Actualizados y prorrogados los acuerdos con la ONCE para garantizar la estabilidad de su acción social hasta 2021
El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 18 de noviembre, actualizar y prorrogar los acuerdos vigentes con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para garantizar su estabilidad financiera y su acción social hasta el 2021.
El Gobierno ha prorrogado y actualizado hasta el 31 de diciembre del 2021, según lo previsto en un Real Decreto de 2005, la explotación de la lotería instantánea de ámbito nacional, uno de los instrumentos básicos para el adecuado cumplimiento de los fines de interés social de la ONCE. El nuevo Real Decreto adapta la normativa a las previsiones contenidas en la reciente Ley de ordenación del juego del 27 de mayo de 2011 y actualiza el importe de las cuantías relativas al volumen máximo de ventas y de emisión anual, así como el porcentaje destinado a premios dentro de cada emisión.
Asimismo, el Consejo de Ministros renueva el Acuerdo General suscrito con la ONCE en 2004 en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para garantizar el cumplimiento de las funciones sociales que la Administración encomienda a esta organización.
El nuevo Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE se desarrollará en el periodo 2012-2021 y sustituye en su totalidad al anterior. Su objetivo es la proyección de la continuidad de los anteriores acuerdos a través de actualizaciones y mejoras en su contenido para asegurar la consecución del objetivo primordial: garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE para que pueda mantener la solvencia y calidad de la labor social que desempeña.
En consonancia con el nuevo contexto normativo definido en la Ley de Regulación del Juego de 2011, que abre el mercado liberalizado de juego a la competencia, se designa a la ONCE, junto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, como uno de los operadores a los que quedan reservadas en exclusiva las loterías de ámbito estatal. Esta regulación salvaguarda el régimen jurídico preexistente de la ONCE.
La estabilidad de la ONCE, basada en su consolidación institucional, una inequívoca vocación social y en su reconocimiento como entidad singular de economía social, a través de la Ley de Economía Social de 2011, permite asegurar su continuidad y su futuro como organización de ciegos, creada para conseguir el bienestar y la integración social de sus afiliados, promoviendo su autonomía personal y plena integración en la sociedad, y el compromiso de solidaridad adquirido con otros discapacitados a través de la Fundación ONCE.
BONIFICACIONES PARA CONTRATOS CON PERSONAS DISCAPACITADAS
La ONCE, como corporación de derecho público de carácter social, basada en los principios de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general, es la mayor empleadora de personas con discapacidad que existe en España. Por ello, el Gobierno ha aprobado, mediante un Real Decreto Ley, bonificar con el 100 por 100 las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, de forma similar a lo que sucede con los Centros Especiales de Empleo.
El Gobierno entiende que la actualización y prórroga de estos acuerdos favorecen el cumplimiento de los fines sociales y de solidaridad encomendados a la ONCE, en especial el acceso al empleo de las personas con discapacidad, al asegurar su estabilidad jurídica y financiera hasta el año 2021.
COMPENSACIÓN DE MENOR COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA "CRISIS DEL PEPINO"
Además, el Real Decreto Ley establece medidas de compensación por la disminución de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la llamada "crisis del pepino" o de la bacteria "E.coli".
La crisis de la bacteria "E.coli" y la intoxicación alimentaria en Alemania motivaron una serie de ayudas institucionales a las empresas del sector agrícola español afectadas por los primeros informes que apuntaban a los productos de nuestro campo como posible causa de la enfermedad; algo que se descartó posteriormente, pero ya se había perjudicado sensiblemente al sector agrícola español.
Las ayudas aprobadas por la Comisión Europea tuvieron como destinatarias a las empresas y, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras no fueron protegidos por dicha contingencia.
Con el acuerdo adoptado hoy, el Gobierno compensará a estas personas por la disminución de la cotización a la Seguridad Social, producida como consecuencia de la no realización de las jornadas de trabajo agrícolas, mediante la suscripción de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, que se financiará con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así pues, se considerará que un trabajador o trabajadora ha visto disminuida su actividad laboral como consecuencia de la conocida como "crisis del pepino" tendrán que acreditar la situación de inactividad en una empresa afectada durante el período de mayo a julio en el ejercicio 2011.