Publicado en el BOE del 30 de julio, el Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, establece un conjunto de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales que durante la campaña de peligro alto de 2026 han provocado evacuaciones, restricciones de acceso, pérdida o inutilización de viviendas y otras alteraciones graves de las condiciones de vida y de la actividad económica. Entre ellas destaca la creación de una prestación extraordinaria por emergencia extrema para las personas trabajadoras que deban suspender su contrato como consecuencia de los incendios.
La regulación se completa el 1 de agosto con la publicación de la Resolución de 30 de julio de 2026 de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que concreta el procedimiento para gestionar y reconocer esa prestación. De este modo, junto a las medidas aplicables a trabajadores, autónomos y empresas, se establecen las reglas necesarias para hacer efectiva la protección.