El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad el sistema público de pensiones (BOE de 17 de marzo), contiene el segundo bloque de reformas previstas en el Pacto de Toledo y se enmarca en la senda de cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Las reformas se articulan principalmente a través de modificaciones en el texto de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), debiéndose prestar especial atención a su fecha de entrada en vigor. A continuación, se da cuenta de cada una de las medidas, ofreciéndose, como apoyo y material de consulta, un cuadro comparativo.

• TOPE MÁXIMO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
• PENSIÓN MÁXIMA
• PENSIONES RECONOCIDAS AL AMPARO DE NORMAS INTERNACIONALES
• MEDIDAS DIRIGIDAS A REDUCIR EL IMPACTO QUE LA BRECHA DE GÉNERO TIENE EN MATERIA DE PENSIONES
• MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL Y FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
• GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL
• ADECUACIONES DE LA LGSS A LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO
• PROTECCIÓN DE LOS MENORES CON CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE
• BASE REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
• INTEGRACIÓN DE LAGUNAS
• ALUMNOS QUE REALICEN PRÁCTICAS FORMATIVAS O PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN
• PENSIONES MÍNIMAS
• PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL INGRESO DE DIFERENCIAS EN LA COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR
• REGULARIZACÍON EXTRAORDINARIA DE LA APORTACIÓN EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA DEL EJERCICIO 2022
• APLICACIÓN TRANSITORIA DE BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS
• COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y PENSIÓN DE JUBILACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Función Pública, una norma clave en esta legislatura para reformar las Administraciones Públicas (AAPP) y profundizar en la modernización de los servicios públicos. El texto será remitido al Congreso de los Diputados, donde se solicitará su tramitación por la vía de urgencia. Con este paso, se pone en marcha uno de los compromisos asumidos por España ante la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La futura legislación, que fue aprobada en primera vuelta el pasado 20 de diciembre de 2022, ha superado en este tiempo un proceso de información pública en el que se han recibido más de 1.000 aportaciones de 400 participantes. Su contenido también ha sido negociado con las organizaciones sindicales dentro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del S. XXI y de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Estas conversaciones han fructificado con un apoyo expreso a la norma de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas.

Esta hoja de ruta para el desarrollo y mejora de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en los próximos años es el decimoséptimo acuerdo con diálogo social.

En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadores que surgen ante un mundo laboral cambiante.

• La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 27 de febrero de 2023, abre nuevas expectativas respecto a la protección relativa a las prestaciones vinculadas al suicidio relacionado con el trabajo.
• Ofrece tres aportaciones muy relevantes:
  1. considera la inexistencia de evaluación de riesgos psicosociales como factor de responsabilidad cuando se omite en situaciones de conflicto laboral, mostrando el primer precedente en que, anticipadamente, la Inspección de Trabajo declara la existencia de un suicidio como accidente laboral con propuesta de recargo de prestaciones;
  2. clarifica las situaciones en que un suicidio puede considerarse accidente de trabajo, y
  3. muestra la aparición novedosa de la «autopsia psicológica» como medio de prueba.

Un itinerario es una ruta a seguir para llegar al final de un camino o meta. Los itinerarios formativos constituyen una hoja de ruta a largo plazo, en donde se programan de forma ordenada actividades formativas.

El principal objetivo de los itinerarios formativos es alcanzar una determinada meta, que suele ser desarrollar la competencia o competencias profesionales necesarias para capacitar a un trabajador para desempeñar un determinado puesto de trabajo. Se trata, pues, del pilar central sobre el que se sustenta cualquier plan de formación de una empresa.

Los itinerarios formativos son utilizados por las Administraciones públicas para la capacitación competencial profesional de determinados funcionarios, para la orientación de estudiantes y por las empresas para el desarrollo profesional de sus trabajadores.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Jaén

«Porque hay quien llora y es por otros
por eso es necesario ir al poema
a darle con su antorcha luz al mundo
[…]
para defender con espadas de tinta
a quienes nunca son portada.
Darle voz a quien no la tiene
[…]»
Marwan (Ya solo venden los poemas de amor)

1. ¿Resulta realmente consciente la doctrina jurisprudencial de la realidad sociolaboral? Es una evidencia empírica, además de un drama personal y una profunda disfunción o anomalía socioeconómica, que quedarse sin un empleo «a las puertas» de la jubilación perjudica de forma notable las oportunidades de mantener una adecuada calidad de vida. Esta situación dificulta encontrar un nuevo empleo, más del nivel retributivo y profesional del perdido, elevando notablemente el riesgo de exclusión social. Realizadas estas afirmaciones de experiencia, la sucesión de datos que las avalarían es contundente:

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se ha publicado en el BOE de 1 de marzo y entrará en vigor el 2 de marzo de 2023.

El ámbito del trabajo, como apunta la profesora Marta Arrúe Mendizábal en el último número de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, continúa siendo un espacio adverso para las personas LGTBI y, de manera muy especial, para las personas trans. La publicación hoy de la controvertida «Ley trans» supone un importante avance para la protección de los derechos de estas personas, principalmente por el reconocimiento de su libertad individual para decidir, exteriorizar y vivir de acuerdo con el sexo con el que cada cual se reconoce.