Jurisprudencia

El Tribunal Supremo condena al ayuntamiento de Calpe (Alicante) a readmitir a 14 trabajadores al declarar nulos sus despidos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulos los despidos de 14 trabajadores del ayuntamiento de Calpe y ordena la inmediata readmisi贸n de los mismos en las condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir.

El Tribunal Supremo confirma la ejecuci贸n de la sentencia sobre el despido colectivo de Coca Cola

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado los recursos de casaci贸n respecto de los autos de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional relativos a la ejecuci贸n de la Sentencia dictada en su momento sobre el despido colectivo de Coca Cola.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 1 al 15 de enero de 2017)

El art铆culo 45 del聽TFUE y el art铆culo 7.2 del Reglamento (UE) n.潞聽492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, deben interpretarse en el sentido de que debe entenderse por hijo de un trabajador transfronterizo, que puede beneficiarse indirectamente de las ventajas sociales a las que se refiere el art铆culo 7.2 mencionado, como es la financiaci贸n de los estudios acordada por un Estado miembro a los hijos de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido su actividad en dicho Estado, no solo el hijo que tenga un v铆nculo de filiaci贸n con este trabajador, sino tambi茅n el hijo del c贸nyuge o de la pareja registrada de dicho trabajador, cuando este provee a la manutenci贸n del mismo. Esta 煤ltima exigencia resulta de una situaci贸n de hecho, cuya apreciaci贸n incumbe a la Administraci贸n y, en su caso, a los 贸rganos jurisdiccionales nacionales, sin que sea necesario que determinen los motivos de esta manutenci贸n, ni que calculen de forma precisa su cuant铆a. (STJUE de 15 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-401/15 a C-403/15)

El legislador tiene potestad exclusiva para configurar el sistema de infracciones y sanciones atendiendo a los bienes jur铆dicamente protegidos, de suerte que la proporci贸n entre las conductas que se pretenden evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo es puramente un juicio de oportunidad, que corresponde realizar al legislador, estando el juicio de constitucionalidad limitado a verificar que la norma penal no produzca un patente derroche in煤til de coacci贸n que convierta la norma en arbitraria y que socave los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho. A partir de ah铆, corresponde primordialmente a los tribunales ordinarios determinar si se ha respetado la garant铆a del art铆culo 25.1 de la CE en el plano aplicativo. Para que el Tribunal Constitucional pudiera declarar que el art铆culo 47.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, al establecer la sanci贸n de extinci贸n del subsidio por desempleo cuando se incurra en la infracci贸n prevista en el art铆culo 25.3 del referido real decreto legislativo, ha vulnerado el art铆culo 25.1 de la CE en relaci贸n con el art铆culo 14 de la CE, por ser desproporcionado, ser铆a preciso que el precepto cuestionado incurriese en un patente derroche in煤til de coacci贸n, convirtiendo la sanci贸n de extinci贸n del subsidio por desempleo, ante la infracci贸n consistente en la no comunicaci贸n tempor谩nea a la autoridad competente de la percepci贸n de rentas incompatibles, en arbitraria. Sin embargo, tal norma tiene por objeto una finalidad constitucionalmente leg铆tima, como es la de combatir las percepciones fraudulentas y, consecuentemente, afianzar la sostenibilidad del sistema. En todo caso, desde el punto de vista de la proporcionalidad de la sanci贸n, el legislador no est谩 obligado constitucionalmente a graduar la sanci贸n en funci贸n de si el beneficiario ha incurrido en el referido il铆cito con intenci贸n fraudulenta o por simple negligencia, ni a tomar en consideraci贸n la cuant铆a de la cantidad ocultada. La determinaci贸n de si tales extremos han de ser o no tomados en consideraci贸n a efectos de definir la reacci贸n sancionadora que corresponde a la infracci贸n cometida es una cuesti贸n que 煤nicamente corresponde valorar al legislador, que es quien, en el ejercicio del amplio margen de libertad que la Constituci贸n le reconoce, debe tipificar las infracciones y sanciones. El Tribunal Constitucional inadmite la cuesti贸n de inconstitucionalidad. (ATC de 15 de noviembre de 2016, n煤m. 187/2016)

La actuaci贸n de la empresa es ajustada a derecho, aun cuando contravenga la pr谩ctica seguida hasta ese momento, pues no puede calificarse de gravoso el hecho de que si el trabajador quiere una copia de su n贸mina en soporte papel tenga que dar la orden de imprimir y esperar breves segundos a que la impresi贸n se efect煤e. Se cumple con ello tanto la eventual finalidad probatoria como la de comprobaci贸n de la liquidaci贸n efectuada y los descuentos practicados. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3690/2014)

De la transmisi贸n de empresas se deriva una responsabilidad solidaria con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmisi贸n respecto de un trabajador no cedido, ello sin perjuicio de que la empresa sucesora pueda reclamarlas del verdadero deudor, constituyendo tal previsi贸n de solidaridad una garant铆a de seguridad jur铆dica tanto a favor de los trabajadores frente a posibles transmisiones fraudulentas llevadas a cabo en su perjuicio y en ocasiones sin su consentimiento, como a favor de los empresarios responsables, si se tiene en cuenta que esta responsabilidad adem谩s de solidaria no es ilimitada en el tiempo, sino que solo se mantiene viva durante tres a帽os a contar desde la transmisi贸n. Entre tales obligaciones laborales est谩n incluidas todas las derivadas de la eventual declaraci贸n de improcedencia o nulidad de un despido anterior a la sucesi贸n y que no hubieren sido satisfechas. (STS, Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 825/2015)

Esa revelaci贸n, por ser un diagn贸stico m茅dico, fuera o no acertado, en ning煤n caso puede considerarse una manifestaci贸n atentatoria al honor, sino m谩s bien al derecho a la privacidad o intimidad de la persona, lo que constituye un concepto y bien jur铆dico distinto y no extrapolable. No obstante, cuando lo que se emite es un informe de complacencia, este no est谩 dotado de la especial protecci贸n que resulta de un peritaje, m谩xime si se utiliza en situaci贸n de crisis matrimonial en contra del sujeto que, se dice, padece un trastorno celot铆pico, uno de los rasgos del maltratador en los litigios relativos a la violencia de g茅nero. Desde este punto de vista, el grado de afectaci贸n del derecho al honor es indudable. Se reconoce una indemnizaci贸n por da帽os morales por importe de 6.000 euros. (STS, Sala de lo Civil, de 30 de septiembre de 2016, rec. n煤m. 2254/2014)

No se trata de dos indemnizaciones separadas e independientes, una de 8 d铆as por a帽o de servicio con cargo al Fondo y otra de 12 d铆as por la empresa, cada una con el l铆mite de una anualidad, sino de una indemnizaci贸n 煤nica de 20 d铆as por a帽o de servicio con el l铆mite m谩ximo de 12 mensualidades, de la que excepcionalmente se libra al empresario del pago de un 40 % que pasa a correr a cargo del Fogasa, con la particularidad de que en el c谩lculo de dicha pensi贸n 煤nica han de respetarse los l铆mites del art铆culo 33.2 del ET. Dicho art铆culo, por tanto, representa el l铆mite de la responsabilidad total del Fondo, por lo que la responsabilidad subsidiaria del 60 % debe determinarse de acuerdo con la forma y topes all铆 recogidos, descontando del referido tope m谩ximo lo ya percibido del 40 % directamente. (STS, Sala de lo Social, de 23 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3842/2014)

Denuncia y promoci贸n de la nueva negociaci贸n del convenio colectivo son actos distintos. Quien promueve simult谩neamente ambos actos debe contar con legitimaci贸n plena, pero la mera denuncia del convenio puede activarse por cualquiera de los sujetos con legitimaci贸n inicial, aunque la representatividad ostentada en la unidad de negociaci贸n pudiera desembocar en una posici贸n minoritaria dentro de la comisi贸n negociadora. Impedir a un sindicato legitimado para negociar que active la denuncia casa mal con el reconocimiento representativo que se le atribuye y con la defensa de los intereses de sus representados. La activaci贸n de la denuncia, desde esa perspectiva, constituye una manifestaci贸n de la actividad sindical que solo debe restringirse si existe una justificaci贸n seria para ello. Sala General. (STS, Sala de lo Social, de 2 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 14/2016)

La funci贸n de garant铆a que ostenta la Mutua frente a la Administraci贸n de la Seguridad Social no se extiende a un supuesto en que la prestaci贸n ha sido abonada
鈥揷orrectamente鈥 por el empresario incumplidor de sus obligaciones, pero que indebidamente ha realizado ese abono como pago delegado y lo ha descontado de las correspondientes cotizaciones, ya que la Mutua no ha realizado ning煤n pago al trabajador para cubrir la desprotecci贸n causada por el incumplimiento del empresario. Ese descuento constituye una infracci贸n por parte del empresario responsable de las normas sobre recaudaci贸n en periodo voluntario, al proceder a compensar un pago, que, aunque real, no hab铆a hecho en nombre de la Mutua ni por delegaci贸n de esta, sino cubriendo una responsabilidad propia. Esa infracci贸n no puede dar lugar a una acci贸n atendible de garant铆a por parte de la Mutua frente a la Administraci贸n de la Seguridad Social, cabiendo 煤nicamente el recurso a la v铆a ejecutiva para recuperar lo indebidamente descontado. La responsabilidad del Fondo de Garant铆a de Accidentes no se extiende a cubrir los perjuicios que la entidad colaboradora pueda sufrir por el funcionamiento irregular de la repercusi贸n del pago delegado en la recaudaci贸n en periodo voluntario. (STS, Sala de lo Social, de 29 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1235/2015)

Partiendo de que las tareas efectivamente realizadas por el beneficiario en el periodo discutido corresponden a una categor铆a profesional concreta y a unas tablas salariales fijadas en los sucesivos convenios colectivos de naturaleza normativa, con relaci贸n a las cuales la empresa estaba legalmente obligada a cotizar, no cabe negar al trabajador el que sus bases de cotizaci贸n de dicho per铆odo, a efectos de la determinaci贸n de la base reguladora de la prestaci贸n contributiva de jubilaci贸n, no se correspondan con las m铆nimas legalmente exigibles, restableci茅ndose as铆 el equilibrio entre el trabajo realizado, la contraprestaci贸n econ贸mica recibida, las cotizaciones efectuadas y las bases de cotizaci贸n computables. (STS, Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 2018/2015)

Como el acceso y reconocimiento del complemento por m铆nimos requiere unos determinados y propios requisitos, que condicionan su concesi贸n y permanencia por la concurrencia de ciertas circunstancias, con problemas espec铆ficos (absorci贸n, incompatibilidad, fecha de efectos del reconocimiento y p茅rdida del derecho) que aproximan su r茅gimen jur铆dico al de otras prestaciones, es necesario concluir que tales prestaciones aunque complementarias tienen propia autonom铆a, por lo que a las mismas resulta aplicable lo dispuesto en el art铆culo 191.3 c) de la LRJS, en cuanto admite la posibilidad de recurrir en suplicaci贸n las sentencias de instancia reca铆das en procesos que versen sobre el reconocimiento o denegaci贸n del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social. (STS, Sala de lo Social, de 22 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 2561/2015)

Ni el art铆culo 40 del convenio ni el 46 del ET regulan un posible derecho del trabajador a obtener una pr贸rroga sino el derecho a solicitar el reingreso. En este caso, cuando quedaban catorce d铆as para la finalizaci贸n, no quince como indica el convenio, se limit贸 la trabajadora a solicitar su pr贸rroga, no habiendo pedido en ning煤n momento el reingreso, por lo que perdi贸 el derecho. Esto es as铆 porque el derecho a la pr贸rroga depende de su discrecional reconocimiento por la empresa, y en el presente caso, la denegaci贸n est谩 justificada por no haber solicitado el reingreso con la antelaci贸n que fija el convenio aplicable, el cual sanciona el incumplimiento del citado plazo con la p茅rdida del derecho a la reincorporaci贸n. Esta circunstancia no var铆a por el hecho de que con ocasi贸n de la primera, segunda y tercera pr贸rrogas presentara su solicitud sin una antelaci贸n de quince d铆as, pues de tal discrecional concesi贸n no se puede concluir que la pr贸rroga pudiera presentarse sin solicitar el reingreso y despu茅s de haber vencido el plazo para solicitar esto 煤ltimo, a modo de condici贸n m谩s beneficiosa. (STSJ de Murcia, Sala de lo Social, de 17 de junio de 2016, rec. n煤m. 1214/2015)

No debe acudirse a la noci贸n de hecho causante sino a la de riesgo asegurado, al resultar imposible determinar el momento en el que se contrae la enfermedad de la silicosis tras una exposici贸n al s铆lice durante m谩s de 20 a帽os, dificultad que, precisamente, fue la que llev贸 en su d铆a al aseguramiento a trav茅s de un mecanismo de reparto. Habiendo distribuido la juzgadora la responsabilidad entre las aseguradoras de la contingencia, de forma proporcional al tiempo de riesgo pulv铆geno a que estuvo sometido el trabajador, procede la desestimaci贸n del recurso interpuesto por el INSS y la TGSS, con confirmaci贸n de la sentencia de instancia. (STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 29 de junio de 2016, rec. n煤m. 4825/2015)

No existe principio alguno en el sistema espa帽ol de Seguridad Social (tal vez por ello el recurso adolece de cita normativa alguna en tal sentido) que impida computar el mismo per铆odo de cotizaci贸n para distintas prestaciones. El per铆odo de cotizaci贸n de 180 d铆as necesario para el reconocimiento de derecho al subsidio por incapacidad temporal tiene que computarse dentro de los cinco a帽os anteriores al hecho causante de la prestaci贸n, sin ninguna otra limitaci贸n. No quedan, por tanto, consumidas las anteriores cotizaciones por ser necesarias para alcanzar la situaci贸n de jubilaci贸n activa. (STSJ de Arag贸n, Sala de lo Social, de 3 de junio de 2016, rec. n煤m. 386/2016)

Esta potestad judicial ha sido entendida doctrinal y jurisprudencialmente como una forma de evitar las consecuencias econ贸micas que, para las empresas concursadas, pueden comportar esas cl谩usulas de elevada cuant铆a. Esta finalidad, si realmente quiere cumplirse, no puede distinguir a estos efectos entre blindajes de alto directivos y blindajes de trabajadores con contrato ordinario, pues no es la naturaleza de la relaci贸n la determinante de la situaci贸n que quiere solventar la facultad de moderaci贸n indemnizatoria, sino la cuant铆a del blindaje, cuant铆a que puede desequilibrar injustamente la situaci贸n de los acreedores de la empresa en concurso. (STSJ de Navarra, Sala de lo Social, de 22 de abril de 2016, rec. n煤m. 112/2016)

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El TSJ de Andaluc铆a deniega el permiso de residencia a un hombre condenado por violencia sobre la mujer

La Sala de lo Contencioso-adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a, con sede en Granada, ha denegado el permiso de residencia a un hombre que ten铆a antecedentes penales por violencia sobre la mujer. La sentencia reconoce que la mayor铆a de la doctrina jurisprudencial defiende que la existencia de antecedentes penales no determina, autom谩ticamente, la denegaci贸n de la autorizaci贸n de residente de larga duraci贸n. 鈥淟o relevante es que se trate de antecedentes penales por delitos graves -por afectar a un inter茅s fundamental de la sociedad- o por delitos que pueden causar un riesgo o peligro en la paz social y tranquilidad p煤blica鈥.

El Tribunal Supremo considera despido improcedente el cese de una trabajadora extranjera por p茅rdida del permiso de trabajo

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha destacado en una sentencia que los contratos a extranjeros no pueden incluir la p茅rdida sobrevenida del permiso de trabajo como causa v谩lida de extinci贸n, y por tanto no indemnizable. Indica el tribunal que 鈥渞esultar铆a cl谩usula abusiva aqu茅lla que se apoyara en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador鈥.

El Supremo rechaza el recurso de una empresa de limpieza contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la raz贸n a una empleada, nacional de un pa铆s de fuera de la UE, a quien, tras 8 a帽os trabajando, la compa帽铆a le comunic贸 el cese en noviembre de 2013 bas谩ndose en la p茅rdida de su permiso de residencia y trabajo. El alto tribunal madrile帽o consider贸 su despido improcedente, condenando a la empresa a pagarle una indemnizaci贸n de 16.363 euros.

驴La prestaci贸n por maternidad que abona la Seguridad Social est谩 exenta de tributar por el IRPF?

Una de las cuestiones m谩s interesantes sobre la que se han pronunciado los tribunales superiores de justicia de nuestro pa铆s en los 煤ltimos meses ha sido la que tiene que ver con la tributaci贸n en el IRPF de la prestaci贸n de maternidad, cuesti贸n que ha generado un gran revuelo medi谩tico y donde han participado agentes de todo tipo: tribunales, prensa, despachos especializados y la propia Administraci贸n tributaria. 聽

El TSJ de Madrid, y no en las 煤ltimas semanas sino hace ya un tiempo, dict贸 una sentencia con fecha 3 de febrero de 2010 que oblig贸 a la Administraci贸n tributaria a emitir un comunicado en el que hac铆a p煤blico que no estaba devolviendo cantidad alguna por ese concepto.

Desde aquel momento, la Direcci贸n General de Tributos ha emitido consultas en ese mismo sentido. Sin embargo, dos pronunciamientos judiciales recientes reavivan el debate: las SSTSJ de Madrid y de Andaluc铆a/Sevilla donde se discrepa sobre la exenci贸n de la prestaci贸n. Para m谩s informaci贸n consulte en la p谩gina http://www.fiscal-impuestos.com/ el comentario titulado 芦La tributaci贸n de la prestaci贸n por maternidad: un debate jur铆dico a las puertas del Supremo禄.

Recibo de salarios: soporte papel vs soporte digital (A prop贸sito de la STS de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3690/2014)

El Tribunal Supremo en sentencia de 1 de diciembre de 2016 (rec. n煤m. 3690/2014), entiende que la entrega al trabajador del recibo individual justificativo del pago del salario debe hacerse en el modelo correspondiente, pero no se establece en qu茅 soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario decidir el cambio de formato (de papel a digital) unilateralmente aun cuando contravenga la pr谩ctica seguida hasta el momento en la empresa.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 16 al 31 de diciembre de 2016)

La Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximaci贸n de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional en virtud de la cual, a falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre un proyecto de despido colectivo, un empresario 煤nicamente podr谩 efectuar dicho despido si la autoridad p煤blica nacional competente a la que debe notificarse el proyecto no adopta, dentro del plazo previsto por dicha normativa y despu茅s de examinar el expediente y valorar las condiciones del mercado de trabajo, la situaci贸n de la empresa y el inter茅s de la econom铆a nacional, una resoluci贸n motivada por la que se deniegue la autorizaci贸n para realizar la totalidad o una parte de los despidos programados. Sin embargo, no sucede lo mismo si resulta que, atendiendo a los tres criterios de evaluaci贸n indicados en la mencionada normativa y al modo concreto en que los aplica esa autoridad p煤blica bajo el control de los tribunales competentes, tal normativa tiene como consecuencia privar de efecto 煤til a lo dispuesto en dicha directiva. (STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-201/15)

Tanto si han sido designados entre los representantes de los trabajadores de acuerdo a la f贸rmula del art铆culo 35.2 de la LPRL, como si se ha utilizado el mecanismo previsto en el convenio colectivo al amparo del art铆culo 35.4 de la LRPL, todos los delegados de prevenci贸n tienen la condici贸n de representantes de los trabajadores con funciones espec铆ficas en materia de prevenci贸n de riesgos, por lo que en aplicaci贸n del art铆culo 37.1 de la LPRL gozan, sin distinci贸n, de la garant铆a de cr茅dito horario del art铆culo 68 e) del ET. Si el art铆culo 30.4 de la LPRL hace extensivas ciertas garant铆as del art铆culo 68 del ET a los trabajadores designados por el empresario que no son representantes legales, con m谩s raz贸n deben reconocerse a los delegados de prevenci贸n que no re煤nen esa condici贸n, en tanto no son nombrados por el empresario sino por los propios trabajadores a trav茅s de sus representantes y asumen, en consecuencia, un mayor riesgo de sufrir prejuicios derivados del desempe帽o de esa actividad en defensa de intereses colectivos. En cualquier caso, no se puede perjudicar a quien ha sido nombrado en virtud de lo establecido en convenio colectivo con la privaci贸n de las horas suplementarias que supone el cr茅dito horario, ya que ser铆a tanto como obligarle en la pr谩ctica a desempe帽ar las funciones preventivas, al menos en parte, con car谩cter altruista fuera de su horario de trabajo, realizando un esfuerzo personal y econ贸micamente muy gravoso. Aunque en el supuesto de los delegados de prevenci贸n que no son representantes legales, el derecho a la aplicaci贸n de las garant铆as del art铆culo 68 del ET no tiene su origen en la LOLS, sino en la LPRL, esto no es 贸bice para que puedan reclamarlo en el ejercicio de una acci贸n individual de tutela de derechos fundamentales como la ejercitada en el presente supuesto, ya que la salvaguarda de la salud e integridad f铆sica de los trabajadores constituye sin duda uno de los aspectos m谩s importantes que pueden formar parte de la acci贸n sindical. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3757/2014)

La utilizaci贸n del art铆culo 49.1 b) del ET (causas consignadas v谩lidamente en el contrato) para poner fin a la relaci贸n laboral no resulta ajustada a derecho. Tampoco resulta admisible en el caso de que las partes hubieran previsto como causa v谩lida de extinci贸n el acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial de la parte trabajadora. Teniendo en cuenta que son abusivas las cl谩usulas que se apoyan en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador, el supuesto analizado tiene mejor encaje en el art铆culo 49.1 l) del ET, guardando, en suma, visos de completa similitud con las causas que se prev茅n para el despido por causas objetivas (art. 52 ET). Procede, por tanto, la declaraci贸n de improcedencia del despido, ya que no se puede dejar sin protecci贸n a los trabajadores que han venido prestando servicios efectivamente y que ven extinguido su contrato por una causa legal. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1341/2015)

La unidad esencial del v铆nculo no se rompe por dos interrupciones que suman cuatro meses en una prestaci贸n de servicios que dura 6 a帽os, ya que cuando media la concurrencia de fraude debe seguirse un criterio m谩s relajado 鈥揷on mayor amplitud temporal鈥 en la valoraci贸n del plazo que deba entenderse significativo como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posici贸n contraria facilitar铆a el 茅xito de la conducta defraudadora. (STS, Sala de lo Social, de 8 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 310/2015)

Cuando no existe acto u omisi贸n imputable a la empresa que haya incidido en el accidente, habiendo recibido el trabajador con car谩cter previo formaci贸n suficiente en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, disponiendo de los medios adecuados (equipos de trabajo y medios de protecci贸n) que no utiliz贸, no cabe establecer la relaci贸n causa efecto entre la omisi贸n por la empleadora de las medidas de seguridad y el resultado da帽oso, y ello aunque el accidente se produjera en presencia del jefe de equipo que actuaba a petici贸n del encargado, quien se hab铆a ausentado. (STS, Sala de lo Social, de 18 de octubre de 2016, rec. n煤m. 1233/2015)

La actual regulaci贸n legal (LGSS) y la reglamentaria (RD 295/2009) omiten la contemplaci贸n de estos supuestos pero no es tan cerrada como para impedir su interpretaci贸n en el sentido m谩s favorable a los objetivos constitucionales de protecci贸n al menor, con independencia de su filiaci贸n, y de conciliaci贸n de vida familiar y laboral. Existiendo una verdadera integraci贸n del menor en el n煤cleo familiar del padre subrogado, las prestaciones asociadas a la maternidad han de satisfacerse, salvo supuestos de fraude, previo cumplimiento de los requisitos generales de acceso a las mismas. Cuando el solicitante de las prestaciones por maternidad, asociadas a una gestaci贸n por subrogaci贸n, es el padre biol贸gico y registral de las menores, existen poderosas razones adicionales para conceder aquellas. La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que las normas civiles espa帽olas que declaran nulo el contrato de maternidad por subrogaci贸n impiden que pueda inscribirse como hijos de quienes han recurrido a esa t茅cnica a los habidos en un tercer Estado, aunque exista resoluci贸n judicial (o equivalente) que as铆 lo manifieste. Pero advierte que si los menores poseen relaciones familiares de facto debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo y la protecci贸n de esos v铆nculos. Sala General. Votos particulares. (STS, Sala de lo Social, de 25 de octubre de 2016, rec. n煤m. 3818/2015)

La nulidad de pleno derecho del contrato de gestaci贸n por sustituci贸n establecido en el art铆culo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, no supone que al menor que nace en esas circunstancias se le prive de determinados derechos. A la luz del art铆culo 8 del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el inter茅s superior del menor ha de guiar cualquier decisi贸n que le afecte, por lo que no otorgar la prestaci贸n por maternidad implicar铆a una discriminaci贸n en el trato dispensado por raz贸n de su filiaci贸n, contraviniendo lo establecido en los art铆culos 14 y 39.2 de la Constituci贸n, que dispone que los poderes p煤blicos aseguran la protecci贸n integral de los hijos. Est谩 fuera de toda duda que el reconocimiento del derecho al descanso y prestaci贸n por maternidad entra帽a un adecuado cumplimiento del mandato constitucional de protecci贸n a la familia y a la infancia. En el supuesto de maternidad por subrogaci贸n se producen tambi茅n las especiales relaciones entre la madre y el hijo, durante el periodo posterior al nacimiento del menor, por lo que han de ser debidamente protegidas, en la misma forma que lo son los supuestos contemplados en el art铆culo 133 bis de la LGSS. Sala General. Votos particulares. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3146/2014)

Para ver si se superan los 3.000 euros que dan acceso a la suplicaci贸n se atiende a la diferencia entre la pensi贸n reconocida y la reclamada, incluido el complemento por gran invalidez, ya que solo se excluye el c贸mputo de las mejoras y otras actualizaciones de la pensi贸n, pero no el de conceptos que forman parte sustancial de la misma. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 1351/2015)

Las cantidades a tener en cuenta y que deben servir de base a la cobertura de garant铆a del FOGASA deben ser las relativas a la retribuciones brutas y no netas. La determinaci贸n del salario nada tiene que ver con qu茅 parte del mismo deba quedar afecta al cumplimiento de las obligaciones de cotizaci贸n y tributarias que inciden sobre la retribuci贸n, cuya 煤nica titularidad, una vez devengada, corresponde al trabajador. Ello es especialmente claro en el caso de las obligaciones tributarias, en cuanto que lo detra铆do a cuenta puede luego ser reembolsado en todo o en parte. (STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, de 13 de mayo de 2016, rec. n煤m. 1133/2015)

Aunque el legislador nacional distingue entre la extinci贸n del contrato por cumplimiento del t茅rmino y por resoluci贸n causal, de suerte que la extinci贸n por causas objetivas del contrato indefinido no ser铆a equiparable a la extinci贸n por la llegada de un t茅rmino, ya que, en el primer caso, nos hallar铆amos ante un caso de ineficacia contractual sobrevenida, mientras que en el segundo, nos estamos refiriendo a la ineficacia contractual derivada del cumplimiento del contrato, esto es, a la llegada del plazo inicialmente pactado por las partes, sin embargo no es este el parecer del TJUE, que considera que el Acuerdo Marco se opone a una normativa nacional que deniega cualquier indemnizaci贸n por finalizaci贸n de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesi贸n de tal indemnizaci贸n, en particular, a los trabajadores fijos comparables. Por tanto, la asimilaci贸n resultante de la jurisprudencia del TJUE entre la extinci贸n del contrato por causas objetivas del art铆culo 52 del ET y el cumplimiento de la condici贸n de interinidad conlleva la equiparaci贸n de la indemnizaci贸n, debiendo, en consecuencia, ser indemnizada la trabajadora a la expiraci贸n de su contrato a raz贸n de 20 d铆as de salario por a帽o de servicio. Pronunciamiento ajustado a la doctrina sentada en la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C-596/14 鈥揇e Diego Porras鈥). (STSJ de Asturias, Sala de lo Social, de 2 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1904/2016)

La soluci贸n al caso consiste en aplicar la misma jurisprudencia consolidada en el Orden Social respecto de la utilizaci贸n abusiva de contrataciones temporales de empleados p煤blicos, esto es, anular la extinci贸n y considerar la relaci贸n como indefinida no fija, por lo tanto, prolongada la misma en el tiempo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortizaci贸n, previo el an谩lisis de su consideraci贸n, o no, como plaza estructural. Indemnizaci贸n. En el supuesto de resultar necesario su cese, justificado este, percibir谩 el interesado la indemnizaci贸n se帽alada por el TJUE de mantenerse las circunstancias legales actuales. (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 735/2013)

No existiendo previsi贸n convencional de ultraactividad, las condiciones laborales, entendidas como respectivos derechos y obligaciones de las partes, que ven铆an rigiendo con anterioridad a la p茅rdida de vigencia del convenio colectivo en cuesti贸n, deber谩n mantenerse, puesto que forman parte del sinalagma contractual. Y ello es as铆 porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo en que se cre贸 la relaci贸n jur铆dico-laboral, a partir del cual habr谩n experimentado la evoluci贸n correspondiente. (STSJ de Asturias, Sala de lo Social, de 24 de mayo de 2016, rec. n煤m. 999/2016)

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