Jurisprudencia

El TC valida las normas b谩sicas dictadas por el gobierno sobre tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad porque garantizan su uso en condiciones de igualdad en todo el estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado en su pr谩ctica totalidad el conflicto positivo de competencia formulado por el Gobierno del Pa铆s Vasco contra el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones b谩sicas de emisi贸n y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. El Tribunal considera que el Gobierno no ha invadido la competencia auton贸mica en materia de asistencia social, sino que, en el ejercicio de la que el art. 149.1.1 CE atribuye en exclusiva al Estado, ha establecido las condiciones b谩sicas necesarias para garantizar el reconocimiento de un derecho o beneficio (la autorizaci贸n para el uso de plazas de estacionamiento reservado) a un determinado colectivo (personas con movilidad reducida) en condiciones de igualdad en todo el territorio. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enr铆quez, cuenta con el voto particular de la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua.

Absueltos dos administradores de una empresa de dos delitos contra los derechos de los trabajadores de un matrimonio

La Secci贸n Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a , Luis Miguel V. A. y Andr茅s T. L. administradores de la empresa LUJAMA S. A, de dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El tribunal, bas谩ndose en la prueba practicada en el acto del juicio oral, considera que no ha quedado acreditado que los acusados hayan cometido los delitos de los que ven铆an siendo acusados por el Ministerio Fiscal y la acusaci贸n particular y por los que se enfrentaban a un a帽o y seis meses de prisi贸n.

Los jueces suspenden de forma cautelar los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid por los que se reduce a 35 horas la jornada de trabajo semanal

La Secci贸n S茅ptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensi贸n cautelar de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid para estipular a los funcionarios municipales la jornada de 35 horas en lugar de las 37,5 horas de trabajo semanales, una medida adoptada el 30 de junio de 2016 y que hab铆a sido recurrida por la Abogac铆a del Estado.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 16 al 31 de enero de 2017)

Comporta 鈥搒i se abona la prima correspondiente鈥 el desplazamiento de la responsabilidad a la compa帽铆a aseguradora, de manera que la posterior insolvencia de esta no puede reactivar la originaria obligaci贸n de pago que correspond铆a a la empresa, al haberse producido una novaci贸n subjetiva de la persona del deudor, por mandato legal. As铆 lo prescribe el Real Decreto Legislativo 1/2002 y es consecuencia obligada de la asunci贸n de deuda conforme al art. 1206 del CC, y ello con independencia de si en el pacto se hace o no previsi贸n en tal sentido. Por expresa disposici贸n legal, no enerva tal consecuencia que las rentas pactadas como complemento de prestaciones sean sustitutorias de la indemnizaci贸n legal o que se califiquen expresamente como tal. Sala General. Voto particular. (STS, Sala de lo Social, de 23 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 815/2015)

El momento que ha de entenderse como determinante para analizar la posible existencia de una cesi贸n ilegal de trabajadores (art. 43.2 del ET) no es el del juicio oral u otro anterior o posterior, sino el de la presentaci贸n de la demanda en el Juzgado de lo Social (debiendo estar viva en esa fecha la relaci贸n laboral), pues es en ese instante cuando se producen los efectos de la litispendencia. (STS, Sala de lo Social, de 5 de octubre de 2016, rec. n煤m. 276/2015)

Para que la empleadora pueda oponerse al car谩cter de delegado sindical ex art铆culo 10 de la LOLS es preciso que plantee (cosa que en el supuesto no hizo), con el fin de que quede constancia f谩ctica en la sentencia combatida de contrario, posibles hechos relativos a la mayor representatividad sindical, al n煤mero de trabajadores de la empresa y a la presencia sindical en los 贸rganos de representaci贸n unitaria que priven al demandante de tal condici贸n plena y de las correlativas garant铆as. No hay que olvidar que se pueden constituir secciones sindicales de empresa en cualquier empresa o centro de trabajo, aunque su dimensi贸n sea igual o inferior a 250 trabajadores, pues as铆 lo reconoce el art铆culo 8 de la LOLS, pero si estas secciones nombran delegados sindicales (impropios), estos carecer谩n de los derechos y garant铆as que el art铆culo 10 de la LOLS otorga a los delegados sindicales de las empresas 鈥搊, en su caso, centros de trabajo鈥 de m谩s de 250 trabajadores. (STS, Sala de lo Social, de 22 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1319/2015)

Puede considerarse como tal la denuncia ante la inspecci贸n de trabajo cuando su contenido llega a conocimiento del deudor antes de transcurrir el plazo prescriptivo, por cuanto en ella est谩 impl铆cita la voluntad del acreedor de reclamar contra el impago de dichas horas extras, y ello aunque tal 贸rgano resulte incompetente para resolver sobre reclamaciones salariales, ya que s铆 lo es para controlar el cumplimiento de la normativa laboral y proponer a la autoridad laboral la imposici贸n de sanciones levantando la oportuna acta. As铆 lo impone, igualmente, el principio de buena fe que preside la ejecuci贸n del contrato. Voto particular. La necesaria coherencia con el criterio que hasta ahora ha venido manteniendo la sala, consistente en negar la interrupci贸n de la prescripci贸n cuando se trata del ejercicio de acciones distintas pero entre las que existe una evidente vinculaci贸n, siendo la antecedente de utilidad para el conocimiento por la parte demandada del inter茅s del trabajador en obtener los restantes beneficios que de aquella se deriven, debe conducir a su aplicaci贸n cuando el antecedente es una actuaci贸n administrativa con un objeto sancionador, de suerte que las notificaciones que provengan del expediente sirvan para dar a conocer al futuro demandado el inter茅s del trabajador en conseguir otra conducta de aquella, distinta de lo que se persigue promoviendo la acci贸n inspectora. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 2110/2015)

En el caso analizado, no estamos en presencia de una diferencia meramente aritm茅tica, ni ante una cantidad no controvertida que pueda analizarse al margen del acto jur铆dico del que dimana y trae causa. Al contrario, nos hallamos ante una controversia que afecta directamente a la propia decisi贸n extintiva, que depende de la interpretaci贸n de una cl谩usula contractual cuyo an谩lisis y valoraci贸n de su validez y vigencia no puede realizarse al margen del acto extintivo que constituye el hecho b谩sico sobre el que se proyecta la controvertida cl谩usula, lo que determina que sea el proceso de despido y no el ordinario el adecuado para la resoluci贸n de los diferentes problemas que condicionan la determinaci贸n de la indemnizaci贸n reclamada. Sala General. Voto particular. (STS, Sala de lo Social, de 2 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 431/2014)

Una vez calculado el porcentaje de parcialidad en funci贸n del promedio de horas trabajadas durante los 煤ltimos 180 d铆as que determina el importe de la base reguladora, aquel habr谩 de proyectarse 煤nicamente sobre el c谩lculo del IPREM aplicable, y despu茅s observar si se rebasan los topes m谩ximos y m铆nimos previstos en el art铆culo 211.3 de la LGSS. De forma que no se trata de aplicar ese 铆ndice sobre la base reguladora, lo que implicar铆a una doble reducci贸n (la del 70 % para los primeros 180 d铆as y del 50 % para el resto, y sobre ella el 铆ndice de temporalidad correspondiente a los 180 煤ltimos d铆as cotizados), sino de observar esos topes m谩ximos en funci贸n de los periodos cotizados. Ejemplo. Porcentaje de parcialidad del 60 %. Base reguladora de 35 euros d铆a. Primer paso: c谩lculo del IPREM del a帽o 2013. Si el IPREM m谩s 1/6 arroja una cantidad de 20,70 euros diarios, sobre esa cifra se aplica el porcentaje de reducci贸n del 60 %, obteni茅ndose a estos efectos la cantidad de 12,42 euros como valor espec铆fico del IPREM. Segundo paso: cuant铆a m谩xima de la prestaci贸n. Es el 175 % de los 12,42 euros mencionados, lo que arroja un total de 21,74 euros, cifra que es inferior a los 24,50 euros que se obtienen de aplicar el 70 % a la base reguladora mencionada de 35 euros d铆a. (STS, Sala de lo Social, de 27 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3132/2015)

No existe norma alguna que impida el acceso a la incapacidad en cualquiera de sus grados a los deportistas profesionales a partir de una determinada edad. No puede entenderse que un futbolista a los 30 a帽os est茅 al final de su carrera, pues es sobradamente conocido que muchos de ellos alargan su vida profesional m谩s all谩 de los 30 a帽os con 茅xito. En el supuesto analizado, el deportista se encontraba en activo cuando solicit贸 la pensi贸n, al pertenecer a la plantilla de un club de f煤tbol aunque no jugara, cumpliendo los requisitos para el reconocimiento de la incapacidad solicitada. Resulta indiferente que el deportista se lesionara durante el mundial de f煤tbol de Alemania 2006 mientras jugaba con la selecci贸n de Togo y que el club al que pertenec铆a cuando solicit贸 la prestaci贸n fuera franc茅s, ya que lo relevante es su pertenencia a un club espa帽ol al tiempo de lesionarse. (STS, Sala de lo Social, de 20 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 535/2015)

No re煤nen ese requisito quienes presentaron la demanda de divorcio pocos d铆as antes de morir el causante y convivieron con 茅l, junto con su c贸nyuge, hasta despu茅s del 贸bito, firmando el convenio regulador cuatro meses despu茅s renunciando a pensi贸n compensatoria. (STS de 21 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 2255/2015)

La acci贸n ejecutiva se entiende prescrita, pero la ejecuci贸n de la deuda dineraria de salarios de tramitaci贸n que se contiene en la sentencia en la que se condena al pago de los mismos, como consecuencia de la declaraci贸n de la improcedencia del despido, prescribe al a帽o, tal y como se dice en el art铆culo 243 de la LRJS. Ambas condenas
鈥搑eadmisi贸n y salarios de tramitaci贸n鈥 tienen perfiles distintos: la primera impone una obligaci贸n de hacer; la segunda el pago de determinada cantidad. De ah铆 que para aquella establezca la LRJS un tr谩mite espec铆fico en orden a su ejecuci贸n, no aplicable a la segunda. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1596/2015)

Son nulas las cl谩usulas que se utilizan para modificar en perjuicio de los trabajadores lo pactado con car谩cter general en el convenio colectivo aplicable, vulnerando el sistema de negociaci贸n colectiva. Ello aunque la empresa no haya realizado un n煤mero de horas extras que exceda de los l铆mites cuantitativos establecidos en el ET (80 al a帽o) y en el convenio. La autonom铆a individual no puede ser una v铆a que permita eludir la funci贸n negociadora de las organizaciones sindicales o vac铆e sustancialmente de contenido efectivo al convenio. (STSJ de Arag贸n, Sala de lo Social, de 11 de octubre de 2016, rec. n煤m. 598/2016)

Siendo esencial la regla general de la libertad de contrataci贸n temporal en la relaci贸n especial de artistas, lo que a priori no resultar铆a compatible con la adquisici贸n de fijeza por el transcurso de 24 meses en un periodo de 30, no puede omitirse que la regulaci贸n del art铆culo 15.5 del ET constituye la incorporaci贸n a la legislaci贸n espa帽ola de la Directiva 1999/70/CE, de 29 de junio, sobre el trabajo de duraci贸n determinada, no existiendo dudas respecto a su aplicabilidad a los contratos temporales celebrados con los artistas (a excepci贸n de los formativos, de relevo o interinidad) pese a la singularidad de su actividad, si tenemos en cuenta el amplio concepto de trabajador que rige en el derecho comunitario y la inexistencia de reservas o excepciones a este aspecto en la propia directiva. Ello hace que resulte irrelevante el dato atinente a la regularidad de los contratos temporales suscritos entre las partes y su posible vinculaci贸n a la duraci贸n de una o m谩s contratas. (STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 21 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 771/2016)

No cabe estimar de oficio la indemnizaci贸n derivada de la doctrina comunitaria mencionada, dado que ninguna de las partes plante贸 esta cuesti贸n en la instancia, ni posteriormente en suplicaci贸n, ni tampoco reclam贸 el trabajador ning煤n otro tipo de indemnizaci贸n alternativa para el caso de que la finalizaci贸n de su contrato fuese declarada ajustada a derecho. No puede por tanto la sala condenar al pago de una indemnizaci贸n que nadie ha pedido y que no tiene v铆nculo directo o indirecto con la pretensi贸n de despido. Cabe, no obstante, que el trabajador inste nuevo procedimiento, esta vez bajo la modalidad de reclamaci贸n de cantidad, para reclamar aquello a lo que pudiera tener derecho de aplicarse la doctrina del asunto De Diego Porras o de reclamar al Estado los da帽os y perjuicios que la incorrecta transposici贸n de la directiva ha ocasionado. Sala General. Voto particular. (STSJ de Catalu帽a, Sala de lo Social, de 30 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3593/2016)

Debe hacerse por jornadas completas y no por minutos como hab铆a hecho la entidad demandada, de forma que en el caso concreto la trabajadora no alcanzaba el nivel de absentismo (y s铆 en el c贸mputo por minutos), soluci贸n que se considera acorde a la interpretaci贸n restrictiva que debe presidir esta materia, m谩xime cuando ha existido cierta tolerancia empresarial (desde hace siete a帽os ejerc铆a el cargo sin objetar la demandada la duraci贸n de las ausencias). Se desestima tambi茅n el recurso de la trabajadora, al no figurar indicios de vulneraci贸n de un derecho fundamental, no constando traba alguna para el ejercicio por la demandante del cargo de concejal. (STSJ de Andaluc铆a, Sala de lo Social, de 19 de mayo de 2016, rec. n煤m. 1402/2015)

Un coche de esas caracter铆sticas, puesto en conexi贸n con la actividad declarada (asesoramiento, gesti贸n y coordinaci贸n de obras), proporciona unas garant铆as de seguridad y fiabilidad que no tienen otros que puedan considerarse de una gama o calidad inferior. Tales caracter铆sticas siempre son evaluables positivamente cuando se han de realizar tareas en las que los desplazamientos son lo habitual. El hecho de que el trabajador dispusiera de otros 4 veh铆culos no empece lo dicho, ya que el 煤ltimo fue adquirido hace 10 a帽os, l铆mite temporal significativo al ser objeto de especial control administrativo en forma de ITV anual. (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Social, de 3 de mayo de 2016, rec. n煤m. 709/2016)

El hecho de que el propietario de los terrenos por los que discurre la carretera o camino vecinal donde acaece el accidente no sea de la sociedad demandada sino de los titulares de las fincas colindantes no exonera a la empresa de la obligaci贸n de garantizar el buen estado del camino y de su contorno, bien mediante acciones directas, como la realizaci贸n a su cargo de los trabajos de mantenimiento o la colocaci贸n de carteles de limitaci贸n de velocidad, cuyo car谩cter no vinculante no les priva de eficacia, bien mediante la proposici贸n a los propietarios de los terrenos de las medidas necesarias para aumentar la seguridad en la circulaci贸n en el caso de que no pudiese ejecutarlas por s铆 misma. La seguridad vial laboral se proyecta tambi茅n en el terreno preventivo. Se impone un recargo del 40 %. Aplicaci贸n de doctrina contraria a la sentada con car谩cter de obiter dicta por la STS de 25 de junio de 2008, FJ 5.潞 (rec. n煤m. 70/2007). (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Social, de 17 de mayo de 2016, rec. n煤m. 786/2016)

El hecho de que el interesado se halle en situaci贸n de IT con arreglo al Derecho nacional, de duraci贸n incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por s铆 solo, que la limitaci贸n de su capacidad pueda ser calificada de duradera, con arreglo a la definici贸n de discapacidad mencionada por la Directiva 2000/78/CE, interpretada a la luz de la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre los indicios que permiten considerar que tal limitaci贸n es duradera figuran, en particular, el que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio (el despido), la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalizaci贸n a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona. Al comprobar ese car谩cter duradero el tribunal debe basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos m茅dicos y cient铆ficos actuales. La perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el mantenimiento del contrato de trabajo del actor no se considere rentable para la empresa, deber谩 ceder, necesariamente, ante la prohibici贸n de discriminaci贸n por discapacidad 鈥揹irecta e indirecta鈥 establecida en la directiva, como m铆nimo cuando tal incapacidad pueda devenir duradera. (SJS n.潞 33 de Barcelona, de 23 de diciembre de 2016, n煤m. 472/2016)

CONSULTE AQU脥 EN FORMATO PDF

Recepci贸n de la jurisprudencia un谩nime sobre el c贸mputo de los plazos administrativos por meses/a帽os en la nueva Ley de procedimiento administrativo

La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas, incorpora en su art铆culo 30.4 la aceptada interpretaci贸n de la jurisprudencia (incluida la menor) sobre el art铆culo 48.2 Ley 30/1992, respecto del c贸mputo de los plazos fijados en meses o en a帽os, regulando ya no solo el momento exacto en que comienza sino tambi茅n aquel en que finaliza. La sentencia del聽TSJ de la Comunidad Valenciana, sala de lo Contencioso-Administrativo, de聽9 de noviembre de 2016,聽a cuyo comentario en la p谩gina http://www.fiscal-impuestos.com/聽remitimos, no destaca por su previsible conclusi贸n jur铆dica, pero s铆 por la fundamentaci贸n que conduce a la misma y que tiene como origen el cambio normativo referido.

El TC ampara a una mujer a la que no se dio la opci贸n de mejorar sus condiciones laborales por encontrarse de baja por embarazo de riesgo

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha amparado a una mujer que no pudo optar a mejorar sus condiciones laborales en la empresa porque, en el momento en que surgi贸 esa posibilidad, se encontraba de baja por embarazo de riesgo y, despu茅s, por maternidad. El Tribunal afirma que la empresa debi贸 avisar a su empleada de la posibilidad de cambiar de puesto y, al no hacerlo, lesion贸 su derecho a no ser discriminada por raz贸n de sexo (art. 14 CE), pues la causa de su baja deriva de su condici贸n de mujer. La Sala anula la resoluci贸n recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA). Ha sido ponente el Magistrado Antonio Narv谩ez; firma un voto particular el Magistrado Pedro Gonz谩lez-Trevijano.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio no computar la baja maternal a efectos de retribuci贸n de incentivos

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que es discriminatoria y contraria a derecho 鈥渓a pr谩ctica empresarial consistente en computar como ausencias la baja maternal as铆 como la baja por riesgo de embarazo a los efectos de d铆as productivos para tener derecho a las retribuciones de los variados incentivos鈥.

El alto tribunal estima la demanda de conflicto colectivo planteada por CC.OO. de Andaluc铆a contra la empresa CATSA, referido a sus trabajadoras en los centros de Granada y M谩laga. Los hechos probados indicaban que las empleadas que 鈥減or causa de embarazo y/o maternidad han visto suspendida su actividad laboral por disfrutar de los permisos correspondientes, el primer mes de reincorporaci贸n a su puesto de trabajo no perciben cantidad alguna por ninguno de los referidos incentivos, y s贸lo comienzan a percibir cantidad por incentivos al mes inmediatamente posterior al de su reingreso y en funci贸n de los servicios laborales efectivamente prestados a partir de tal reincorporaci贸n鈥.

El Tribunal Supremo avala el despido de un trabajador de Correos en Alicante que acos贸 sexualmente a una compa帽era

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado el despido de un trabajador de Correos en Alicante por acoso sexual a una compa帽era de trabajo, a quien delante de otros cuatro empleados le 聽baj贸 los pantalones hasta las rodillas al tiempo que realizaba comentarios sobre su "huchita" o "lo f谩cil que se lo pones a tu novio".

El despido se produjo tras la tramitaci贸n de un expediente disciplinario que concluy贸 que el trabajador hab铆a cometido una infracci贸n disciplinaria muy grave. Tras producirse los hechos, el empleado reconoci贸 a su jefe los hechos pero declar贸 que hab铆a sido una broma y que se disculp贸 con su compa帽era al ver que se sent铆a dolida por lo ocurrido. Despu茅s, en el expediente, realiz贸 alegaciones manifestando, entre otras cosas, que su compa帽era 鈥渓levaba como de costumbre unos pantalones los cuales dejaban ver medio trasero y la ropa interior鈥.

P谩ginas