• TJUE. Los convenios colectivos pueden reconocer permisos adicionales de maternidad para proteger la condición biológica de las madres que cuidan de sus hijos ellas solas
• TS. Reversión del servicio de limpieza que es asumido por una entidad pública con sus propios medios. La subrogación convencional contemplada en el convenio sectorial no vincula a la Administración, máxime si dispone de regulación propia
• TS. Responsabilidad del Fogasa. Una vez declarada la empresa en concurso, el art. 33.3 del ET es de aplicación a todos los créditos –salariales e indemnizatorios– de los trabajadores, con independencia del título concursal o extraconcursal de la deuda
• TS. Supresión unilateral por la empresa de la cesta de Navidad. El Supremo confirma la importancia de reclamar en el plazo de 1 año para evitar su desaparición como condición más beneficiosa
• TS. Pérdida de vigencia del convenio colectivo durante el periodo de consultas seguido para su inaplicación conforme al artículo 82.3 del ET, de manera simultánea con un procedimiento de MSCT. La contractualización de las condiciones retributivas obliga a un nuevo procedimiento de MSCT
• TS. Jubilación parcial y contrato de relevo. El fallecimiento del trabajador relevado no determina el cese del contrato del relevista, que se mantiene en sus propios términos hasta la fecha prevista de jubilación total del sustituido
• TS. No puede acumularse en una misma persona el crédito horario como miembro del comité de empresa y el correspondiente a la condición de delegado sindical, mientras se ostente esa doble cualidad
• TS. Prestación en favor de familiares. Los requisitos de acceso deben concurrir en el momento del hecho causante, por lo que la separación de hecho no sirve para atribuir a la beneficiaria la condición de cónyuge separada legalmente
• AN. El establecimiento por la empresa de un permiso retribuido, obligatorio y recuperable, similar al implantado por el Gobierno durante el estado de alarma, no implica MSCT
• TSJ. En las familias monoparentales, su titular tiene derecho a disfrutar de forma acumulada las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor que corresponden a los dos progenitores

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Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén
Director de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF

«La violencia [contra las mujeres] que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro […] de la recuperación»
(ONU-Mujeres, Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra, 2020)

Ayuntamiento de Madrid. Jubilación parcial y contrato de relevo. Incidencia sobre el contrato de trabajo del relevista, o contrato de relevo, de la muerte del trabajador relevado o sustituido durante la jubilación parcial, antes de la jubilación total.

Es cierto que, en su origen, el contrato de relevo surge de una novación del contrato de trabajo del relevado que convierte su relación de trabajo en empleo a tiempo parcial. Pero esta conexión originaria no determina una dependencia funcional del contrato de relevo respecto de la situación de jubilación-empleo parcial. Prueba de que esta conexión es meramente externa, de coordinación y no de subordinación de un contrato a otro, es que el contrato de relevo suscrito por el relevista puede ser desde el principio un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Por otra parte, la finalidad de la institución del empleo-jubilación parcial es armonizar o combinar los intereses de los sujetos implicados -empleador, relevado y relevista- sobre la base de mantener incólume, en principio, el volumen de empleo existente en la empresa, en lo que concierne a las funciones laborales afectadas. De ello se deduce que el puesto de trabajo afectado por el contrato de relevo, que ha de ser el mismo desempeñado por el jubilado parcial o un puesto de trabajo similar, se ha de conservar, salvo causas económicas justificadas sobrevenidas luego, al menos hasta la jubilación total del relevado. La propia normativa del artículo 12.7 del ET lo viene a decir, de un lado en la letra b), cuando exige una duración mínima del contrato igual al intervalo entre la jubilación parcial y la total, y de otro, en la letra c), cuando impone que la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la duración de la jornada acordada por el trabajador sustituido. En conclusión, la muerte del trabajador relevado es, ciertamente, causa de la extinción de su contrato de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1 e) del ET, y con todas sus consecuencias legales que de ello se derivan. Pero tal acontecimiento no tiene incidencia en el contrato de trabajo del relevista, el cual, se haya suscrito por tiempo indefinido o por una duración determinada, se mantiene vivo y vigente en sus propios términos hasta la fecha concertada prevista de jubilación total del relevado o sustituido.

Tras casi 10 años desde la aprobación de la anterior reformulación del Pacto de Toledo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 19 de noviembre de 2020, el «Informe de evaluación y reforma del Pacto Toledo»,a través del cual la Cámara legislativa vuelve a reafirmar su compromiso con el mantenimiento y defensa de un sistema de Seguridad Social y, dentro del mismo, con el sistema público de pensiones.

Aunque el nuevo Pacto de Toledo contiene 22 recomendaciones, que intentan abarcar todos los aspectos y ámbitos relacionados con la Seguridad Social, en su reformulación destacan dos cuestiones básicas: la vuelta al consenso respecto de la actualización periódica de las pensiones, para que, al menos, mantengan su poder adquisitivo y la consolidación de la separación de las fuentes de financiación, de manera que solo las prestaciones estrictamente contributivas mantengan su financiación básica a través de las cotizaciones sociales, al tiempo que las demás prestaciones y servicios encuentren su cobertura financiera a través de la imposición.

Además, y por su novedad, también han de subrayarse las recomendaciones dedicadas a la juventud, en la convicción de que la Seguridad Social española se asienta, entre otros principios, en un contrato generacional, señalando la necesidad de que el sistema de pensiones cuente con el respaldo de las personas jóvenes, y la relacionada con la incidencia de la digitalización de la economía y de la sociedad en el sistema de Seguridad Social.

De todo ello da cuenta D. José Antonio PANIZO ROBLES en el análisis que se ofrece aquí «en abierto».

• Se extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para la concesión de avales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el fin de garantizar financiación para la cobertura de las necesidades de liquidez o la realización de nuevas inversiones.
  
• A petición del cliente, las entidades financieras ampliarán hasta tres años adicionales, hasta un máximo de ocho años, el vencimiento de los préstamos garantizados con la Línea de Avales del ICO para liquidez.
  
• Asimismo, se podrán extender los períodos de carencia del pago del principal de los préstamos avalados en doce meses y se deberán mantener abiertas las líneas de circulante hasta 30 de junio de 2021.
  

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

En el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, ya se preveía la suspensión de actividades ante el avance de la segunda ola del virus, por lo que se mantienen las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, cuya vigencia estaba previsto que finalizase el 30 de septiembre.

Entre estas medidas, se encuentran las relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor y causas ETOP vinculadas con la COVID-19, que quedan prorrogadas automáticamente hasta el 31 de enero de 2021.