Elevando el «umbral del dolor» de la mala gestión de la crisis: recortes travestidos de reforma sanitaria

Toda reforma sanitaria es un complejo proceso político-institucional en el que concurren diversos factores que presionan para que los cambios asuman una u otra dirección, ya más favorable a los intereses económicos implicados ya más propicia para la mejora de la calidad asistencial a favor de los ciudadanos. Por lo general, tales reformas buscan equilibrar unos y otros intereses. El Sistema Nacional de Salud está entre los mejores en calidad de prestaciones y más eficientes por su alto rendimiento con un coste relativamente menor que la media europea. No obstante, el reciente Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, imbuido de la misma política de ciega austeridad del resto de las políticas para intentar –fallidamente– salir de la crisis, adopta una única dirección de reforma: recortar el gasto sanitario, sobre todo el farmacéutico, en 3.000 millones de euros, reduciendo la aportación pública para su financiación, del lado de coste, y aumentado la aportación del usuario, mediante mayor «copago» o «repago», del lado de los ingresos. En suma, el Real Decreto-ley 16/2012, más que reformar en sentido estricto pretende (solo) convertir una parte de la deuda pública en sanidad en deuda privada, revelándose en cierto modo como una antítesis del Real Decreto-ley 18/2012, de saneamiento del sector financiero, que convierte en deuda pública buena parte de la deuda privada de las entidades financieras. Todo un mundo al revés.
Los autores dan cuenta en el estudio de este proceso de mutación de costes públicos en privados a través de un análisis detenido de las medidas que incorpora, a tal fin, el referido Real Decreto-ley 16/2012. Las principales claves de lectura de las mismas las sitúan los analistas de este artículo en la historia de tres retornos en cierto modo al pasado: a una concepción «aseguradora» de la protección, en detrimento del modelo «universal», a una mayor «re-mercantilización» de la asistencia sanitaria, que se tiene por un bien susceptible de mercado en detrimento de su financiación pública –que no «gratuita»–, y una importante «re-centralización» de la gestión del Sistema, que pone en cuestión los avances de la descentralización de nuestro modelo. Finalmente, terminan los autores con una valoración de conjunto del Real Decreto-ley 16/2012, en la que evidencian la tendencia a la creación de un «Estado de Bienestar mínimo», con la consiguiente quiebra del pacto constitucional en aras de una «gobernanza numérica» que socializa o generaliza el sufrimiento de las personas, según imperativos de una inicua lógica del mercado total.

Palabras clave: reforma sanitaria, personal sanitario, aseguramiento sanitario y prestación farmacéutica.

Encarnación Molina Navarrete
Enfermera-DUE. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda
Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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SUMARIO

  1. Introducción: «la gran inversión social».
  2. El contexto global crítico como presunto justificante del «decretazo 16/2012»: «mal de muchos... epidemia».
  3. Las deficiencias de forma legislativa: ¿cabe una «reforma estructural» en una «norma coyuntural»?
  4. Las razones, aparentes y reales, de la reforma sanitaria: ¿modernización o involución?
    4.1. Las razones confesadas de la reforma sanitaria: hacia una mejora de la eficiencia, equidad, calidad y modernidad del Sistema Nacional de Salud.
    4.2. Los objetivos «verdaderos» de la modificación legal: un triple viaje de retorno a modelos reguladores del pasado.
    4.3. Los principales ámbitos de «acción de reajuste-recorte» en el Sistema Nacional de Salud.
  5. Modelo de atribución de la titularidad del derecho: ¿sigue siendo universal, es asegurador o asistencial?
    5.1. El retorno a la «condición de asegurado» como título atributivo del derecho social: el mantenimiento de la confusión de modelos.
    5.2. La ampliación de la condición de asegurado más allá de la clásica cualidad profesional: un modelo de aseguramiento no contributivo.
    5.3. Efectos excluyentes de la nueva regulación: lucha contra la población «inmigrante irregular», el «turista comunitario sanitario» ¿y contra la emancipación tardía de los hijos?
    5.4. Respuestas correctoras para el «turismo sanitario de comunitarios».
    5.5. La protección de la salud de los españoles residentes en el exterior.
    5.6. El reparto de tareas: el reconocimiento del derecho por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su prestación mediante la tarjeta sanitaria individual.
  6. 6. Reconfiguración de la acción protectora de la prestación: la multiplicación de «carteras de servicios» del Sistema Nacional de Salud.
    6.1. «Cartera común de servicios» de atención sanitaria: entre exclusiones y apertura a mayores aportaciones del asegurado-beneficiario.
    6.2. El sorprendente reforzamiento formal de las carteras diferenciales autonómicas.
    6.3. Los efectos prácticos de la reconfiguración de la cartera de servicios: el carácter diferido de los cambios hasta la aprobación de la nueva.
  7. 7. A vueltas con la reducción de la factura farmacéutica: la reducción de precios y nuevo modelo de mayor repago.
    7.1. El «análisis económico» del medicamento como criterio de medida básico de la prestación farmacéutica.
    7.2. La reafirmación del modelo de prescripción de medicamentos por principios activos: regla general y excepciones.
    7.3. La fase de inclusión-exclusión: nuevos criterios para facilitar la «des-financiación» pública de medicamentos.
    7.4. El enésimo intento de establecer un sistema de fijación de precios más eficiente: «precios de referencia» y «precios seleccionados».
    7.4.1. Reglas generales de intervención en los precios de los medicamentos: la generalización de la intervención pública.
    7.4.2. La revisión del sistema de precios de referencia: el novedoso sistema de precios seleccionados.
    7.4.3. Otras formas de intervención en el mercado de los medicamentos por razones de interés social y/o empresarial: retornos de recursos.
    7.5. Medidas de racionalización del acceso al servicio farmacéutico en los centros hospitalarios.
    7.6. El nuevo modelo de «copago» ¿o «repago»? del medicamento por los usuarios: entre la recaudación y la disuasión.
  8. Ajustes con el «capital humano»: reformas en la gestión de los «recursos humanos».
    8.1. La reforma de recortes retributivos travestida de reformas de mejora de la calidad de los «recursos humanos».
    8.2. La imposición como único del «sistema de formación mediante residencia» (generalización del «modelo MIR»).
    8.3. El nuevo Registro Estatal de Profesionales Sanitarios: ¿vía para la disuasión o instrumento de fomento de la calidad profesional?
    8.4. La racionalización de las formas de organización profesional: el fin del personal de zona y cupo y la integración del personal local.
    8.5. Una nueva puerta a la reducción de las retribuciones disfrazada de imperativo de mejora de la productividad.
    8.6. La llamada a la reducción del complemento por incapacidad temporal: los recortes en la acción social.
  9. Una «pescadilla que se muerde la cola»: la «sociedad del malestar» genera más «enfermedad»... y más gasto.