Noticias

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco, que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. La norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La reforma supone la actualización más relevante de la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de una década. El texto responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven, y al auge de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar o shisha, las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar, cuya venta y suministro quedarán limitados a tiendas especializadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma integral que sustituye al marco normativo vigente desde 2015 para adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales actuales. Este nuevo texto legal busca garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante un modelo de evaluación independiente y sistemas de precios competitivos.

Entre los principales cambios, el proyecto de ley incorpora nuevos instrumentos para evitar desabastecimientos, generar más competencia en precios, facilitar el acceso temprano a medicamentos innovadores y adaptar la prescripción y la dispensación a las nuevas necesidades del SNS.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la conocida como Ley Zerolo; y a normativa europea.

La Autoridad es la entidad independiente encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas y en los ámbitos de la Ley 15/2022, tanto en el sector público como en el privado, y gracias al Estatuto se podrá, entre otras cuestiones, concretar sus funciones, así como desarrollar su estructura organizativa, su funcionamiento interno, el régimen jurídico aplicable en materia de personal, contratación, financiación, etc.

Las bajas laborales han vuelto a situarse en el centro de la actualidad debido al incremento de los procesos de incapacidad temporal registrados durante los últimos años. Los datos de la Seguridad Social muestran que la prevalencia de las bajas por contingencias comunes entre trabajadores asalariados ha pasado de 29,14 procesos por cada mil trabajadores en 2016 a 53,73 en 2025, lo que supone prácticamente duplicar su frecuencia en una década. Por su parte, las estimaciones disponibles sitúan por encima de los 35.000 millones de euros el coste conjunto de la incapacidad temporal para la Seguridad Social y las empresas en 2025.

Este aumento ha puesto el foco sobre la gestión de las bajas laborales, el absentismo y los mecanismos de control existentes. Sin embargo, más allá de los datos y del debate público, es importante conocer cómo funciona realmente una situación de incapacidad temporal, quién puede emitir una baja médica y qué obligaciones deben cumplir tanto los trabajadores como las empresas durante este periodo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado (AGE). Esta norma es un mandato de la ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social.

En concreto, el texto establece unos requisitos para que las entidades puedan obtener el reconocimiento de entidad colaboradora con la AGE, fortaleciendo el papel del Tercer Sector como interlocutor esencial en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales, al tiempo que impulsa una colaboración más estable y eficaz entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada.

Entre los requisitos que se establecen para acceder a esta distinción de entidad colaboradora se encuentran los de desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos y subvenciones públicas, disponer de estructura y medios suficientes o haber obtenido el certificado de un sistema de evaluación de la calidad y mejora continua.

La norma, además, crea la Comisión de Evaluación integrada por representantes de diez ministerios, que será el órgano encargado de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esta comisión estará presidida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de becas destinadas a sufragar los gastos de preparación de las pruebas selectivas de acceso libre a los cuerpos y escalas adscritos al departamento. La medida, publicada en el BOE del 10 de julio mediante la Orden ISM/704/2026, de 8 de julio, pretende eliminar barreras económicas y facilitar que el acceso al empleo público se produzca en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán dirigidas a quienes preparen las oposiciones bajo la dirección de un centro especializado o de preparadores que reúnan los requisitos establecidos en la norma. La orden precisa que no bastará con utilizar plataformas o sistemas parciales de preparación, sino que esta deberá estar orientada a la superación del conjunto de ejercicios del correspondiente proceso selectivo.

Entre los criterios de valoración tendrán un peso determinante la situación económica de las personas solicitantes –que podrá alcanzar hasta 60 puntos– y los resultados obtenidos en la última convocatoria de la oposición, además de contemplarse puntuación adicional para víctimas de violencia de género o terrorismo. Asimismo, el 10 % de las becas se reservará para personas con discapacidad igual o superior al 33 %.