Articulos General

Nuevo sistema de liquidaci贸n directa de cuotas por la Tesorer铆a General de la Seguridad Social: La Ley 34/2014

Con la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci贸n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, publicada en el BOE de hoy y con entrada en vigor el 28 de diciembre de 2014 (con la excepci贸n que se indicar谩), se pone fin al modelo general de autoliquidaci贸n de cuotas aplicable en el sistema espa帽ol de Seguridad Social caracterizado por una liquidaci贸n o c谩lculo de las cuotas efectuado por los empresarios y dem谩s sujetos responsables del cumplimiento de la obligaci贸n de cotizar, en funci贸n de su c贸digo o c贸digos de cuenta de cotizaci贸n y dem谩s datos e informaci贸n por ellos aportados, mediante la transmisi贸n electr贸nica de tales liquidaciones o mediante la presentaci贸n de los respectivos documentos de cotizaci贸n, sin perjuicio del control que con posterioridad era llevado a cabo por parte de la Administraci贸n de la Seguridad Social.

Este modelo general, que ha coexistido con otro de liquidaci贸n simplificada utilizado para el c谩lculo de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia, integrados tanto en el RETA como en el R茅gimen Especial de los Trabajadores del Mar, as铆 como para el de otras cuotas del sistema de la Seguridad Social correspondientes a colectivos o a situaciones especiales, es sustituido, si bien gradualmente, por un nuevo sistema de liquidaci贸n de cuotas conocido como Sistema Cret@ que permitir谩, gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, mejorar la gesti贸n liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.

La implantaci贸n, como acaba de apuntarse, ser谩 progresiva, previ茅ndose que su aplicaci贸n inicial sea simult谩nea a la del actual modelo de autoliquidaci贸n de cuotas hasta la total incorporaci贸n de los sujetos responsables de su ingreso en aquel y perviviendo, asimismo, el sistema de liquidaci贸n simplificada de cuotas para los supuestos en los que se prevea legalmente (disp. trans. 煤nica y disp. final segunda).

Para la consecuci贸n de los objetivos pretendidos, la Ley, que es analizada en el documento EL NUEVO SISTEMA DE LA LIQUIDACI脫N DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: LA LIQUIDACI脫N DIRECTA POR LA ADMINISTRACI脫N, que puede consultarse 芦en abierto禄 y cuya autor铆a agradecemos a D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES, introduce modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social [arts. 18, 19, 20.6, 26, 27, 30.1 y 2, 31. 1 b), 32, 32 bis 鈥搉uevo-, 36.4, 6 y 7 鈥揳pdo. nuevo-, 66 bis, disp. adics. 46陋 y 50陋.4 鈥揺sta 煤ltima con vigencia diferida a 1 de junio de 2015], en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social [arts. 21.2, 22.1 y 3, 23.1 b) y f), 39.2 y 50.4 d)] y en el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el R茅gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que son recogidas en los cuadros comparativos que, asimismo se adjuntan y pueden consultarse en este resumen y ello sin olvidar un cambio nominal y puntual, el introducido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el cual el Cuerpo de Intervenci贸n y Contabilidad de la Administraci贸n de la Seguridad Social deja de denominarse 芦Cuerpo Superior de Intervenci贸n y Contabilidad de la Administraci贸n de la Seguridad Social禄 para pasar a ser 芦Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administraci贸n de la Seguridad Social禄.

El TJUE condena a Espa帽a en la prestaci贸n de servicios portuarios: Se acab贸 la prohibici贸n de recurrir al mercado de trabajo para contratar a los estibadores

En su sentencia de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-576/13), el Tribunal de Justicia declara que la regulaci贸n espa帽ola relativa a la gesti贸n de los trabajadores destinados a la prestaci贸n del servicio portuario de manipulaci贸n de mercanc铆as constituye una restricci贸n a la libertad de establecimiento.

Entiende, por tanto, que el Reino de Espa帽a ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art铆culo 49 del聽TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulaci贸n de mercanc铆as en los puertos espa帽oles de inter茅s general tanto la obligaci贸n de inscribirse en una Sociedad An贸nima de Gesti贸n de Estibadores Portuarios (SAGEP) y, en su caso, de participar en el capital de 茅sta, por un lado, como la obligaci贸n de contratar con car谩cter prioritario a trabajadores puestos a disposici贸n por dicha Sociedad An贸nima, y a un m铆nimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro聽lado.

Improcedencia del despido de una reponedora durante el periodo de prueba de un a帽o

Una聽 reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N潞1 de Toledo declara improcedente el despido de una trabajadora durante el periodo de prueba con un contrato realizado bajo el amparo del聽 contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores聽 (art. 4 del Real Decreto Ley 3/2012).

Inter茅s por mora: algunas notas sobre la dilaci贸n empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones

Aprovechando la reciente STS de 17 de junio de 2014 (rec. n煤m. 1315/2013) que dedica un apartado a clarificar cual es la postura actual del Tribunal respecto de este asunto, nos parece interesante hacer un breve recordatorio de esta materia聽 con la pretensi贸n tanto de fijar tradicionales t茅rminos conceptuales como nuevos entendimientos interpretativo-aplicativos, de tal forma que al final de esta exposici贸n tal vez lleguemos a la conclusi贸n de que las cosas no han cambiado tanto, como pudiera parecer, a favor del trabajador.

驴Se acab贸 en Europa el 芦turismo social禄 o se resquebrajan los principios de libre circulaci贸n, igualdad de trato y solidaridad?

Con este mismo t铆tulo se puede consultar aqu铆 el comentario de D. Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES a la Sentencia de 11 de noviembre de 2014, del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, cuyo pronunciamiento establece que los nacionales de un Estado miembro solo pueden reclamar el acceso a determinadas prestaciones sociales, de car谩cter no contributivo o asistencial establecidas en el Estado de acogida, invocando el principio de igualdad de trato respecto de los nacionales de este 煤ltimo Estado, cuando su estancia en el pa铆s cumpla los requisitos de la Directiva 2004/38.

El fallo del Tribunal tiene un fuerte impacto en un doble sentido. Por un lado, respecto de los nacionales de los Estados del Sur y Este de Europa que ejercen su derecho a la libre circulaci贸n, puesto que, aunque esta interpretaci贸n no implique una restricci贸n del derecho al ejercicio de dicha libertad b谩sica en la Uni贸n Europea, sin embargo podr谩 limitarla de hecho, en cuanto se les veda -pi茅nsese en los que salen de Espa帽a buscando un trabajo- el acceso a determinadas prestaciones que, por el contrario, s铆 se otorgan a los nacionales del Estado de acogida que se encuentren en la misma situaci贸n. Por otro, y en especial, para los Estados que disponen de unos mecanismos de protecci贸n asistencial o no contributiva elevados porque, con car谩cter general, van a quedar reservados a sus nacionales o a personas que dispongan de la residencia legal permanente y su per铆odo de permanencia supere los tres meses.

驴Qu茅 orden jurisdiccional es competente para conocer la impugnaci贸n de una sanci贸n por infracci贸n en materia de afiliaci贸n y alta? El Tribunal Supremo resuelve la cuesti贸n

El Tribunal Supremo, en su Auto de 24 de septiembre de 2014, ha establecido que la competencia para conocer en sede jurisdiccional de las pretensiones que se deduzcan contra las sanciones interpuestas por la autoridad laboral por incumplimiento de las obligaciones en Seguridad Social en materia de afiliaci贸n y/o alta en la Seguridad Social, corresponde al orden social, siempre que la infracci贸n de que se trate no lleve aparejada una liquidaci贸n de cuotas, en cuyo caso, entrar铆a a conocer el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La cuesti贸n planteada en el Auto del Tribunal Supremo referido es analizada por don Jos茅 Antonio PANIZO ROBLES en el comentario que se incluye a continuaci贸n.

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Despido disciplinario por transgresi贸n de la buena fe y abuso de confianza. Cuando es bueno predicar con el ejemplo

Asistimos at贸nitos estos d铆as al esc谩ndalo de Cajamadrid por el uso que directivos y consejeros de la entidad hicieron de las llamadas "tarjetas black". Hasta 15 millones de euros dilapidados en restaurantes de lujo, vino o discotecas, mientras miles de preferentistas ve铆an c贸mo se difuminaban sus ahorros v铆ctimas de un enga帽o. En este contexto 驴puede exigir la Caja un comportamiento 茅tico a sus empleados si sus dirigentes no predican con el ejemplo? Y m谩s en concreto, 驴podr铆a ser objeto de despido un trabajador que comete un peque帽o desliz como mentir a su jefe?

驴Qu茅 ocurre si un trabajador comete un delito?

En algunas ocasiones las empresas se han encontrado en la tesitura de tener que afrontar una causa penal dentro de una relaci贸n laboral con un empleado, por ejemplo un despido derivado de un hurto o robo, lesiones, amenazas entre empleados, por lo que consideramos interesante para las empresas saber c贸mo actuar ante este tipo de situaciones.

Primero hay que tener en cuenta que la relevancia que puedan tener unos hechos en el 谩mbito penal no implica necesariamente que deban incidir en el laboral. Esto, materializado en la pr谩ctica, significa que, si un trabajador comete un il铆cito penal no significa que el despido vaya a ser declarado procedente sin m谩s.

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