Trabajadores fijos discontinuos. Empresa que se salta el orden de llamamiento por antigüedad que correspondía a la actora, contratando a nuevas trabajadoras y llamando a otras que tenían menos antigüedad que ella. Anticipación por la empresa en el acto del juicio de la opción por la indemnización, para el caso de declaración de improcedencia del despido (artículo 110.1 a) LRJS). Determinación de si conlleva el abono de salarios de tramitación.

En caso de declaración de improcedencia del despido, la empresa puede optar por la readmisión o por el abono de la indemnización legal. Si opta por la indemnización, ello determina la extinción del contrato de trabajo, que se entiende producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. En el derecho vigente, solo «en caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación» (artículo 56.2 ET). No obstante, de conformidad con el artículo 110.1 a) de la LRJS, en el supuesto de improcedencia del despido, el titular de la opción entre readmisión o indemnización (en nuestro caso, la empresa) puede anticipar su opción en el acto del juicio, mediante expresa manifestación en tal sentido.

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT). Posibilidad de extinción indemnizada de la relación laboral sin necesidad de acreditar el perjuicio sufrido. Empresa que comunica a la trabajadora el 22 de junio de 2022 una modificación de la distribución de la jornada (en aplicación de lo dispuesto en el art. 41.1 del ET), con efectos el 11 de julio de 2022, sin que en ningún momento fuera aplicada, dejando sin efecto la medida el 7 de noviembre de 2022 mediante carta, señalando que nunca tuvo efectos vinculantes para ella.

Para que proceda la rescisión indemnizada del contrato de trabajo no basta con que estemos ante una MSCT tramitada como tal, sino que debe acreditarse la existencia de un perjuicio relevante, prueba cuya carga incumbe a quien lo sufre por ser el elemento constitutivo de su pretensión y por ser la parte que mejor conoce el daño y puede probarlo. En cualquier caso, es imposible presumir la existencia del perjuicio, al no existir ninguna disposición legal que lo permita. Si el legislador hubiera querido que toda MSCT comportara el derecho a que las personas afectadas pudieren extinguir su contrato con derecho al percibo de la indemnización expuesta (art. 41.3 ET) y acceder a la situación legal de desempleo (art. 267.1. 5º LGSS) tenía que haber redactado el artículo 41.3 del ET en otros términos. Porque en él no hay automatismo, sino supeditación de la facultad tipificada a que concurra una circunstancia adicional a la de haberse introducido un cambio relevante en las condiciones de empleo. Que el sujeto afectado «resultase perjudicado» significa que lo uno (introducción de una MSCT afectante a la jornada) no comporta lo otro (perjuicio). La realidad ha mostrado casos de alteración de la jornada carentes de consecuencias desfavorables para determinados trabajadores.

La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social (BOE de 9 de abril y corrección de errores BOE de 10 de abril), en vigor -con la excepción que se apuntará- el 10 de abril de 2026, no crea un régimen completamente nuevo, sino que reordena y actualiza cuatro textos ya existentes: la Ley 27/1999, de Cooperativas; la Ley 44/2007, de empresas de inserción; la Ley 5/2011, de Economía Social; y la Ley 20/1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas.

Su propósito en líneas generales es digitalizar el funcionamiento interno de las cooperativas, reforzar la igualdad, redefinir y ampliar el marco de las empresas de inserción, clarificar el ecosistema de la economía social y reconocer fiscalmente nuevas fórmulas cooperativas, especialmente en vivienda. Veamos las novedades que presenta la nueva regulación:

• COOPERATIVAS: del texto clásico a un modelo más digital, más exigente en igualdad y más severo frente a las «falsas cooperativas»
• EMPRESAS DE INSERCIÓN: ampliación subjetiva, nueva terminología y adaptación al paradigma de estabilidad en el empleo
• ECONOMÍA SOCIAL: se aclaran las entidades, aparece la «empresa social» y el catálogo pasa a ser una herramienta estadística
• RÉGIMEN FISCAL: reconocimiento expreso de la cooperativa de vivienda en cesión de uso

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

• Este órgano consultivo del Gobierno es clave para garantizar el funcionamiento ético de las empresas en materia social
  
• Participan sindicatos, empresas, administración y otros actores
  
• El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere atender a los desafíos medioambientales y sociolaborales en un contexto de profundas y rápidas transformaciones
  
• Trabajo y Economía Social desarrollará un Sello de Empresa Socialmente Responsable

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y Ministras, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano consultivo del Gobierno, clave para garantizar el funcionamiento ético de las empresas en materia social, que llevaba una década inactivo.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  

• El texto tiene por objetivo el respeto, la inclusión y la protección de las personas trans en todo momento
  
• El acompañamiento se prevé antes, durante y una vez terminado el proceso de transición
  
• El protocolo pone en el centro a las personas trans que tendrán garantías y potestad de decisión protegiendo su dignidad e intimidad

En los últimos meses se ha abordado en el marco del diálogo social la elaboración de un modelo voluntario de protocolo que facilite y agilice los procesos de acompañamiento al colectivo de personas trans en el ámbito de la empresa, siempre que la persona trabajadora quiera activarlo.

• TC. El Tribunal Constitucional establece que los legisladores autonómicos no pueden extender un concreto régimen de Seguridad Social, mediante la clasificación profesional de puestos de trabajo, a supuestos no previstos en la normativa estatal
• TS. Pacto de no concurrencia poscontractual nulo e incumplido. ¿Está obligado el trabajador a devolver el importe percibido en concepto de superior salario acordado como contraprestación?
• TS. Dirección artística versus dirección laboral: el caso del coro del Teatro Real y por qué no existe cesión ilegal de trabajadores
• TS. Despido objetivo por ineptitud sobrevenida: límites y carga de la prueba de la obligación de readaptación y recolocación en un puesto de trabajo compatible
• TS. La TGSS no está obligada a suscribir un convenio especial para mayores de 55 años cuando la relación laboral se extingue por despido colectivo, la empresa incumple su obligación de hacerlo y la persona afectada no lo solicita en plazo
• TS. Jubilación. Responsabilidad empresarial por infracotización al existir dudas sobre la naturaleza de la relación laboral. La empresa es responsable del abono de la diferencia en la base reguladora de la pensión
• TS. Subsidio de desempleo. Suspensión por nueva contratación laboral inferior a 12 meses. Requisitos para que pueda reanudarse
• AN. No cabe iniciar el permiso por hospitalización de parientes después del alta hospitalaria, aunque persista la necesidad de recibir cuidados en el domicilio y el familiar no haya obtenido el alta médica
• TSJ. Lesiones graves sufridas en la boca durante un partido de baloncesto organizado por la universidad en la que se estudia: el seguro escolar responde de los gastos de odontología, aunque el afectado figurara afiliado a la Seguridad Social

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