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• En la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), se amplía la edad de los afectados más allá de los 26 años 
  
• Incorpora dos tipos de incapacidad temporal de carácter especial con mayor protección: derivada de trastorno menopáusico y para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género 
  
• Facilita el reconocimiento de la pareja de hecho para acceder a la pensión de viudedad
  
• Aumenta la protección por orfandad y otras pensiones para víctimas del terrorismo, entre otras medidas

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto-ley que contempla un conjunto de nuevas medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales que suponen una extensión de derechos. En concreto, entre las medidas se incluye la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas.

• En relación con el amianto se cambia el paradigma limitando los valores de exposición y mejorando la metodología de medición
  
• Se trata de avanzar en la eliminación del amianto en el menor plazo posible
  
• Se refuerzan las medidas de registro y control para las empresas con exposición al amianto
  
• Se establecen nuevos valores límite ambientales y biológicos para el plomo y sus compuestos inorgánicos
  
• Se fijan valores límite de exposición profesional para los diisocianatos
  
• El plomo y sus compuestos pueden producir efectos adversos sobre la fertilidad
  
• Los diisocianatos están asociados a patologías cutáneas y respiratorias

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte de que las empresas deben evaluar los riesgos, garantizar la transparencia y asegurar una supervisión humana efectiva antes de implantar sistemas de inteligencia artificial (IA) que intervengan en decisiones laborales.

La utilización de algoritmos e IA en la gestión de personal exige algo más que informar de su existencia y funcionamiento. Las empresas deben poder demostrar que el tratamiento de datos personales es lícito, necesario y proporcionado, que se han evaluado sus riesgos y que existe una supervisión humana real cuando resulte exigible.

Así se desprende del documento de la AEPD, Sistemas algorítmicos en el ámbito laboral. Transparencia y garantías de protección de datos, de 7 de octubre de 2026, que analiza las obligaciones derivadas del Real Decreto 723/2026 y las relaciona con la advertencia AI-00009-2026 de la propia Agencia.

Se abordan dos supuestos distintos:

1. En primer lugar, se aborda la cuestión de si es posible percibir dos pensiones de jubilación activa cuando una persona que está integrada en dos regímenes distintos en situación de pluriactividad, [por ejemplo, en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) y en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS)], y accede a la pensión de jubilación en cada uno de los regímenes cumpliendo en ambos los requisitos para el acceso a la jubilación activa y mantiene o inicia en uno de ellos un trabajo.

2. En segundo lugar, se aborda la cuestión de cómo proceder en aquellos casos en los que la persona interesada se encuentra trabajando en dos regímenes distintos en situación de pluriactividad y pretende acceder a la pensión de jubilación activa únicamente en uno de ellos mientras continúa trabajando en el otro régimen.

• Criterio de gestión del INSS núm. 22/2026

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

El asunto versa sobre la procedencia del reintegro a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social del importe del subsidio por IT abonado a una persona a quien, por resolución judicial, se le reconoció una incapacidad permanente IP con efectos anteriores al inicio del proceso de IT.

• Criterio de gestión del INSS núm. 21/2026
  

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, con el objetivo de adaptar su contenido a las últimas modificaciones legislativas y continuar reforzando el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la mejora de este servicio público.

Entre las principales novedades, destacan la regulación de la asistencia jurídica inmediata a algunos colectivos especialmente vulnerables, la mejora de determinadas compensaciones del turno de oficio y la incorporación de una compensación específica para los abogados que alcancen acuerdos a través de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, evitando que los asuntos lleguen a los tribunales.

Refuerzo de la protección de las víctimas y de las personas vulnerables

El nuevo reglamento recoge las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la asistencia jurídica inmediata a las víctimas del terrorismo y de trata de seres humanos, a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las mujeres y personas menores de edad víctimas de violencia sexual.

El asunto versa sobre el requisito de estar de alta en la actividad correspondiente en la fecha del hecho causante de la pensión para acceder a la jubilación anticipada por la actividad de bomberos y bomberos forestales al servicio de las administraciones y organismos públicos; agentes forestales y medioambientales al servicio de las Administraciones públicas; policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local.

• Criterio de gestión del INSS núm. 20/2026
  

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)