Mediante el despido el empresario toma la decisión unilateral de acabar con la relación laboral que mantiene con un trabajador, algo que desgraciadamente es más habitual de lo que debiera, ya que con los despidos en muchas ocasiones se pierde tiempo y dinero, aunque por otra parte a veces es la única forma de garantizar la viabilidad de una empresa.

La pandemia que vivimos nos ha familiarizado con los ERTE por fuerza mayor, una especie de despido temporal subvencionado en su mayor parte por el Estado, pero aun así, desgraciadamente, muchas empresas tardarán en retomar sus niveles de actividad previos a la crisis. En esta tesitura, no son capaces de afrontar los costes salariales de sus plantillas y tienen que buscar la mejor forma de extinguir los contratos laborales de estos, bien sea a través despidos de manera individual o colectiva.

El Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo (BOE de 12 de mayo), en vigor el 12 de agosto de 2021, modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España.

El fin del estado de alarma y la persistencia de la crisis sanitaria debida a la COVID-19 ha puesto sobre la mesa el debate de si la legislación sanitaria ofrece el marco normativo suficiente para que las autoridades de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en esta materia puedan adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales. La reforma de la LRJCA, llevada a cabo por el RDL 8/2021, implica un posicionamiento a favor de esta tesis por parte del Gobierno-Legislador pero ¿qué opinan al respecto quienes presiden las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ y de la AN?

A continuación se reproducen las conclusiones a las que se llegó en la reunión mantenida el pasado 3 de mayo.

El fin de la vigencia del estado de alarma y la necesidad de que mientras subsistan los efectos negativos de la pandemia continúen aplicándose determinadas medidas adoptadas durante el mismo y que decaerán en ese momento, fundamentan el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo) que, entrando en vigor el próximo 9 de mayo, establece medidas referidas a:

El pan ha sido el sustento principal de la población durante muchos siglos y afortunadamente, aunque cada vez sean más los hogares en los que no entran los ingresos de las nóminas, es raro que falte en las mesas de nuestro país.

Entre enero y marzo de 2021 se destruyeron 137.500 empleos, por lo que muchos de estos trabajadores habrán prestado mayor atención a sus últimas nóminas, para calcular lo que les pueda corresponder de finiquitos y prestaciones.

La palabra nómina hace referencia al pago de salarios. Según la RAE es la «relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido», o los «haberes que ha de percibir el trabajador que figura en nómina».

• TJUE. La falta de presentación de las hojas de registro del tacógrafo relativas al día en curso y los 28 anteriores supone una única infracción y sanción
• TS. No toda alteración del sistema de incentivos constituye modificación sustancial de las condiciones de trabajo, máxime si su implantación no fue producto de pacto y no se configuró como derecho consolidado
• TS. No está prescrita la acción de conflicto colectivo interpuesta contra decisión empresarial de distribución irregular de la jornada presentada más de 1 año después de la efectividad de la medida, si esta sigue vigente y aplicándose
• TS. Sindicato más representativo a nivel autonómico. Puede constituir sección sindical acudiendo a la agrupación de centros de trabajo, aunque no tenga representación en todos y en ninguno alcance la suma de 250 trabajadores, pero sí en su conjunto
• TS. Sanciones en el orden social: dies a quo de la prescripción. Efectos que produce el recurso de alzada resuelto 8 años después de su interposición
• AN. Teletrabajo a raíz del estado de alarma. La empresa no puede imponer unilateralmente la jornada continuada con supresión de la hora de descanso para comer y del ticket restaurante
• TSJ. COVID-19. La Comunidad de Madrid vulneró los derechos de los médicos de familia en materia de integridad física y salud al no cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
• TSJ. Es accidente de trabajo el infarto sobrevenido en el domicilio cuando este es el lugar de trabajo y siempre que coincida con el horario laboral
• JS. La solicitud de conciliación mediante teletrabajo ex artículo 34.8 del ET no puede denegarse solo por estar negociándose colectivamente su implantación en ese momento
• JS. El abono del complemento de maternidad denegado injustamente por ser el demandante hombre debe retrotraerse al momento mismo de reconocimiento de la pensión, aunque hayan transcurrido más de 3 meses

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El Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, RDL), publicado en el BOE del 28 de abril, incorpora al derecho español, entre otras, la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.