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El Tribunal Supremo pone coto a la temporalidad de los contratos por obra y servicio

Empresario revisando un contrato y reloj sobre la mesa

La tasa de temporalidad laboral en España es un problema estructural de nuestro país, duplica casi la de la Unión Europea y alcanza también diferencias internas importantes entre nuestras regiones, siendo el contrato por obra y servicio una de las herramientas que se utilizan para la realización de estos contratos temporales.

Con la crisis económica que está generando la covid-19 esta tasa se está reduciendo, pero no porque las empresas estén realizando más contrataciones indefinidas, sino porque estos contratos temporales no se están renovando, o se está despidiendo a los trabajadores bajo esta fórmula de contratación.

Sin embargo, a los partidarios de reducir la temporalidad en nuestro país, les ha salido un aliado inesperado, ya que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y rechaza la limitación temporal de los contratos de trabajo a la duración de las contratas.

Selección de jurisprudencia (del 1 al 15 de enero de 2021)

Jurisprudencia. Imagen de una zona de Madrid nevada

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TS. Empresas cuya actividad consiste en prestar servicios para terceros. El Supremo rectifica su doctrina y señala ahora que no pueden vincular la duración del contrato de obra o servicio de sus trabajadores a la duración de la contrata

Contrato de obra; duración; contratas y subcontratas. Trabajador revisando una válvula en una instalación

Contrato de obra o servicio determinado. Posibilidad de justificar su delimitación en el tiempo en atención a la existencia de un vínculo mercantil de la empresa con un tercero. Improcedencia. Trabajador que durante más de 15 años ha llevado a cabo la misma actividad para la misma empresa cliente. Rectificación de la dotrina sostenida por la Sala desde 1997 en la que se precisaba que el contrato para obra o servicio mantenía una causa válida mientras subsistiera la necesidad temporal de empleados, porque la empleadora continuara siendo adjudicataria de la contrata o concesión que había motivado el contrato temporal.

En el presente caso nos encontramos ante un contrato para obra o servicio celebrado en marzo de 2000, con justificación en la contrata adjudicada a la empleadora, cuyo objeto eran las labores de mantenimiento en la sede de la empresa principal. Esa actividad de la parte empleadora se ha mantenido en el tiempo –al igual que lo ha hecho, en los mismos términos, la prestación de servicios del trabajador– pese a diferentes modificaciones de la contrata y, también, pese al cambio de adjudicataria de la misma. Debemos plantearnos la propia licitud de acudir a este tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos en cada caso. Resulta difícil seguir manteniendo que este tipo de actividades justifique el recurso a la contratación temporal y que una empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales.

La Seguridad Social en la LPGE para 2021

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, publicada en el BOE de hoy, aprueba los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y, con ellos, el propio contenido normativo que les da soporte.

Esta norma constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, y, dentro de ellos, las correspondientes a los organismos que gestionan las Seguridad Social. Pero, además de la regulación de las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gastos del sistema de la Seguridad Social, dentro de los que, en el ámbito de la Seguridad Social, hay que destacar las medidas respecto de la actualización de las pensiones y otras prestaciones sociales públicas, así como la determinación de las normas referentes a la cotización, en 2021, a la Seguridad Social, el desempleo, al FOGASA y para la formación profesional, se recogen todo un conjunto de preceptos que afectan a determinadas áreas de la Seguridad Social.

Don José Antonio Panizo Robles, a través del artículo que puede visualizarse pulsando AQUÍ, analiza, el contenido de esta importante norma.

Medidas sociolaborales tras el fin del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE

El Real Decreto-Ley 38/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), de cuya disposición adicional 6ª (prórroga del SMI) se ha dado cuenta en una entrada anterior, recoge un conjunto de medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la finalización el 31 de diciembre de 2020 del periodo transitorio previsto en el «Acuerdo de retirada».

El SMI para 2020 mantiene su vigencia a partir del 1 de enero de 2021 a la espera de un acuerdo

La disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 38/2020, de 29 de diciembre,  prorroga la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, hasta que se apruebe el real decreto por el que se fije el correspondiente a 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.