El control de los medios tecnol贸gicos por el empresario a la luz de la sentencia del TEDH de 12 de enero de 2016

EL CONTROL DE LOS MEDIOS TECNOL脫GICOS POR EL EMPRESARIO
A LA LUZ DE LA SENTENCIA DEL TEDH DE 12 DE ENERO DE 2016

Aprovechando la reciente publicaci贸n de la Sentencia de la Secci贸n Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos1 de 12 de enero de 20162 en la que, a nuestro criterio de manera previsible y predecible, se declara, por seis votos contra uno, que no ha habido violaci贸n del art铆culo 8 de la Convenci贸n para la protecci贸n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales3, acometemos el presente art铆culo con el objeto de intentar arrojar algo de luz sobre esta pol茅mica y controvertida materia, de plena actualidad en nuestros d铆as.

El supuesto de hecho que motiva el pronunciamiento judicial, y que se sit煤a en el origen de las actuaciones, es la decisi贸n del empleador de rescindir su contrato de trabajo por considerar el demandante que dicha medida supone una violaci贸n de su derecho al respeto de su vida privada y de la correspondencia, derechos que a su criterio no han obtenido la necesaria tutela en los tribunales nacionales4, por lo que con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 34 del Convenio el Sr. Bogdan Mihai B膬rbulescu, de nacionalidad rumana, interpone la correspondiente demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que se ha producido una violaci贸n de los derechos reconocidos en el Convenio para la protecci贸n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En una decisi贸n final, fechada el 17/06/2008, la Corte de Apelaci贸n de Bucarest desestim贸 el recurso del Sr. B膬rbulescu 聽y confirm贸 la Sentencia dictada por el Tribunal del Condado, por entender con amparo en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos5 que la conducta del empleador hab铆a sido razonable y que la vigilancia de las comunicaciones de la parte demandante hab铆a sido el 煤nico m茅todo para establecer si se hab铆a producido una infracci贸n disciplinaria.

La Corte de Apelaci贸n de Bucarest, afirma que el empleador tiene el derecho y la obligaci贸n de garantizar el funcionamiento de la empresa y que, a tal efecto, tiene igualmente derecho a comprobar la forma en que sus empleados realizan sus tareas profesionales, y asimismo el empresario ostenta el poder disciplinario y el derecho para monitorizar y transcribir las comunicaciones en Yahoo Messenger que el empleado neg贸 聽haber tenido para fines personales, despu茅s de haber sido, junto con sus otros compa帽eros de trabajo, advertido contra el uso de recursos de la empresa para fines personales, por lo que puede considerarse que la violaci贸n de su correspondencia (violarea secretului coresponden牛ei) era la 煤nica manera de lograr este objetivo leg铆timo y que existe el equilibrio adecuado entre la necesidad de proteger su vida privada y el derecho del empleador para supervisar el funcionamiento de su negocio.

Y en base a los argumentos que en la propia Sentencia se contienen6, el Tribunal concluye que en el supuesto que se somete a su consideraci贸n no existe ning煤n elemento que indique que las autoridades nacionales no lograron alcanzar un equilibrio justo, dentro de su margen de apreciaci贸n, entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada en virtud del art铆culo 8 y los intereses de su patr贸n, por lo que, en consecuencia, no ha habido violaci贸n del art铆culo 8 de la Convenci贸n.

Los argumentos empleados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no difieren en lo esencial de los empleados por nuestros Tribunales, como se pone en evidencia a continuaci贸n.聽聽

As铆, hemos de partir, de la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (TC) en relaci贸n a la vulneraci贸n del derecho a la intimidad personal consagrado en el art铆culo 18.1 de la Constituci贸n (CE), que establece que tal derecho se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona que el art铆culo 10.1 de la CE reconoce e implica 芦la existencia de un 谩mbito propio y reservado frente a la acci贸n y el conocimiento de los dem谩s, necesario, seg煤n las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad m铆nima de la vida humana禄7.

De este modo, el derecho a la intimidad contenido en el art铆culo 18.1 de la CE, no solo preserva al individuo de la obtenci贸n ileg铆tima de datos de su esfera 铆ntima por parte de terceros, sino tambi茅n de la revelaci贸n, divulgaci贸n o publicidad no consentida de esos datos, y del uso o explotaci贸n de los mismos sin autorizaci贸n de su titular, garantizando, por tanto, el secreto sobre la propia esfera de vida personal y, consiguientemente, veda a los terceros, particulares o poderes p煤blicos, decidir sobre los contornos de la vida privada8, siendo el mismo aplicable al 谩mbito de las relaciones laborales9.

La esfera de la intimidad personal est谩 en relaci贸n con la acotaci贸n que de la misma realice su titular, habiendo reiterado el TC que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena10 y que corresponde a cada persona acotar el 谩mbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno11. 聽

Asimismo es doctrina tambi茅n reiterada del TC en relaci贸n con la vulneraci贸n del derecho al secreto de las comunicaciones consagrado en el art铆culo 18.3 de la CE, la que establece que el derecho al secreto de las comunicaciones consagra la interdicci贸n de la interceptaci贸n o del conocimiento antijur铆dico de las comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la interceptaci贸n, en sentido estricto, consistente en la aprehensi贸n f铆sica del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o la captaci贸n del proceso de comunicaci贸n, como por el simple conocimiento antijur铆dico de lo comunicado a trav茅s de la apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electr贸nico o a trav茅s de telefon铆a m贸vil, por ejemplo12.

Igualmente, se ha destacado que el concepto de secreto de la comunicaci贸n, cuando opera, cubre no solo el contenido de la comunicaci贸n, sino tambi茅n otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores, por lo que este derecho queda afectado tanto por la entrega de los listados de llamadas telef贸nicas por las compa帽铆as telef贸nicas como tambi茅n por el acceso al registro de llamadas entrantes y salientes grabadas en un tel茅fono m贸vil13. A lo que debe a帽adirse que la protecci贸n del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicaci贸n mismo, pero finalizado el proceso en que la comunicaci贸n consiste, la protecci贸n constitucional de lo recibido se realiza en su caso a trav茅s de las normas que tutelan otros derechos14.

En relaci贸n con los datos que se contienen en ordenadores u otros soportes inform谩ticos, el TC en su Sentencia n煤m. 173/2011, de 7 de noviembre15, ya record贸 que el ordenador es un instrumento 煤til para la emisi贸n o recepci贸n de correos electr贸nicos y con car谩cter general, tambi茅n ha venido reiterando que el poder de direcci贸n del empresario, es imprescindible para la buena marcha de la organizaci贸n productiva (organizaci贸n que se refleja en otros derechos igualmente reconocidos constitucionalmente, y m谩s en concreto, en los arts. 33 y 38 de la CE). 聽

Por todos es conocido que es expresamente en el art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores (ET) en donde se contempla la posibilidad de que el empresario, entre otras facultades, adopte las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse, en todo caso, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos recuerdan los art铆culos 4.2.e) y 20.3 del ET16.

De esta forma, los equilibrios y limitaciones rec铆procos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen que tambi茅n las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquellos17.

M谩s concretamente, se ha de se帽alar que en relaci贸n con la utilizaci贸n de ordenadores u otros medios inform谩ticos de titularidad empresarial por parte de los trabajadores, puede afirmarse que la utilizaci贸n de estas herramientas est谩 generalizada en el mundo laboral, correspondiendo a cada empresario, en el ejercicio de sus facultades de autoorganizaci贸n, direcci贸n y control fijar las condiciones de uso de los medios inform谩ticos asignados a cada trabajador.

En el marco de dichas facultades de direcci贸n y control empresariales no cabe duda de que es admisible la ordenaci贸n y regulaci贸n del uso de los medios inform谩ticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, as铆 como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilizaci贸n del medio en cuesti贸n, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Las consideraciones precedentes no impiden que se proceda a dotar de una regulaci贸n al uso de las herramientas inform谩ticas en la empresa y, en particular, al uso profesional de las mismas, por medio de diferentes instrumentos como 贸rdenes, instrucciones, protocolos o c贸digos de buenas pr谩cticas, de manera que la empresa no quede privada de sus poderes directivos ni condenada a permitir cualesquiera usos de los instrumentos inform谩ticos sin capacidad alguna de control sobre la utilizaci贸n efectivamente realizada por el trabajador.

A tal fin y en pura hip贸tesis, pueden arbitrarse diferentes sistemas, siempre respetuosos con los derechos fundamentales, orientados todos ellos a que los datos profesionales o los efectos de la comunicaci贸n profesional llevada a cabo alcancen al conocimiento empresarial, sin que se d茅, en cambio, un acceso directo o cualquier otra intromisi贸n del empresario o sus mandos en la empresa, en la mensajer铆a o en los datos personales de los trabajadores, si este uso particular ha sido permitido por el empresario.

Partiendo del uso com煤n y generalizado del ordenador por los trabajadores en sus quehaceres laborales, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es esencial determinar si el acceso a los contenidos de los ordenadores u otros medios inform谩ticos de titularidad empresarial puestos por la empresa a disposici贸n de los trabajadores, y en un medio al que puede acceder cualquiera, vulnera el art铆culo 18.3 de la CE, para lo que habr谩 de estarse a las condiciones de puesta a disposici贸n, pudiendo aseverarse que la atribuci贸n de espacios individualizados o exclusivos puede tener relevancia desde el punto de vista de la actuaci贸n empresarial de control.

As铆, en los supuestos de asignaci贸n de cuentas personales de correo electr贸nico a los trabajadores, o incluso a las entidades sindicales18, el ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos fundamentales, si bien los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en funci贸n de la propia configuraci贸n de las condiciones de disposici贸n y uso de las herramientas inform谩ticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

A tales efectos, no podemos obviar que el poder de direcci贸n del empresario19 es imprescindible para la buena marcha de la organizaci贸n productiva, y como ya hemos indicado es el reflejo de los derechos proclamados en los art铆culos 33 y 38 de la CE, de modo que en su virtud se atribuye al empresario la facultad de adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida a su dignidad humana20.

Centrado pues el conflicto en el 谩mbito de las relaciones laborales, conviene empezar recordando que, seg煤n ha tenido ocasi贸n de reiterar el TC, el contrato de trabajo no puede considerarse como un t铆tulo legitimador de recortes en el ejercicio de los derechos fundamentales que incumben al trabajador como ciudadano, que no pierde su condici贸n de tal por insertarse en el 谩mbito de una organizaci贸n privada21. 聽

Partiendo de este principio, no puede desconocerse tampoco que la inserci贸n en la organizaci贸n laboral modula aquellos derechos en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva, reflejo, a su vez, de derechos que han recibido consagraci贸n en el texto de nuestra norma fundamental, esto es, los art铆culos 33 y 38 de la CE22.

En aplicaci贸n de esta necesaria adaptabilidad de los derechos del trabajador a los razonables requerimientos de la organizaci贸n productiva en que se integra, se ha afirmado que 芦manifestaciones del ejercicio de aquellos que en otro contexto ser铆an leg铆timas, no lo son cuando su ejercicio se valora en el marco de la relaci贸n laboral禄23.

En el mismo sentido, el TC tambi茅n ha se帽alado que la relaci贸n laboral, en cuanto tiene como efecto t铆pico la sumisi贸n de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales, es un marco que ha de tomarse en forzosa consideraci贸n a la hora de valorar hasta qu茅 punto ha de producirse la coordinaci贸n entre el inter茅s del trabajador y el de la empresa que pueda colisionar con 茅l24, de modo que se hace necesario que los 贸rganos judiciales preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones del trabajador dimanantes del contrato de trabajo y el 谩mbito de sus derechos y libertades constitucionales, pues, dada la posici贸n preeminente de estos en el Ordenamiento jur铆dico, en cuanto proyecciones de los n煤cleos esenciales de la dignidad de la persona y fundamentos del propio Estado democr谩tico, la modulaci贸n que el contrato de trabajo puede producir en su ejercicio ha de ser la estrictamente imprescindible para el logro de los leg铆timos intereses empresariales, y proporcional y adecuada a la consecuci贸n de tal fin25.

Sentado cuanto antecede, el TC ha establecido asimismo ciertas matizaciones en cuanto al alcance de la protecci贸n del derecho a la intimidad reconocido en el art铆culo 18.1 de la CE, de modo que, como ya ha se帽alado con reiteraci贸n, el 谩mbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad.

Y es aqu铆 donde ha de se帽alarse que la expresa prohibici贸n empresarial o convencional del uso extralaboral de tales elementos electr贸nicos y su consiguiente limitaci贸n a fines profesionales lleva necesariamente impl铆cita la facultad de la empresa de controlar y fiscalizar su utilizaci贸n, al objeto de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuaci贸n de su prestaci贸n a las exigencias de la buena fe ex art铆culos 5.a) y 20.2 y 20.3 del ET.

De modo que tal prohibici贸n absoluta neutraliza o elimina la existencia de un eventual margen de tolerancia para el uso personal de tales elementos electr贸nicos, y por consiguiente desaparece cualquier 芦expectativa razonable de intimidad o de confidencialidad禄 que pudiera albergar el trabajador en la materia.聽聽

Pero, adem谩s, hemos de tener en cuenta la existencia de l铆mites al control y fiscalizaci贸n empresarial, que no puede ser incondicionado ni absoluto. Y el primer l铆mite al control empresarial, se establece en el art铆culo 20.2 del ET, seg煤n el cual 鈥渆l trabajador y el empresario se someter谩n en sus prestaciones rec铆procas a las exigencias de la buena fe鈥

De este modo, la empresa de acuerdo con las exigencias de la buena fe debe establecer previamente las reglas de uso de esos medios 鈥揷on aplicaci贸n de prohibiciones absolutas o parciales鈥 e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la correcci贸n de los usos, as铆 como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilizaci贸n laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicaci贸n de otras medidas de car谩cter preventivo, como la exclusi贸n de determinadas conexiones.

De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podr谩 entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado 芦una expectativa razonable de intimidad禄 del trabajador26.

El segundo limite al control empresarial lo encontramos en el respeto al principio de proporcionalidad27.

De conformidad con una inveterada doctrina del TC, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

A los efectos que aqu铆 importan, basta con recordar que,聽 para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes:

  • Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).
  • Si tal medida, adem谩s, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida m谩s moderada para la consecuci贸n de tal prop贸sito con igual eficacia (juicio de necesidad).
  • Y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella m谩s beneficios o ventajas para el inter茅s general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

Habremos, pues, de estar al caso concreto para poder constatar si la medida supera los tres requisitos o condiciones conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad, ya expuesto.

Y ello, sin olvidar el 芦principio de intervenci贸n indiciaria禄, conforme el cual cabr铆a una justificaci贸n de las medidas de control o fiscalizaci贸n adoptadas por el empresario cuando se acreditaran indicios reveladores de una actuaci贸n irregular por parte del trabajador28.

Para concluir, hemos de tener en cuenta que, conforme a una reiterada doctrina del TC 芦El derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquel haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin leg铆timo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho禄29

De este modo, el derecho a la intimidad no puede convertirse en un obst谩culo para el control empresarial de los medios materiales y electr贸nicos o herramientas inform谩ticas puestos a disposici贸n del trabajador por la empresa cuando previamente se ha advertido a los trabajadores de las condiciones de uso de los mismos, en particular de la prohibici贸n de un uso privado, y de la posibilidad de su fiscalizaci贸n.

En estos supuestos, la utilizaci贸n por el trabajador de tales medios materiales y electr贸nicos o herramientas inform谩ticas contraviniendo las instrucciones empresariales y para un fin no profesional, como ya hemos visto, ya no genera una 芦expectativa razonable de intimidad o de confidencialidad禄30 susceptible de tutela en los t茅rminos que establecen las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 199731 y 3 de abril de 200732 para valorar la existencia de una lesi贸n del art铆culo 8 del Convenio europeo para la protecci贸n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En definitiva, la cuesti贸n clave 鈥揳dmitida la facultad de control del empresario y la licitud de una prohibici贸n absoluta de los usos personales鈥 consiste en determinar si existe o no un derecho del trabajador a que se respete su intimidad cuando, en contra de la prohibici贸n del empresario o con una advertencia expresa o impl铆cita de control, utiliza el ordenador para fines personales.

Y la respuesta parece clara: 芦si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habr谩 tampoco derecho para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, porque, al no existir una situaci贸n de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso personal es il铆cito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que adem谩s se abstenga de controlarlo禄33.

Concepci贸n Esther Morales V谩llez
Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social)

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1 Tambi茅n conocido como Tribunal de Estrasburgo.

2 Case of B膫RBULESCU v. ROMANIA (Application n.潞 61496/08).

3 Fue adoptado por el Consejo de Europa con fecha 4 de noviembre de 1950 y entr贸 en vigor en 1953.

4 Sentencia del Tribunal del Condado de Bucarest de fecha 07/02/2007, confirmada por la Corte de Apelaci贸n de Bucarest en una decisi贸n final de fecha 17/06/2008.

5 Diario Oficial L 281, de 23 de noviembre de 1995, p谩ginas 31 a 50.

6 Cfr. ordinales 52 a 63.

7 Cfr. SSTC 110/1984, de 26 de noviembre (rec. n煤m. 575/1983); 170/1987, de 30 de octubre (rec. n煤m. 383/1986); 231/1988, de 2 de diciembre (rec. n煤m. 1247/1986); 57/1994, de 28 de febrero 聽(rec. n煤ms 2303/1990 y 1445/1991); 143/1994, de 9 de mayo (rec. n煤m. 3192/1992); 207/1996, de 16 de diciembre (rec. n煤m. 1789/1996); 151/1997, de 29 de septiembre (rec. n煤m. 3983/1994); 202/1999, de 8 de noviembre (rec. n煤m. 4138/1996); 98/2000, de 10 de abril (rec. n煤m. 4015/1996); 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997); 196/2004, de 15 de noviembre (rec. n煤m. 1322/2000); 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011), entre otras muchas m谩s.

8 Cfr. SSTC 83/2002, de 22 de abril (rec. n煤m. 182/1998) y 70/2009, de 23 de marzo (rec. n煤m. 2826/2004). 聽聽

9 Cfr. SSTC 98/2000, de 10 de abril (rec. n煤m. 4015/1996) y 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997).聽

10 Cfr. SSTC 89/2006, de 27 de marzo (rec. n煤m. 6036/2002) y 173/2011, de 7 de noviembre (rec. n煤m. 5928/2009).聽

11 Cfr. SSTC 196/2004, de 15 de noviembre (rec. n煤m. 1322/2000); 159/2009, de 29 de junio (rec. n煤m. 9914/2006); 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

12 Cfr. SSTC 142/2012, de 2 de julio (rec. n煤m. 2908/2010) y 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007).

13 Cfr. SSTC 114/1984, de 29 de noviembre (rec. n煤m. 167/1984); 123/2002, de 20 de mayo (rec. n煤m. 5546/1999); 56/2003, de 24 de marzo (rec. n煤m. 3087/2000); y 230/2007, de 5 de noviembre (rec. n煤m. 6409/2004). Y las SSTEDH de 2 de agosto de 1984 (caso Malone contra Reino Unido, 搂 84) y de 3 de abril de 2007 (caso Copland contra Reino Unido, 搂 43).

14 Cfr. SSTC 70/2002, de 3 de abril (rec. n煤m. 3787/2001) y 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007).

15 Reca铆da en el Recurso de Amparo n煤m. 5928/2009. 聽

16 Cfr. STC 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997).

17 Cfr. SSTC 292/1993, de 18 de octubre (rec. n煤m. 2410/1990); 126/2003, de 30 de junio (rec. n煤m. 5122/1998); y 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007).

18 Cfr. STC 281/2005, de 7 de noviembre (rec. n煤m. 874/2002).

19 Cfr. art铆culo 20.3 del ET.

20 Cfr. SSTC 98/2000, de 10 de abril (rec. n煤m. 4015/1996); 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997); y 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007).

21 Cfr. SSTC 88/1985, de 19 de julio (rec. n煤m. 788/1984); 99/1994, de 11 de abril (rec. n煤m. 797/1990); 98/2000, de 10 de abril (rec. n煤m. 4015/1996); 126/2003, de 30 de junio (rec. n煤m. 5122/1998); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

22 Cfr. STC 99/1994, de 11 de abril (rec. n煤m. 797/1990).

23 Cfr. SSTC 聽99/1994, de 11 de abril (rec. n煤m. 797/1990); 126/2003, de 30 de junio (rec. n煤m. 5122/1998); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

24 Cfr. STC 99/1994, de 11 de abril (rec. n煤m. 797/1990), antes citada.

25 Cfr. SSTC 213/2002, de 11 de noviembre (rec. n煤m. 5372/2000); 20/2002, de 28 de enero (rec. n煤m.聽 4342/1998); 151/2004, de 20 de septiembre (rec. n煤m. 3660/2002);聽 y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

26 Cfr. STS de 26 de septiembre de 2007 (rcud. 966/2006).

27 Cfr. SSTC 37/1998, de 17 de febrero (rec. n煤m. 3694/1994); 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997); 14/2003, de 28 de enero (rec. n煤m. 4184/2000); 126/2003, de 30 de junio (rec. n煤m. 5122/1998), en su voto particular; 89/2006, de 27 de marzo (rec. n煤m. 6036/2002); 96/2012, de 7 de mayo (rec. n煤m. 8640/2010); 29/2013, de 11 de febrero (rec. n煤m. 10522/2009); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011), entre otras.

28 Cfr. SSTSJ de Andaluc铆a (Granada) de 4 de septiembre de 2014 (rec. n煤m. 1330/2014) y de la Comunidad Valenciana de 22 de diciembre de 2005 (rec. n煤m. 3503/2005) y de 19 de julio de 2005 (rec. n煤m. 1343/2005).

29 Cfr. SSTC 98/2000, de 10 de abril (rec. n煤m. 4015/1996); 186/2000, de 10 de julio (rec. n煤m. 2662/1997); 196/2004, de 15 de noviembre (rec. n煤m. 聽1322/2000); y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

30 Cfr. SSTC 241/2012, de 17 de diciembre (rec. n煤m. 7304/2007) y 170/2013, de 7 de octubre (rec. n煤m. 2907/2011).

31 Sentencia Halford contra Reino Unido. TEDH 1997, 37. Repertorio 1997-III, p谩gina 1016, apartado 45.

32 Sentencia Copland contra Reino Unido. TEDH 2007, 23. Apartado 41.

33 Cfr. STS de 6 de octubre de 2011 (rcud. 4053/2010).