La reciente entrada en vigor de la obligación del registro de la jornada de trabajo, a la que se une la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da la razón a Comisiones Obreras en la demanda que interpuso contra el Deutsche Bank, para que pusiera en marcha un registro de control de la jornada laboral diaria, parecen poner el punto y final a esta historia.

El control de los horarios de los trabajadores parece pues que se consolidará, por lo que a las empresas no les queda más remedio que adaptarse a la nueva normativa o arriesgarse a recibir importantes sanciones de la inspección laboral.

Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se han recibido en la Dirección General de Trabajo diversas consultas en materia de registro de jornada.

Por ello, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha elaborado este documento con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social.

Publicada la guía de contratos del SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado una Guía de Contratos que recoge toda la información sobre contratos de trabajo e incentivos, actualizada a abril 2019.

En este link pueden consultar todas las Guías publicadas por el SEPE.

Extinción de contrato temporal. Corredor de equipo ciclista. Cláusula contractual en la que se especifica que el trabajador tiene derecho a percibir 170.000 euros en concepto de salario y otro tipo de retribución, particularmente la indemnización por fin de contrato, acordando las partes descontar la indemnización que en derecho pueda corresponder al trabajador por la finalización del acuerdo, de la cantidad a percibir en el último año de vigencia del contrato.

No existe norma alguna que prohíba el prorrateo mensual de la indemnización por fin de contrato, no siendo esta práctica fraudulenta salvo que exista una clara demostración de que, bajo el importe de la liquidación, se esconden conceptos salariales. De este modo, el prorrateo de la indemnización por fin de contrato, siempre que sea a cuenta de lo que finalmente pueda corresponder al trabajador, es válido, resultando tal forma de abono favorable a sus intereses, puesto que le asegura la percepción de la indemnización de manera anticipada a la finalización de su contrato temporal.

La historia del registro del control del tiempo de trabajo es digna de una serie de intriga en la que sus diferentes protagonistas serían una garantía de su éxito ya que tenemos a empresarios, inspectores de trabajo, banqueros, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo contradiciéndose y, finalmente, al Gobierno, que con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, ha puesto punto y final a esta trepidante historia, al incluir en el Estatuto de los Trabajadores la obligatoriedad del registro del tiempo de trabajo. De esta manera el Gobierno busca limitar la realización de horas extraor

Incapacidad permanente absoluta –IPA– (cocinero). Trabajador aquejado de una enfermedad aguda cerebrovascular, hemiplejía y crisis convulsivas. Compatibilidad con la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial (programador informático con una jornada continuada de 6 horas diarias de lunes a viernes).

La Sra. Violeta Villar Láiz impugnó el cálculo de su pensión de jubilación realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El importe de su pensión se calculó tomando en consideración el hecho de que la Sra. Villar Láiz había trabajado a tiempo parcial durante una parte importante de su vida laboral. La Sra. Villar Láiz alega que la diferencia de trato establecida por la normativa nacional da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.

Tras ser desestimada su demanda, la Sra. Villar Láiz interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este Tribunal expone que, en la mayoría de los casos, las reglas del Derecho español relativas al cálculo del importe de las pensiones de jubilación tienen efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial, y considera que la legislación española da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria a la Directiva sobre el principio de igualdad de trato¹, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2017, el 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres.