Apenas una semana después de que hablara de nuevo el oráculo luxemburgués, el TJUE, una sala social de suplicación (la castellano y leonesa vallisoletana), ya ha ensayado una solución al nuevo enigma creado por el TJUE (contratos temporales de duración inusualmente larga). Eso sí, la respuesta conlleva otro enigma: ¿inusualmente larga será más de 24 meses o más de 36 meses? «El descifrador que lo descifre, buen descifrador será».

El «diálogo» del Director de la RTSS.CEF, recogido en el número de julio, se ofrece de nuevo aquí EN ABIERTO, ahora incluyendo este nuevo pronunciamiento.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2018.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

• TS. Es laboral la relación que une a los profesores con las academias que imparten cursos de formación profesional ocupacional
• TS. No es necesario que el contrato de relevo (celebrado durante 2008) para cubrir jubilaciones parciales con reducción de la jornada de trabajo y del salario superior al 75 % (hasta el 85 %) sea indefinido y a tiempo completo
• TS. Transmisión de empresa. Responsabilidad solidaria de 3 años prevista en el artículo 44.3 del ET. ¿Actúa como singular plazo de prescripción?
• TS. Modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo vestida de ius variandi empresarial. El plazo de caducidad de 20 días para la impugnación es aplicable en todo caso
• TS. Es nulo el cese durante julio y agosto de los profesores interinos de centros no universitarios
• TS. La TGSS es competente para comprobar si la baja del trabajador en Seguridad Social comunicada por la empresa es voluntaria o involuntaria
• TS. Las cotizaciones realizadas en una actividad durante la suspensión por incompatibilidad de la prestación de IPA son computables para el cálculo de la base reguladora de la pensión restablecida
• TS. Cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación de trabajador migrante que acredita periodos de cotización en España y Bélgica. El Supremo rectifica su doctrina
• TSJ. Cese por ineptitud sobrevenida y mejora voluntaria con base en el mismo proceso patológico: cabe exigir las dos indemnizaciones al empresario
• TSJ. Las complicaciones derivadas de una operación de cirugía estética sí dan derecho a subsidio de incapacidad temporal
• JS. Reparto de comida preparada a domicilio. El caso Deliveroo. Existe relación laboral

Consulte aquí en formato pdf

Personal docente interino. Cese al final del periodo lectivo del curso escolar basado en la causa de que en los meses de julio y agosto desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento. Trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera al cobrar estos las retribuciones correspondientes a dichos meses.

En el caso analizado, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para el que el funcionario interino fue nombrado, que no son solo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc., con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación.

La «nueva» doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las Sentencias de 5 de junio de 2018, asuntos Montero Mateos (C‑677/16) y Grupo Norte Facility (C‑574/16), rectifica la «doctrina Diego Porras» ofreciendo al operador jurídico algunas certezas y abriendo nuevos escenarios de incertidumbre jurídica que son analizados por el Profesor Molina Navarrete en el «Diálogo con la jurisprudencia» de la RTSS.CEF que se ofrece aquí en abierto.

Inmersa como está en una intensa, valiente y loable batalla contra los viejos y «nuevos yacimientos de falsos autónomos» (título del análisis de actualidad que se publicará en el número de julio de la RTSS.CEF), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) acaba de recibir un revés judicial. En esta afanosa búsqueda por hacer visible lo invisible, por evidenciar cuán falso es lo que se presentaría por muchas empresas como verdadero, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, su Sala Social, en Sentencia 152/2018, de 17 de mayo, no ha considerado que resulten falsos autónomos los profesores colaboradores externos que imparten clases en títulos de másteres, sean propios –es el caso– sean oficiales –como sucede en muchos casos–. Asediadas como están en estos momentos también las universidades, en muchos casos con total razón, para nuestro lamento, por la proliferación de prácticas fraudulentas de contratación, en especial por ser un desbordante y desbordado «yacimiento de falsos asociados» (pero también de «falsos interinos» y otras modalidades contractuales), con un número incontable de sentencias condenatorias a lo largo y ancho de la geografía española, ahora recibirían un poco de aire por parte de la justicia social navarra.

Antonio y María acaban de incorporarse a una empresa donde realizarán trabajos administrativos, pero lo que no saben antes de ocupar su puesto es que sus compañeros les han cambiado las sillas dejándoles las más viejas de la oficina. Antonio se sienta y comprueba que no se encuentra cómodo, se levanta y solicita a su superior una silla nueva, pidiendo además poder probarla antes; sin embargo María no se atreve y procura apañárselas en una silla que se asemeja más a un instrumento de tortura.

A los dos meses María no soporta el dolor de espalda y tiene que cogerse una baja laboral, mientras que Antonio continua realizando su trabajo con normalidad, aunque a sus compañeros le extrañan algunos movimientos que hace con el cuello.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación genérica del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo, siendo para los trabajadores de oficina sus sillas y pantallas de ordenador factores de riesgos laborales.