La escalada del conflicto en Irán ya se deja notar en el bolsillo de los consumidores y en la economía española. En apenas unos días desde que comenzó el enfrentamiento, la gasolina y el diésel registraron la mayor subida en nuestro país de los últimos cuatro años.
El mercado eléctrico también se ha visto alterado por su dependencia del gas, de manera que el precio de la electricidad se ha disparado, hasta el punto que las grandes energéticas han retirado sus tarifas de luz y gas a precios fijos.
Estas subidas se explican por el cierre del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte de petróleo y gas, y por la volatilidad de los mercados internacionales, que han elevado el precio del barril de Brent a niveles no vistos desde 2022.
El impacto de esta tensión energética afecta tanto a los empleados como a las empresas, que ven incrementados sus costes. Este incremento puede trasladarse a los precios finales de sus productos o afectar a su rentabilidad.
En este contexto, los trabajadores ven cómo se reduce su poder adquisitivo, lo que intensifica la presión sobre las políticas retributivas para que diseñen salarios y beneficios adecuados para los trabajadores.
