RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2019, asunto C-404/18, Hakelbracht

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 882/2019, de 29 de agosto

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 de octubre

El artículo 88 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), con mucho más empeño en la forma que en el fondo, reconoce a los trabajadores y empleados públicos el «derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar». En el momento en que vio la luz, esta previsión, no obstante, no resultaba totalmente innovadora, puesto que el derecho a la desconexión digital ya había sido recogido por la Ley francesa 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, de reforma del Código de Trabajo –en la que se inspira aunque no copia– y, dentro del panorama nacional, por el Convenio colectivo del Grupo AXA Seguros, publicado el 10 de octubre de 2017, al que en el momento de la aparición de la ley ya habían seguido otros. En cualquier caso, el reconocimiento a nivel normativo de
este derecho tenía la relevancia de introducirlo en el marco jurídico general, al suponer su proyección sobre todos «los trabajadores y empleados públicos». Con todo, en el plano de las realizaciones efectivas, lo cierto es que poco añadió a su mera declaración formal.

[...]

La externalización productiva y los nuevos modelos de empresa impulsados por la digitalización de la economía favorecen la expansión de un tipo de trabajo autónomo personal, involuntario y marcado por una fuerte dependencia tanto económica como organizativa. Mientras a nivel interno se debate sobre cómo abordar la protección de esta moderna mano de obra precaria, el presente trabajo vuelve la mirada hacia el derecho de la Unión Europea, donde la amplitud del concepto de trabajador en conjunción con la eficacia horizontal de los derechos fundamentales permite ya reclamar ante los órganos judiciales internos la tutela de un abanico de derechos fundamentales extensibles a todos los empleos atípicos.

Palabras clave: trabajo autónomo; derechos fundamentales; eficacia directa horizontal; derecho social europeo.

Los progresos técnicos y científicos de «industria 4.0» están incidiendo, con intensidad, en múltiples entornos (políticos, económicos, sociales, etc.); singularmente, los de los mercados de trabajo y las relaciones laborales. En este sentido, uno de los presumibles efectos más temidos es el referido a la masiva destrucción de ocupaciones, fruto, fundamentalmente, de la paulatina sustitución de mano de obra humana por avances tecnológicos de muy variada morfología (robots, inteligencia artificial, big data…). Sobre dicho particular, uno de los antídotos más divulgados es el centrado en la formación del individuo, la cual, además, ha de ser continua (permanente) para evitar un riesgo latente de obsolescencia de sus conocimientos, competencias y capacidades. En esa travesía, el trabajador no puede ser abandonado a su suerte, sino que, por el contrario, ha de contar con la ayuda de otros actores, dos de ellos principales: los interlocutores sociales, a través de los acuerdos derivados de la negociación colectiva, y las empresas, llamadas a contribuir positivamente mediante sus políticas de responsabilidad social corporativa.

Palabras clave: industria 4.0; formación; competencias profesionales; negociación colectiva; responsabilidad social corporativa.

El desplazamiento de trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea es un fenómeno que ha retenido el interés del legislador comunitario desde larga data, pues el incremento de este tipo de movilidad y la incidencia que tiene en el funcionamiento del mercado interior hacen imprescindible su regulación. Debido a las falencias detectadas en la norma que la regula, la Comisión Europea promovió su revisión y modernización; proceso que culminó con la aprobación de la Directiva (UE) 2018/957, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
El presente estudio ofrece un panorama general de las modificaciones realizadas por la Directiva de 2018, profundizando en las modificaciones y adiciones realizadas al denominado «núcleo duro de condiciones laborales». Asimismo, analiza los posibles efectos que tendrá la incorporación de la Directiva de 2018 al ordenamiento español, considerando las reformas que ha experimentado la legislación laboral española durante la última década.

Palabras clave: desplazamiento de trabajadores; condiciones laborales; remuneración de trabajadores desplazados; alojamiento de trabajadores desplazados; complementos y reembolsos de trabajadores desplazados.

El nuevo artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores ha generalizado, para las relaciones de trabajo en España, la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada de trabajo efectivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo ha avalado esta obligación, sino que la ha reforzado vinculándola a la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas han reaccionado con fuertes críticas a esta imposición, aunque en España ya existían varias leyes que establecían obligaciones de registrar la jornada para determinadas situaciones. Estas críticas carecen de razón de ser, porque la generalización del registro diario de jornada tiene un valor dual, sirve para proteger tanto los derechos de las personas trabajadoras como los intereses económicos de los empresarios. Así lo ponen de manifiesto las sentencias judiciales que vienen pronunciándose en la materia, como los primeros convenios colectivos que están desarrollando esta obligación. Este estudio ofrece un completo análisis de todas estas novedades jurídicas.

Palabras clave: registro de jornada; salud laboral; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; inspección de trabajo.