De la «flexibilidad laboral» al «ajuste social total»: lo que el «austeritario» Real Decreto-Ley 20/2012 se llevó, de momento

El comentario del RDL 20/2012 se presenta como un estudio jurídico abierto que permita la adecuación de sus contenidos a los cambios normativos, jurisprudenciales o de otra índole que repercutan en el análisis efectuado de dicho real decreto-ley.

De acuerdo a este propósito de ofrecer al lector una versión actualizada de las cuestiones tratadas, el profesor Molina Navarrete incorpora:

  • El 22 de noviembre de 2012 un breve comentario a la modificación operada en el RDL en cuestión por la Ley 10/2012, de tasas judiciales, en vigor ese mismo día.
  • El 3 de diciembre de 2012 las nuevas medidas incluidas que, en relación con los contenidos tratados en el RDL, se contienen en el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, en vigor el día 1 de diciembre de 2012.
  • El 4 de diciembre de 2012 un análisis sobre el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha llevado a cabo el mayor ajuste de cuentas con el Estado de Bienestar español de todo el periodo democrático. Esta norma contiene 90 páginas de nuevos recortes de derechos sociales e incrementos de impuestos, todos ellos escritos de un plumazo y sin negociación, ni política ni social. La aplicación efectiva de estas medidas supone para los españoles sufrir prácticamente todas las restricciones que los países formalmente intervenidos se han visto obligados a introducir para dar satisfacción a las condiciones del llamado «plan de rescate». Pero este modelo de intervención es sinónimo, para la vida de la ciudadanía del país intervenido, no ya solo de más «desempleo» y más «pobreza» sino de auténtica «indignidad» social, a través de una interminable política de aparentes reformas que encubren recortes de derechos sociales: eliminación de una paga extraordinaria de los empleados públicos, suspensión de derechos colectivos y también de derechos de atención a situaciones de dependencia, rebajas de la protección por desempleo...

Pero no es ni la primera norma en esta dirección, ni tampoco la última aprobada. En este sentido, recientemente, pueden citarse los ejemplos del Real Decreto-ley 23/2012, por el que se prorroga el llamado «Plan Prepara» –medidas extraordinarias de protección a todos los que pierden la protección por desempleo–, o el Real Decreto-ley 25/2012, que incluye muchos más controles sobre los desempleados, a los que se obligará, como contrapartida a recibir su prestación, a retirar las cenizas tras los incendios, al margen de su cualificación. En cambio, se han aprobado normas que reconocen créditos extraordinarios para hacer frente a gastos en armamentos, con el argumento de evitar la pérdida de empleo altamente cualificado o, entre otros, el de evitar el «deterioro de la imagen de España» –Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre–. En consecuencia, una vez más, la distribución de los sacrificios es desigual entre los ciudadanos y tiende a perjudicar a los más vulnerables, con lo que crecen de una manera desmedida las desigualdades. Pero las desigualdades sociales no solo rompen la cohesión y generan un riesgo de violencia social elevado, sino que retrasan el crecimiento económico.

En este artículo el autor da cuenta de todos y cada uno de esos cambios, a modo de un mapa jurídico-social, pero también económico, de los recortes de derechos y su incidencia tanto en la regulación como en el nivel de protección que tales derechos proponían. Pero el artículo va más allá. Una vez «explicados» con detalle los cambios en materia de empleo público, de protección por desempleo, de atención a la dependencia, de las políticas relativas a ayudar a la emancipación juvenil, el autor nos propone «comprender» en profundidad qué hay tras esas medidas de sacrificio de derechos sin resultados positivos, más bien todo lo opuesto. Y ahí es donde se nos propone una tesis bastante más inquietante: todas esas normas no son sino la cobertura formal de una gran mutación constitucional, un auténtico giro copernicano en nuestra forma de Estado, de modo que frente al principio social y democrático de Derecho se estaría fraguando ante nuestros ojos lo que el autor llama un «Estado Austeritario» –una forma de Estado basada en la imposición totalitaria de medidas privativas de derechos a sus ciudadanos para sostener el nivel de ganancia del sistema financiero–, generador, al tiempo, de un Derecho Inválido constitucionalmente, Injusto socialmente e Ineficiente económicamente.

Palabras clave: crisis económica, recortes de derechos sociales, leyes de austeridad, desigualdades sociales, flexibilidad total y empleo público.

 

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 356 (noviembre 2012)

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SUMARIO

I. Introducción: Y tan solo una semana después... nuevas reformas del «mercado de trabajo» y nuevo acto de la «tragedia grecoeuropea».

II. España, nuevo protectorado económico de los «Dioses Financieros»: Noventa páginas de recortes, «escritas de un plumazo y sin negociar»

  1. El «fatalismo económico» como presupuesto de la norma-recorte: Una disposición de «sumisión a, y fe en, las directivas del gobierno de los números» –«Gobierno MoU»– .
  2. Del «gobierno de soberanía limitada» al «principio de incoherencia reguladora» del Derecho Anticrisis: ¿Excepción o nueva manera de pensar y practicar el Derecho?
  3. De la «masificación del Derecho» a la «cosificación de las personas»: La multiplicación de normas peyorativas de los colectivos más vulnerables.
  4. La confusión entre la «moral monetaria» y el derecho, entre lo público y lo privado.
  5. El paradigma de la «flexi-seguridad» «made in Spain»: De la flexibilidad total o «flexi-inseguridad».

III. «Dicho y hecho, pero ampliado»: El «mapa general de los recortes» del Real Decreto-ley 20/2012 y su larga e inacabada –e incabable– serie.

IV. La normalización de un derecho de excepción del empleo público: Los «sacrificios de derechos», «dietas milagro» para la Administración.

  1. La devaluación interna del empleo público como «camino de perfección» para la mejora de la productividad.
  2. Una medida de auténtica y urgida racionalización: ¿El nuevo régimen legal de incompatibilidades supondrá el fin de las «regalías» de los altos cargos?
  3. Adiós a la paga navideña 2012 del empleado público: ¿Expropiación o suspensión de un derecho retributivo individual?
  4. El vaciamiento de los derechos colectivos: La derogación de la fuerza vinculante de los acuerdos y la reducción a mínimos de la acción sindical.
  5. A menos salario mayor tiempo de trabajo: El incremento del tiempo productivo mediante la reducción de los permisos.
  6. Otra medida restrictiva de la «seguridad económica» encubierta como exigencia de racionalización de la protección social: La rebaja de la retribución durante la incapacidad temporal.
  7. Más vías de eliminación de empleados públicos: ¿Promueve o no la jubilación obligatoria a la edad de 65 años?
  8. «Primero elimina empleados públicos y luego pregunta si son necesarios»: Recortar no es reformar.

V. Las reformas en materia de Seguridad Social: El incremento de los ingresos y la reducción de los gastos.

  1. Los ajustes del lado de los ingresos: La intensificación del ánimo recaudatorio de la Seguridad Social y sus contradicciones.
  2. Ajustes del lado de los gastos: La nueva reducción de su nivel de cobertura y sus contradicciones.
  3. La reducción de la cobertura pública en situaciones de insolvencia empresarial: Nuevos recortes de la protección del Fondo de Garantía Salarial.
  4. El Gobierno se cubre del riesgo de dilatación de los procesos por despido: La reducción de los salarios de tramitación a reintegrar.
  5. La corresponsabilidad del padre en el trabajo de cuidar puede esperar «ad calendas graecas»: Nueva prórroga del incremento del permiso de paternidad.
  6. ¿Y mañana a qué le toca el recorte social?: A por el «botín» de las pensiones.

VI. «Sin pasta no hay derechos» para los más vulnerables: Reducción y privatización de la deuda en materia de atención a la dependencia.

  1. La necesidad de afrontar el reequilibrio del Sistema: ¿«Racionalización» o «lenta agonía por inanición» del Sistema de Protección frente a la Dependencia?
  2. El vaciamiento de la función social del Sistema: La minimización del derecho social como factor (errático) de sostenibilidad.
  3. «Adiós al pago de una deuda social histórica con las mujeres»: La dialéctica cuidado profesional versus familiar (informal) y el nuevo abandono a su suerte de este.

VII. La frustrante vuelta a casa de los jóvenes: El vaciamiento del derecho social a la renta de emancipación.

VIII. Hacia un país campeón de las desigualdades: Los altos costes de las fracturas sociales el riesgo de la fractura social.

IX. «Se acerca el gélido viento de invierno»: De las «leyes de la austeridad total» al «derecho social justo».

  1. «Casus belli»: «Rapto de la Democracia por la política de austeridad» y «juego de tronos» entre «acreedores» y «deudores».
  2. De la indignación a escena a la lucha cívica por un derecho justo y eficiente: El sentido del límite para la reforma de «sufrimiento, hielo y fuego».
  3. «La tragedia griega de Europa a escena»: El primado de la Justicia sobre las Leyes de Austeridad por irracionales, no solo por inicuas.
  4. La «locura de los Dioses Financieros»: La irracionalidad del modelo económico que subyace a la política de austeridad como tiranía.