y otros, por el contrario, se han considerado esenciales y se han mantenido en funcionamiento para garantizar los suministros y el abastecimiento de las necesidades básicas de la población y del sistema sanitario. Entre dichas decisiones excepcionales hay muchas referidas a materia laboral y de Seguridad Social, cuyo objetivo es que los efectos de esta crisis sean amortiguados para causar el menor daño posible. En este trabajo abordaremos dichas medidas laborales adoptadas.

Palabras clave: COVID-19; estado de alarma; medidas laborales; medidas de Seguridad Social; actividad procesal laboral.

La aprobación del Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso invita a la reflexión, por un lado, por los positivos avances hacia un tratamiento integral, inclusivo y preventivo del acoso y, por otro, al prestar cierta atención a los denominados «canales de denuncias internas» en las empresas y la correspondiente protección del denunciante. Se trata de una faceta aún bastante descuidada en el ordenamiento jurídico interno, que necesitaría ajustes concretos para imponer expresamente la obligatoriedad de estos canales, así como configurar sus elementos y garantías mínimos en aras de fomentar las denuncias, a fin de coadyuvar a frenar la ocultación o banalización del problema. La adecuada protección del «denunciante» (sea la víctima o un tercero) puede contribuir a la evitación de situaciones de acoso o, al menos, a su detección y remedio temprano.

Palabras clave: acoso; tutela; canales de denuncia; whistleblowing; prevención.

El fenómeno de la descentralización productiva conduce, generalmente, a un notorio debilitamiento de los derechos laborales. Con el fin de lograr una mayor protección de las personas trabajadoras, la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, determina la obligatoriedad de incluir cláusulas sociales en la contratación administrativa con el fin de garantizar una compra pública responsable. Las cláusulas sociales están dirigidas a favorecer, entre otras cuestiones: la estabilidad en el empleo; la igualdad; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; y la promoción del empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Ahora bien, el procedimiento administrativo común previsto en la citada norma no es aplicable en supuestos excepcionales, como en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. El artículo 120 de la citada ley reconoce que «cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional» se acudirá a la tramitación de emergencia.

Palabras clave: descentralización productiva; sector público; compra pública responsable; cláusulas sociales; supuestos excepcionales (COVID-19).

La competencia en el ámbito de la política de empleo corresponde a los Estados miembros. Sin embargo, la Unión Europea cuenta con una competencia de coordinación en esta materia y, a través de los distintos instrumentos que tiene a su disposición, guía la actuación de los Estados miembros. En particular, respecto a los colectivos más desfavorecidos y que requieren de actuaciones específicas, la Unión Europea se ha centrado en los trabajadores de mayor edad y en los discapacitados, mientras que no ha prestado la misma atención a los trabajadores con problemas de salud. No obstante, ellos también tienen especiales necesidades para integrarse y permanecer en el mercado de trabajo. En este sentido, y aunque una reciente resolución del Parlamento Europeo ha evidenciado la necesidad de poner en práctica políticas activas dirigidas a los trabajadores con enfermedades crónicas, en la actualidad, tales medidas no existen. Con todo, se entiende que es necesario que la Unión Europea elabore unas orientaciones específicas y articule los instrumentos de financiación necesarios para que los Estados miembros promuevan el empleo de los trabajadores con enfermedades crónicas, en particular a través de medidas de formación y mediante el abono de los costes derivados de la adaptación de las condiciones de trabajo.

Palabras clave: política de empleo; políticas activas de empleo; Unión Europea; trabajadores con problemas de salud; enfermedades crónicas.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 13/2020, de 13 de enero

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 381/2020, de 13 de marzo

Comentario al Auto del Tribunal Constitucional de 30 de abril de 2020 (rec. de amparo 2056/2020)

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 82/2020, de 29 de enero