El Senado aprueba tres leyes para lograr una Justicia más ágil y eficaz
El pleno del Senado aprobó el miércoles, tres leyes del Ministerio de Justicia: La Ley Concursal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Medidas de Agilización Procesal.
Las tres leyes, que forman parte del Plan de Modernización de la Justicia presentado por el ministro Francisco Caamaño hace casi tres años, serán ahora serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva al incluirse en cada una de ellas algunas enmiendas.
Ley Concursal
La Ley Concursal, que perfecciona la reforma efectuada mediante Real Decreto-Ley 2/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, tiene por objetivo la agilización, simplificación y abaratamiento del procedimiento concursal; la profundización de las alternativas al concurso a través de los institutos preconcursales y la rectificación de algunos aspectos de la actual regulación que han generado problemas prácticos y dudas interpretativas.
La Sección Especial para la reforma concursal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, en la que participaron 17 expertos jurídicos y económicos, ha elaborado la propuesta que ha servido de base para esta reforma. El proyecto, a partir de los principios esenciales de la vigente Ley, se propone normalizar el papel del concurso y constituirlo como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
A través de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social los tribunales de este orden jurisdiccional asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación. De esta manera se evitará el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo, y, al clarificar el orden judicial competente, se mejora la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.
Ley de Medidas de Agilización Procesal
La Ley de Medidas de Agilización Procesal está destinada a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, dos órdenes jurisdiccionales fundamentales para la actividad económica. La norma introduce reformas orientadas fundamentalmente a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y, también, a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales, dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal, para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.