Legislación

El Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE de 11 de noviembre de 2026), completa el proceso de reforma del sistema público de cuidados iniciado con el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de refuerzo de su financiación, y desarrollado mediante la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que amplía los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

La nueva norma, que entra en vigor el 12 de noviembre de 2026, tiene como finalidad garantizar la aplicación efectiva de los derechos reconocidos por la Ley 4/2026, asegurando los recursos económicos necesarios para su despliegue y adaptando la regulación de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) al nuevo marco legal.

Para ello, combina medidas de financiación para 2027 con modificaciones dirigidas a agilizar el acceso a las prestaciones y flexibilizar los servicios de atención a la dependencia. Entre sus principales novedades destacan la reducción de 6 a 3 meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de las prestaciones, el reconocimiento de la teleasistencia como servicio complementario para todas las personas en situación de dependencia, la ampliación y flexibilización de la ayuda a domicilio y la posibilidad de combinar prestaciones y servicios en función de las necesidades y preferencias de cada persona.

Asimismo, introduce modificaciones en la determinación de las prestaciones económicas, con especial atención a la capacidad económica individual de las personas beneficiarias y a la protección de quienes tienen reconocido el grado III+ de dependencia extrema, para quienes se establece una excepción a las deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.

En conjunto, estas medidas pretenden facilitar la efectividad de los nuevos derechos y avanzar hacia un modelo de atención más flexible, personalizado y orientado a favorecer la autonomía personal y la permanencia de las personas en su entorno comunitario.

El Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, publicado en el BOE de 11 de noviembre de 2026, establece un marco estatal de reconocimiento y protección de las familias monoparentales e introduce medidas en materia de empleo, conciliación, prestaciones económicas y Seguridad Social. La norma también modifica el régimen de protección de las familias numerosas y amplía la cobertura del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

La reforma pretende dar respuesta a las especiales dificultades económicas y de conciliación que afrontan las familias en las que una sola persona asume las responsabilidades de crianza y cuidado, así como reducir las diferencias existentes en el acceso a los mecanismos públicos de protección.

El real decreto-ley entra en vigor el 12 de noviembre de 2026, aunque determinadas previsiones producirán efectos a partir del 1 de enero de 2027, conforme se indica en los apartados correspondientes.

El Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre, de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario, publicado y en vigor (con la excepción que se apuntará) el 11 de noviembre de 2026, introduce modificaciones en la normativa ferroviaria con importantes repercusiones laborales y de Seguridad Social.

La norma amplía el ámbito de aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinados trabajadores de empresas ferroviarias, refuerza la protección del personal que comunica riesgos para la seguridad operacional y establece nuevas reglas para el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas.

Las medidas afectan al Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, y a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

En el BOE de 9 de noviembre de 2026 se ha publicado el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

La norma reúne y actualiza buena parte de la regulación sobre los derechos de las personas españolas residentes en el extranjero y de quienes regresan a España, con especial atención a las prestaciones por razón de necesidad, la asistencia sanitaria, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y las políticas de integración social y laboral.

Entre sus principales novedades destaca el desarrollo reglamentario de una política integral de retorno, hasta ahora carente de una regulación general, que contempla medidas de asesoramiento laboral, apoyo al emprendimiento, reconocimiento de cualificaciones y protección económica.

En el BOE de 6 de noviembre de 2026 se publica el Real Decreto 950/2026, de 4 de noviembre, por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros para personas en situación de dependencia o personas con necesidades especiales de titularidad privada.

La nueva regulación establece requisitos mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que deberán tenerse en cuenta en la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas, incluidos los servicios de restauración colectiva y las máquinas expendedoras.

Aunque su finalidad principal es la protección de la salud, la norma tiene importantes implicaciones para las empresas que prestan servicios de restauración, las Administraciones públicas y las entidades responsables de centros sanitarios, sociosanitarios y residenciales.

Su entrada en vigor se producirá el 6 de noviembre de 2027, si bien se establecen disposiciones transitorias para facilitar la adaptación a determinadas exigencias.

El Real Decreto 951/2026, de 4 de noviembre, modifica la regulación de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. La reforma introduce nuevos límites a la jornada y a las guardias, refuerza los descansos obligatorios, modifica el régimen retributivo y amplía las garantías en materia de conciliación y prevención de riesgos laborales.

Aunque la norma entra en vigor el 7 de noviembre de 2026, las principales modificaciones sobre retribuciones y tiempo de trabajo se aplicarán de forma diferida a partir de enero y septiembre de 2027, respectivamente.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas