RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La aplicación de las primeras normas autonómicas sobre rentas mínimas puso de manifiesto la necesidad de contemplar nuevas situaciones y fenómenos, puesto que el riesgo de exclusión social ya no afecta solo a las personas tradicionalmente consideradas más vulnerables, sino que se ha generalizado de forma preocupante, especialmente por la degradación de las condiciones de trabajo que ha provocado el contexto de crisis económica y de empleo. El objeto de este estudio es determinar cuál es la situación actual de las rentas mínimas en nuestro país, realizando un análisis crítico de la enorme diversidad de contenidos que recogen las disposiciones actualmente vigentes al regular los requisitos de los destinatarios de esas rentas, las diferentes líneas de actuación y su duración, así como la propia cuantía de las prestaciones económicas. En él se presta una atención especial a la exclusión como potenciales beneficiaros de los extranjeros en situación de irregularidad administrativa, examinándola desde la perspectiva de las normas españolas sobre extranjería. Ante esa diversidad, se plantea la necesidad de que se configure un sistema integrado que aborde el fenómeno de la pobreza y el riesgo de exclusión social de forma global, articulando las regulaciones y actuaciones de los distintos poderes públicos.

Palabras claves: renta mínima; inclusión social; protección social.

1. Los procesos de «transmisión de empresa» (total o parcial) suelen ser harto complejos. Por lo tanto, suscitan numerosos problemas interpretativos y aplicativos como evidencia, en un plano meramente cuantitativo, la intensa conflictividad judicial generada sobre este tópico jurídico-laboral. La suma de la complejidad con la multiplicidad de niveles judiciales implicados, muy especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hace que no solo aumente el riesgo de disparidad de criterios, que se actualiza con extremada frecuencia, sino que las soluciones se antojen oscilantes y, en todo caso, evolutivas, dinámicas. Para ilustrarlo prácticamente bastará recordar, en el marco del muy complicado tema de la «reversión de servicios públicos», hoy en el ojo del huracán, legal y político, la Sentencia del Tribunal Supremo 64/2017, de 26 de enero, recurso 2982/2015. Esta, pese a reconocer de manera expresa que en asuntos «prácticamente idénticos», con la misma empresa gestora privada y la misma institución pública titular del servicio (primero externalizado, luego revertido), con las mismas referencias judiciales de contradicción, existe contradicción, donde «dije digo, ahora digo Diego». 

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Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de julio de 2017, asunto C-416/16

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2017, rec. 2612/2016

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 22 de junio de 2017, recurso 2581/2016

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, asunto C-200/16

El Congreso de los Diputados acordó la aprobación, el pasado 19 de octubre, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La visión estratégica de la ley es el impulso de las políticas de desarrollo sostenible que avanza hacia la consideración del contrato público como una inversión más que como un gasto. La novedad que en este trabajo abordamos es lo que en ella se contiene de referencias expresas al valor social de la contratación pública, que se concreta en reforzar la posición de los trabajadores en los contratos, estableciendo obligaciones esenciales en materia de condiciones de empleo y retribución, y en la reorientación de los criterios de valoración de las ofertas utilizando componentes cualitativos de la prestación para la elección de la oferta más ventajosa. Esto supone la inclusión de aspectos sociales en la contratación pública a partir del establecimiento de cláusulas sociales y la ampliación de la posibilidad de reserva de contratos. No ha sido una ley exenta de polémica ni resulta clarificadora en algunos aspectos de los que vamos a tratar, lo que hace especialmente interesante su comentario.

Palabras claves: contratación pública; cláusulas sociales; condiciones de empleo; remuneración; reserva de contratos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ha modificado diversos aspectos relativos a la fiscalidad, la cotización, la protección social, la formación y la participación institucional del colectivo de personas que trabajan por cuenta propia. Aunque estos cambios suponen una indudable mejora respecto de la regulación precedente, otras muchas medidas que resultan tanto o más importantes para el desempeño de la actividad emprendedora han quedado silenciadas en el texto finalmente aprobado o su implementación queda supeditada al incierto resultado de trabajos parlamentarios actualmente en marcha.

Palabras claves: trabajo autónomo; emprendimiento; protección social.