Articulos General

El procedimiento de recaudaci贸n de la Seguridad Social en v铆a ejecutiva. La regularizaci贸n de la deuda

El procedimiento de recaudaci贸n de la Seguridad Social en v铆a ejecutiva. La regularizaci贸n de la deuda

El procedimiento de recaudaci贸n de la Seguridad Social es una pieza esencial para hacer efectivo el pago de las prestaciones del sistema. Y la v铆a ejecutiva, objeto del estudio de don Javier AIBAR BERNAD que se ofrece EN ABIERTO, constituye una importante herramienta para combatir el fraude y la morosidad.

Como se podr谩 comprobar, la v铆a de apremio consta de distintas fases, que se extender谩n hasta el momento en que se consiga hacer efectivo el cobro de las deudas. La Administraci贸n competente para dirigir e impulsar el procedimiento es la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, que se apoya para desarrollar su labor en varios principios, sobresaliendo de entre ellos la existencia de un procedimiento de recaudaci贸n propio para la Seguridad Social y la aplicaci贸n de la autotutela ejecutiva.

El autor analiza algunas alternativas al apremio, que persiguen objetivos de distinto alcance, bien para dar un tratamiento diferenciado al procedimiento de la recaudaci贸n cuando los deudores son Administraciones o Entes P煤blicos, para permitir la regularizaci贸n de la deuda que es reclamada en v铆a ejecutiva, y para obligar a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social a concurrir sobre el patrimonio del deudor con otras Administraciones p煤blicas o con acreedores particulares, cuando el deudor com煤n a todos ellos se encuentra en situaci贸n de insolvencia.

El TS rectifica su doctrina: El recargo de prestaciones por falta de medidas preventivas s铆 se transmite en caso de sucesi贸n de empresas (STS, 4陋, de 23 de marzo de 2015 鈥搑cud. 2057/2014鈥)

Si hasta ahora el Tribunal Supremo ven铆a avalando que, en los casos de sucesi贸n de empresas, la legislaci贸n socio-laboral obligaba a la responsabilidad solidaria de la empresa sucesora respecto de prestaciones de Seguridad Social de la que hab铆a sido declarada responsable la empresa sucedida, pero sin que esa responsabilidad se extendiese a la derivada del recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, la Sentencia de 23 de marzo de 2015 鈥搑cud. 2057/2014鈥 que se comenta por D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES en el documento adjunto cambia de criterio estableciendo que:

  • En supuestos de聽 sucesi贸n de empresas, se produce la transmisi贸n de la responsabilidad de la empresa sucedida por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, aunque ese incumplimiento se hubiese producido antes de la fecha de sucesi贸n de la empresa y concretada en la imposici贸n de un recargo de las cuant铆as de las prestaciones de Seguridad Social a que hubiese lugar.
  • La transmisi贸n de la responsabilidad no solo opera respecto de las prestaciones causadas en el momento de producirse la fusi贸n, sino tambi茅n respecto de las que est茅n pendientes de reconocer y de las que se est茅n generando, con independencia de que la fecha de su reconocimiento sea posterior a la fecha de la sucesi贸n.
    • Por 煤ltimo, la transmisi贸n de la responsabilidad del recargo opera no solo en los casos de fusi贸n por absorci贸n, sino que se extiende a los casos de fusi贸n por constituci贸n, a los casos de escisi贸n, a todos los fen贸menos de transformaci贸n y, en general, en cualquier supuesto de cesi贸n global de activos y pasivos desde la empresa sucedida a la sucesora.

Jubilaci贸n de trabajador con discapacidad: Los 贸rganos jurisdiccionales no pueden determinar si se acredita la situaci贸n de dependencia聽(STS de 18 de febrero de 2015, rcud. 983/2014)

I. S铆ntesis de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 febrero de 2015

Con fecha de 18 de febrero pasado, el Tribunal Supremo (TS) dict贸 sentencia, en el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina n潞 983/2014, sobre aplicaci贸n de los correspondientes coeficientes reductores de la edad de jubilaci贸n y del importe de la pensi贸n, a un trabajador discapacitado, al amparo de las previsiones contenidas en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilaci贸n a los trabajadores que acreditan un grado importante de minusval铆a.

Para el 贸rgano judicial de instancia, el interesado, en raz贸n de la discapacidad acreditada (un 79% por d茅ficit visual severo) requer铆a el concurso de otra persona para la realizaci贸n de las necesidades de la vida diaria, por lo que deb铆a aplicarse el coeficiente reductor de la edad de jubilaci贸n, establecido para dicha situaci贸n.

Esa actuaci贸n del 贸rgano judicial es 芦contestada禄 por el TS (que reitera criterios contenidos en la STS de 21 de febrero de 2008 鈥搑cud. 1329/2005鈥), para el que, conforme al ordenamiento jur铆dico, la determinaci贸n de la existencia de la situaci贸n de dependencia no corresponde a la instancia judicial, sino al organismo a quien normativamente se le atribuye dicha competencia, organismo que es el 煤nico habilitado para extender la respectiva acreditaci贸n de tal hecho, que act煤a como condicionante de la constataci贸n de la situaci贸n de minusval铆a (discapacidad), as铆 como de su grado y, en consecuencia, del coeficiente reductor de la edad de jubilaci贸n.

La recuperaci贸n de una parte de la extra de navidad de 2012 determina la extinci贸n de los recursos contra su supresi贸n por p茅rdida sobrevenida de objeto

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la extinci贸n, por p茅rdida sobrevenida de objeto, de una cuesti贸n de inconstitucionalidad formulada por la Audiencia Nacional contra el real decreto que suspendi贸 el abono a los funcionarios de la paga extraordinaria de diciembre del a帽o 2012. La decisi贸n ha sido adoptada despu茅s de que, el pasado mes de enero, se hiciera efectiva la recuperaci贸n de una parte de dicha paga, tal y como dispone la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. La aplicaci贸n de lo dispuesto en esta ley determinar谩 tambi茅n, y por el mismo motivo, la extinci贸n de la mayor铆a de las decenas de cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por distintos 贸rganos jurisdiccionales contra el real decreto de supresi贸n de la paga. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andr茅s Ollero.

Si las solicitudes al FOGASA no se resuelven en tres meses han de entenderse estimadas (STS de 16 marzo 2015, RCUD. 802/2014)

El Tribunal Supremo, con fecha 16 de marzo de 2015, ha dictado una sentencia, comentada a continuaci贸n por D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES, mediante la que se declara la aplicaci贸n de la t茅cnica del 芦silencio positivo禄 en las reclamaciones contra el Fondo de Garant铆a Salarial (FOGASA), cuando las聽 mismas no hayan sido resueltas dentro del plazo de tres meses, establecido en el art铆culo 28 del Real Decreto 505/1985, sobre organizaci贸n y funcionamiento del Fondo de Garant铆a Salarial.

驴Y si critico a mi empresa en la red?

Twitter, Facebook, blogs personales, la libertad de expresi贸n est谩 en todas partes y con internet y las redes sociales es infinitamente m谩s f谩cil y r谩pido conseguir que nuestras opiniones sean le铆das y compartidas por m谩s personas. Por ello, recientemente, est谩n surgiendo sentencias que deliberan sobre la libertad de expresi贸n en las relaciones laborales, a ra铆z de un despido derivado por unas manifestaciones del trabajador. Pero, 驴tiene l铆mites la libertad de expresi贸n?, 驴y si es as铆, hasta d贸nde alcanza?, 驴y si, como empresa, me perjudica?

El art铆culo 11.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea1 dispone que 鈥渢oda persona tiene derecho a la libertad de expresi贸n鈥 siendo reconocida en nuestra Constituci贸n en el art铆culo 20.1 a)2 y ello porque la libertad de expresi贸n forma parte del n煤cleo de derechos denominados fundamentales y libertades p煤blicas. Esto significa que los derechos de la palabra 鈥渁l constituir garant铆a para el real y efectivo desarrollo de la sociedad democr谩tica y de los valores que esta encarna 鈥損luralismo, tolerancia y esp铆ritu cr铆tico鈥 terminan adquiriendo una especial trascendencia para el funcionamiento mismo del entero sistema democr谩tico鈥3.

Algunas consideraciones sobre el accidente de trabajo in itinere

Como resultado de la labor jurisprudencial, y de la progresiva tendencia a la inclusi贸n en el concepto de accidente de trabajo de todos los acaecimientos sufridos por el trabajador ligados al desempe帽o de su profesi贸n, se ha ido acu帽ando en el tiempo el concepto de accidente in itinere, como modalidad singular del accidente laboral.

Con el Decreto 907/1966, de 21 de abril, por el que se aprob贸 el texto articulado de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social [art. 84.5 a)], el concepto fue acogido directamente, aunque se a帽ad铆a: 鈥渟iempre que concurran las condiciones que reglamentariamente se determinen鈥, frase que finalmente, se suprimi贸 del texto refundido de 1974. Hoy en d铆a, tal figura aparece rese帽ada en el art铆culo 115.2 a) del TRLGSS (RDLeg. 1/1994), que otorga la consideraci贸n de accidente de trabajo, de forma expresa, a los que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo.

No obstante, el art铆culo 115 de la LGSS no ha sido capaz de delimitar con precisi贸n el concepto, ni de resolver, siquiera m铆nimamente, la diversidad de cuestiones que en la pr谩ctica pueden plantearse, haciendo imprescindible en esta materia la labor de los tribunales, cuyas resoluciones act煤an como verdadero complemento de la norma.

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El TJUE y el TC est谩n de acuerdo: La forma de c谩lculo de la base reguladora de las pensiones en supuestos de tiempo parcial no es discriminatoria (STJUE de 14 de abril de 2015, Asunto C-527/13)

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha dictado, con fecha de hoy, 14 de abril de 2015, una sentencia en la que, contra lo que se esperaba, vistos los antecedentes y la posici贸n del Abogado General, declara que la regulaci贸n espa帽ola sobre la forma de 芦rellenar las lagunas de cotizaci贸n禄 que existan en el per铆odo de determinaci贸n de la base reguladora de las pensiones, cuando a las mismas precedan trabajos a tiempo parcial, no es contraria a la normativa comunitaria sobre aplicaci贸n del principio de igualdad en los reg铆menes legales de Seguridad Social, ni esa regulaci贸n entra dentro del 谩mbito de aplicaci贸n del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial.

En el comentario de D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES que se ofrece en el documento adjunto, adem谩s de hacerse un an谩lisis de su contenido, se pone de manifiesto c贸mo siguen estando vigentes las consideraciones que efectuaba el Tribunal Supremo en el planteamiento de la cuesti贸n de inconstitucionalidad que dio lugar a la STC 156/2014, en el sentido de que la aplicaci贸n de la letra b), regla tercera, apartado 1, de la disposici贸n adicional s茅ptima de la LGSS no es la m谩s acorde con los principios de contribuci贸n y proporcionalidad que, entre otros, son caracter铆sticos de la modalidad contributiva de prestaciones econ贸micas de la Seguridad Social, al tiempo que puede dar lugar a resultados contradictorios en el c谩lculo de las cuant铆as de las pensiones, en funci贸n de c贸mo est茅n distribuidos en el tiempo los per铆odos de cotizaci贸n a tiempo completo y a tiempo parcial, de modo que, a un esfuerzo de contribuci贸n semejante (e, incluso, menor) la respuesta protectora que se deriva de la legislaci贸n de Seguridad Social puede originar una mayor cuant铆a de prestaci贸n.

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