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Nuevo sistema de liquidación directa de cuotas por la Tesorería General de la Seguridad Social: La Ley 34/2014

Con la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, publicada en el BOE de hoy y con entrada en vigor el 28 de diciembre de 2014 (con la excepción que se indicará), se pone fin al modelo general de autoliquidación de cuotas aplicable en el sistema español de Seguridad Social caracterizado por una liquidación o cálculo de las cuotas efectuado por los empresarios y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, en función de su código o códigos de cuenta de cotización y demás datos e información por ellos aportados, mediante la transmisión electrónica de tales liquidaciones o mediante la presentación de los respectivos documentos de cotización, sin perjuicio del control que con posterioridad era llevado a cabo por parte de la Administración de la Seguridad Social.

Este modelo general, que ha coexistido con otro de liquidación simplificada utilizado para el cálculo de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia, integrados tanto en el RETA como en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así como para el de otras cuotas del sistema de la Seguridad Social correspondientes a colectivos o a situaciones especiales, es sustituido, si bien gradualmente, por un nuevo sistema de liquidación de cuotas conocido como Sistema Cret@ que permitirá, gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, mejorar la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.

La implantación, como acaba de apuntarse, será progresiva, previéndose que su aplicación inicial sea simultánea a la del actual modelo de autoliquidación de cuotas hasta la total incorporación de los sujetos responsables de su ingreso en aquel y perviviendo, asimismo, el sistema de liquidación simplificada de cuotas para los supuestos en los que se prevea legalmente (disp. trans. única y disp. final segunda).

Para la consecución de los objetivos pretendidos, la Ley, que es analizada en el documento EL NUEVO SISTEMA DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: LA LIQUIDACIÓN DIRECTA POR LA ADMINISTRACIÓN, que puede consultarse «en abierto» y cuya autoría agradecemos a D. José Antonio PANIZO ROBLES, introduce modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social [arts. 18, 19, 20.6, 26, 27, 30.1 y 2, 31. 1 b), 32, 32 bis –nuevo-, 36.4, 6 y 7 –apdo. nuevo-, 66 bis, disp. adics. 46ª y 50ª.4 –esta última con vigencia diferida a 1 de junio de 2015], en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social [arts. 21.2, 22.1 y 3, 23.1 b) y f), 39.2 y 50.4 d)] y en el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que son recogidas en los cuadros comparativos que, asimismo se adjuntan y pueden consultarse en este resumen y ello sin olvidar un cambio nominal y puntual, el introducido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el cual el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social deja de denominarse «Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social» para pasar a ser «Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social».

Fijado el salario mínimo interprofesional para 2015

El SMI queda fijado en 648,60 euros/mes para el año 2015, incrementándose su cuantía respecto al ejercicio precedente en un 0,5 %.

El Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, incrementa en el porcentaje indicado las cuantías vigentes en el ejercicio anterior, respondiendo –se indica en su preámbulo– «a la mejora de las condiciones generales de la economía» y «favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo».

El Programa de Activación para el Empleo: ¿Una solución al reto del desempleo de larga duración?

Más allá de lo poliédrico de las lecturas del discurso del crecimiento económico en nuestro país y de su impacto en términos de creación de empleo, lo cierto es que la situación en que se encuentra el sangrante número de desempleados de larga duración y el planteamiento serio de adoptar medidas que permitan la reincorporación a la vida activa de este colectivo han debido ser motivo suficiente para que hace tiempo se hubiera producido un pacto social al respecto. Nunca es tarde, en cualquier caso y al margen de otras pretensiones más o menos oportunistas, si la dicha es buena.

El Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, responde al compromiso recogido en el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo de 15 de diciembre de 2014, destinado a mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades al citado colectivo de trabajadores desempleados, dadas sus mayores dificultades de colocación, que como iniciativa prioritaria se recogía en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales el 29 de julio de 2014.

El Real Decreto-Ley 16/2014 (RDL) publicado en el BOE de hoy (20 de diciembre), recupera esquemas ya ensayados pero introduce novedades y, en línea con las Recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea de 8 de julio de 2014 relativas al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España, en particular, la tercera, incide tanto en el papel a desempeñar por los Servicios Públicos de Empleo (SPE) en el sentido de prestar servicios personalizados y eficaces, en especial con aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a un empleo como son los parados de larga duración –aunque, como se comprobará, reforzando la colaboración público-privada–, como en la importancia de mantener el compromiso de los beneficiarios con el mercado laboral a través de su búsqueda activa de empleo, alineando y dirigiendo, de este modo, las políticas de empleo activas y pasivas a un objetivo común.

Pese a lo que a primera vista pudiera parecer, y siendo sin duda lo principal la regulación del Programa de Activación para el Empleo cuyos efectos se producirán desde el 15 de enero de 2015, el RDL recoge, extramuros de su parte dispositiva, otra medida de indudable interés: la exoneración del pago de cuotas en supuestos de fuerza mayor.

Al resumen de los contenidos anunciados, y sin perjuicio del pormenorizado análisis jurídico que se hará próximamente en la RTSS.CEF, dedicaremos este espacio.

El Congreso aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2015, la Ley de Mutuas y la Ley de Facturación Directa

El Congreso aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2015, la Ley de Mutuas y la Ley de Facturación Directa

El Congreso de los Diputados aprobó ayer  los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que han concluido su tramitación parlamentaria con la votación en Pleno de las enmiendas incorporadas por el Senado al proyecto remitido en su día por el Congreso de los Diputados. El texto será publicado en el BOE para entrar en vigor el 1 de enero de 2015.

 A continuación, se han visto las enmiendas incorporadas por el Senado a dos proyectos de ley: primero las modificaciones al proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y  enfermedades Profesionales de la Seguridad Social han quedado aprobadas, con lo que esta ley será publicada con los cambios de la Cámara Alta.

El TJUE condena a España en la prestación de servicios portuarios: Se acabó la prohibición de recurrir al mercado de trabajo para contratar a los estibadores

En su sentencia de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-576/13), el Tribunal de Justicia declara que la regulación española relativa a la gestión de los trabajadores destinados a la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías constituye una restricción a la libertad de establecimiento.

Entiende, por tanto, que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.

El coste de las sanciones de los clientes asumido por el asesor en responsabilidad contractual tiene beneficio fiscal asociado

El coste de las sanciones de los clientes asumido por el asesor en responsabilidad contractual tiene beneficio fiscal asociado

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de octubre de 2014, arroja un poco de luz sobre una cuestión de la que no es fácil encontrar documentación doctrinal o jurisprudencial, cual es la relativa a las consecuencias jurídicas que se derivan del asesoramiento defectuoso.

Más específicamente, lo que se aborda en la consulta es la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones impuestas al contribuyente de las que se hace cargo el asesor.

Recordemos que el art. 14 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) no considera gastos fiscalmente deducibles ni los donativos y liberalidades, ni las multas y sanciones penales y administrativas, ni el recargo de apremio y el recargo por presentación extemporánea.

Selección de jurisprudencia (del 1 al 15 de diciembre de 2014)

TJUE. Convenio colectivo celebrado entre una organización empresarial y determinadas organizaciones de trabajadores de composición mixta, en las que se integran trabajadores por cuenta ajena y determinados tipos de trabajadores autónomos, que establece salarios mínimos para los trabajadores asalariados y honorarios mínimos para los trabajadores autónomos incluidos en su ámbito de aplicación.
TS. Plus idiomas. Naturaleza jurídica.
TS. Tiempo de trabajo. Periodo de descanso de 30 minutos para el bocadillo. Derecho de todos los trabajadores a su disfrute con independencia de su fecha de ingreso en la empresa.
TS. Recargo de prestaciones en sucesión de empresa.
TS. Despido objetivo. Causas económicas. Criterios de selección utilizados por la empresa para la determinación de los trabajadores afectados.
TS. AENA. Despido de trabajadores indefinidos no fijos.
AN. Convenios colectivos. Impugnación de convenio de empresa para dos centros de trabajo por haber sido negociado por una comisión "híbrida", en la que estaba presente, al lado de los representantes unitarios, un delegado sindical de un solo centro.
AN. Despido colectivo. Grupos de empresas. Transportes Buytrago. Implantación suficiente de los sindicatos que legitima para accionar vía artículo 124 de la LRJS.
TSJ. Sucesión de empresa. Sucesión de contratas. Nueva contratista que, en actividad que no descansa fundamentalmente en la mano de obra, asume una parte importante de la plantilla anterior, utilizando la misma maquinaria que la saliente pero en virtud de contrato de alquiler.
TSJ. Vacaciones. Contrato de interinidad. Procedimiento de oficio donde la Administración alega utilización fraudulenta de esta tipología contractual por no concurrir en el caso suspensión de la relación laboral.
TSJ. Ultraactividad. Decaimiento del convenio colectivo sin que exista un superior aplicable ni se esté negociando uno nuevo. Alteración unilateral por parte de la empresa de las condiciones de los trabajadores, en función de su voluntad graciable.
TSJ. Derecho de huelga. Minería del carbón. HUNOSA. Acuerdo de prejubilación 2006-2012. Inclusión en el cálculo de los días de huelga para alcanzar la edad ficticia de 52 años.
TSJ. Jubilación parcial y contrato de relevo. Relevista que accede a la situación de reducción de jornada por guarda legal.
JS. Prevención de riesgos laborales. Administraciones públicas. Riesgos psicosociales relacionados con el trabajo.
JS. Subsidio de desempleo. Liberados de prisión condenados por delitos de terrorismo.

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Guía de contratos. SPEE

Guía de contratos. SPEE

El Servicio Público de Empleo Estatal publica una Guía de contratos actualizada a diciembre de 2014 que puede ser descargada en este link

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