La sentencia objeto de comentario aborda y resuelve la cuestión, planteada históricamente, de si acaso por «despido colectivo» puede entenderse «cualquier extinción de la relación laboral no querida por el trabajador» ⁴¹ lo cual la hace más que estimable. Resolviendo que la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de una plantilla, como consecuencia de la muerte o fallecimiento del empleador o empresario, cuando no opera el mecanismo de la sucesión de empresa ni se impone legal o convencionalmente una subrogación empresarial no puede considerarse que constituya un despido colectivo.

Además de aquella cuestión directa y acertadamente resuelta, la sentencia que se comenta plantea, indirectamente, otra cuestión de mayor enjundia, consistente en si acaso la falta de autonomía o de institucionalización de la «empresa» al margen del «empresario», o dicho con otras palabras, la identificación entre «empresa» y «empresario», no provoca consecuencias moral y jurídicamente injustas para los trabajadores. Cuestión compleja en la que están implicadas instituciones jurídicas clave para la concepción misma del sistema de economía de mercado, el derecho de propiedad ⁴² y los derechos contractuales.