Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2024.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2024.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

• TS. Empleo público: en la intermediación laboral el Servicio Público de Empleo puede acudir al criterio de prioridad temporal en la presentación de la solicitud ante un empate en los factores sustantivos
• TS. COVID-19. Acuerdo sobre teletrabajo donde los empleados deben aportar los equipos necesarios para realizar la actividad. La compensación económica ofrecida por la empresa se desvanece desde que ella pasa a proporcionar tales medios
• TS. No hay base legal para aplicar el preaviso del artículo 34.2 del ET sobre distribución irregular de la jornada al trabajo a turnos
• TS. Trabajadores a tiempo parcial que durante el año han tenido ampliaciones de jornada. Momento en el que debe liquidarse la retribución de las vacaciones
• TS. En la presentación telemática de solicitudes cabe la subsanación, pues la Administración no puede fundar sus actos desfavorables en la mera falta de pericia de los particulares
• TS. Coeficiente reductor de la edad de jubilación para conductor de exterior en instalaciones mineras. Es necesario instruir el preceptivo procedimiento para su asignación regulado en el artículo 2.2 del Real Decreto 2366/1984
• TS. Es posible que el demandado alegue por primera vez en el acto del juicio la excepción de prescripción, aunque no la haya anunciado en la conciliación o mediación previa
• TS. Incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional. La empresa está legitimada para recurrir en suplicación la sentencia desestimatoria de la demanda de la mutua para que la contingencia se califique de enfermedad común
• TSJ. En materia de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social la imputación temporal de rentas ha de hacerse en función de la fecha de cobro efectivo de las mismas y no de la fecha de devengo
• TSJ. Competencia territorial de los juzgados de lo Social. Conductores. Puede entenderse como lugar de trabajo el parking de la empresa donde comienzan y finalizan su ruta, aunque se encuentre lejos de la sede social

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En el dinámico mundo empresarial, la gestión eficiente de las nóminas y los seguros sociales se ha convertido en una tarea clave para las empresas y sus departamentos de recursos humanos. Sin embargo, esta labor no está exenta de desafíos y muchas empresas se enfrentan a una serie de problemáticas que pueden obstaculizar la gestión de este cometido.

Las empresas, especialmente las pymes, se enfrentan a una maraña de normativa y actualizaciones constantes que pueden generar errores, retrasos y costosas sanciones. Desde errores en el cálculo de nóminas hasta incumplimientos legales, la complejidad de la gestión de nóminas y seguros sociales puede ser una tarea de cierta dificultad para los empresarios y los departamentos de recursos humanos.

Los derechos adquiridos pueden ser una fuente de conflictividad en las relaciones laborales entre el empresario y los trabajadores.

En el ámbito laboral, el derecho adquirido o condición más beneficiosa juega un importante papel para garantizar la protección y la estabilidad de los trabajadores. Este principio establece que las condiciones de trabajo y los beneficios que puedan estar disfrutando los trabajadores, no pueden ser modificados de forma unilateral por el empresario, si son menos favorables para el trabajador que ya los disfrutaba.

¿Qué son los derechos adquiridos en el ámbito laboral?

Los derechos adquiridos, también conocidos como condiciones más beneficiosas, son aquellos que el trabajador ha obtenido a lo largo de su relación laboral, bien por la práctica reiterada o por la concesión voluntaria del empresario.

1. En el verano del año 2021, tras una larguísima espera de un cuarto de siglo, debido a las resistencias de los diferentes Gobiernos que desde entonces han sido en España, de uno u otro color político, el Reino de España ratificaba la Carta Social Europea Revisada (1996) –CSER–. Al tiempo, aceptaba someterse al control de cumplimiento por su órgano de garantías, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), mediante el sistema de reclamaciones colectivas (Protocolo Adicional de 1995), más incisivo que el sistema de informes, aunque haya continuidad. Entre los derechos que se consagran en este Tratado Internacional de derechos sociales fundamentales humanos, que no sería una norma internacional más en el sistema jurídico (discrepamos en esto de la, sin duda, interesante STS, Sala 4ª, 268/2022, de 28 de marzo), pues está calificado oficialmente como la Constitución Social de Europa (Informe de 2015 de Thorbjørn Jagland, anterior Secretario General del Consejo de Europa, sobre el Estado de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. Una responsabilidad compartida para la seguridad democrática en Europa, presentado en la 125.ª sesión del Comité de Ministros, Bruselas, 19 de mayo de 2015), están los recogidos en su artículo 24.

La Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo (BOE de 28 de marzo y corrección de erratas de 3 de abril), con efectos desde el día 1 de enero de 2024, modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, para:

En el BOE de 27 de marzo de 2024 se publica el Real Decreto 322/2024, de 26 de marzo, por el que se modifican dos reglamentos básicos en materia de Seguridad Social.

Por un lado, el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, para introducir los siguientes cambios (vid. cuadro comparativo):

Respecto al procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 80, con entrada en vigor el 1 de julio de 2024, para: