Empleo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acompañada por el secretario general Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, ha presidido el acto de clausura de la VIII Conferencia de Ministros de Empleo y Seguridad Social, celebrada lunes y martes en Madrid, “unas jornadas que nos han servido para intensificar nuestros lazos de colaboración y abordar asuntos con la convicción de que juntos llegamos más lejos”, afirmó.

Tan solo siete días después de la publicación de la Ley de reforma del mercado laboral, y como si se estuviera asistiendo a una -discúlpese la licencia- “tragicomedia en varios actos” en la que tanto actores como espectadores aguardan expectantes la aparición tanto de la ansiada superación de la recesión económica como de la “quimérica” recuperación de la confianza de los mercados financieros, asistimos a un nuevo acto de esta larga “obra teatral” no precisamente abundante en diálogos: la publicación en el BOE del día 14 de julio (corrección de errores en el del 19) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (RDL), cuya entrada en vigor, con las salvedades que se apuntarán, se produce el día 15 de julio.

Tras más de 16 páginas de Preámbulo en el que se da cuenta de los dos ejes principales sobre los que pivota la estrategia de política económica diseñada por el Gobierno: consolidación fiscal e impulso de nuevas reformas estructurales, y se apuntan las medidas adoptadas y los objetivos perseguidos con las mismas, el RDL desarrolla sus contenidos a lo largo de siete Títulos, 18 disposiciones adicionales, 15 transitorias, 1 derogatoria y 13 finales, dándose cuenta a continuación de las medidas que más directamente afectan al ámbito sociolaboral.

• Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo
• Medidas de racionalización del sistema de dependencia
• Salarios de tramitación
• Medidas de reordenación y racionalización de las administraciones públicas
• Medidas fiscales
• Otras medidas

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes 6 de junio a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el Plan Anual de Empleo para 2012, de acuerdo a lo establecido en la Ley 56/2003 de Empleo.

El Plan contiene las acciones y medidas de políticas activas de empleo que llevarán a cabo las comunidades autónomas, a través de los fondos distribuidos de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y cuya distribución aprobó también el Gobierno.

Este Plan Anual se configura como un instrumento novedoso, ya que no existía uno similar con anterioridad, que permite una mayor flexibilidad en la ejecución de las medidas de políticas activas por parte de las Comunidades, mejorando así la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, aspecto que  resulta esencial en el  actual escenario de ajuste del gasto público, y que constituye una herramienta de evaluación de las políticas activas de empleo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy, en la clausura de la junta directiva de ATA, una medida de fomento del autoempleo con el objeto de incentivar que los estudiantes de enseñanza universitaria y formación profesional puedan compatibilizar su formación con el trabajo por cuenta propia, gracias a una nueva rebaja en su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

La ministra ha explicado que el objetivo de la medida, que se encuentra en fase de estudio y que se sumará a las ya existentes, es impulsar la cultura del emprendimiento y fomentar el autoempleo como alternativa laboral entre los estudiantes españoles, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país

De esta forma, los jóvenes podrán compatibilizar su formación con un trabajo por cuenta propia, además de hacerlo con un trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, a través del Contrato de Formación y el Aprendizaje.

• El principal objetivo es perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas