Selección de jurisprudencia (del 1 al 15 de junio de 2018)

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TS. Es nulo el cese durante julio y agosto de los profesores interinos de centros no universitarios

TS. Es nulo el cese durante julio y agosto de los profesores interinos de centros no universitarios

Personal docente interino. Cese al final del periodo lectivo del curso escolar basado en la causa de que en los meses de julio y agosto desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento. Trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera al cobrar estos las retribuciones correspondientes a dichos meses.

En el caso analizado, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para el que el funcionario interino fue nombrado, que no son solo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc., con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación.

La indemnización extintiva de los interinos (y demás temporales): ¿fin de la historia o nuevo capítulo sin fin?

La «nueva» doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las Sentencias de 5 de junio de 2018, asuntos Montero Mateos (C‑677/16) y Grupo Norte Facility (C‑574/16), rectifica la «doctrina Diego Porras» ofreciendo al operador jurídico algunas certezas y abriendo nuevos escenarios de incertidumbre jurídica que son analizados por el Profesor Molina Navarrete en el «Diálogo con la jurisprudencia» de la RTSS.CEF que se ofrece aquí en abierto.

Los profesores externos de máster universitario son autónomos: donde la ITSS sólo ve «falsos autónomos», algunos jueces ven verdaderos colaboradores

Inmersa como está en una intensa, valiente y loable batalla contra los viejos y «nuevos yacimientos de falsos autónomos» (título del análisis de actualidad que se publicará en el número de julio de la RTSS.CEF), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) acaba de recibir un revés judicial. En esta afanosa búsqueda por hacer visible lo invisible, por evidenciar cuán falso es lo que se presentaría por muchas empresas como verdadero, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, su Sala Social, en Sentencia 152/2018, de 17 de mayo, no ha considerado que resulten falsos autónomos los profesores colaboradores externos que imparten clases en títulos de másteres, sean propios –es el caso– sean oficiales –como sucede en muchos casos–. Asediadas como están en estos momentos también las universidades, en muchos casos con total razón, para nuestro lamento, por la proliferación de prácticas fraudulentas de contratación, en especial por ser un desbordante y desbordado «yacimiento de falsos asociados» (pero también de «falsos interinos» y otras modalidades contractuales), con un número incontable de sentencias condenatorias a lo largo y ancho de la geografía española, ahora recibirían un poco de aire por parte de la justicia social navarra.

El derecho a estar cómodamente sentado en el puesto de trabajo y otras recomendaciones para cuidar tu salud en la oficina

El derecho a estar cómodamente sentado en el puesto de trabajo y otras recomendaciones para cuidar tu salud en la oficina

Antonio y María acaban de incorporarse a una empresa donde realizarán trabajos administrativos, pero lo que no saben antes de ocupar su puesto es que sus compañeros les han cambiado las sillas dejándoles las más viejas de la oficina. Antonio se sienta y comprueba que no se encuentra cómodo, se levanta y solicita a su superior una silla nueva, pidiendo además poder probarla antes; sin embargo María no se atreve y procura apañárselas en una silla que se asemeja más a un instrumento de tortura.

A los dos meses María no soporta el dolor de espalda y tiene que cogerse una baja laboral, mientras que Antonio continua realizando su trabajo con normalidad, aunque a sus compañeros le extrañan algunos movimientos que hace con el cuello.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación genérica del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo, siendo para los trabajadores de oficina sus sillas y pantallas de ordenador factores de riesgos laborales.

Según la Abogada General Kokott el cese de los profesores interinos al comienzo de las vacaciones es contrario al Derecho de la Unión

La Abogada General Kokott considera que ni la naturaleza de la relación de servicio de los funcionarios interinos, ni la menor necesidad de docencia al finalizar el período lectivo, ni la pretendida excesiva carga para las finanzas públicas pueden servir para justificar una discriminación.

Despido colectivo de trabajadoras embarazadas: nueva rebelión contra el TS de un tribunal autonómico (catalán) a cuenta del Tribunal de Luxemburgo

En contra del TS, el TSJ de Cataluña, con el aval del TJUE, exige comunicar en la carta individual, con precisión, los motivos del despido económico.

Para la Sentencia del TSJ de Cataluña 2520/2018, de 26 de abril (que se comentará en el número de agosto-septiembre de la RTSS.CEF), conforme a la doctrina del TJUE, a diferencia de lo que viene sosteniendo el TS, además de la causa motivadora del despido –en este caso económica–, es exigible indicar en la carta de despido: «los criterios objetivos que se han seguido para la designación de la trabajadora afectada por el despido». Aunque es cierto que, para el caso concreto, la sala social catalana convalida el despido de la trabajadora, abre, para casos futuros (el TSJ de Castilla y León/Valladolid ha dictado una sentencia -28 de mayo de 2018, rec. 713/2018- que declara la nulidad por insuficiencia de comunicación), una nueva vía de contraste entre la Alta instancia judicial social nacional y las Altas instancias  autonómicas («¿rebeldes con causa?»).