El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (BOE de 21 de marzo y en vigor el 22 de marzo), incorpora un bloque de contenido sociolaboral que se articula en tres grandes líneas: refuerzo de la protección social frente al encarecimiento energético, apoyo a autónomos y sectores especialmente expuestos, y medidas de mantenimiento del empleo vinculadas a las ayudas públicas.

• El Ejecutivo pone en marcha medidas que superan los 5.000 millones de euros para contrarrestar los incrementos del coste de la vida provocados por la guerra ilegal iniciada en Oriente Medio
  
• Dentro del ámbito de la electricidad, se incluye una rebaja del IVA, una reducción del impuesto sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica
  
• Gas natural, briquetas y ‘pellets’ se sumarán a las rebajas en la factura eléctrica y también verán reducido su IVA hasta el 10%
  
• Para profundizar en el abaratamiento de los combustibles, los profesionales, incluidos los del ámbito agrario, dispondrán de una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que empleen para su actividad
  
• Se incluyen en el texto bonificaciones y exenciones destinadas a la rehabilitación energética, la adquisición de coches eléctricos o la instalación de puntos de recarga de estos vehículos
  
• La mayoría de las modificaciones estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio de 2026

Competencias en materia de Seguridad Social. Bomberos forestales de Navarra. Aplicación de coeficiente reductor de la edad de jubilación. Inconstitucionalidad del precepto foral que, mediante la clasificación profesional de puestos de trabajo, extiende un concreto régimen de Seguridad Social a supuestos no previstos en la normativa estatal.

Al objeto de resolver los problemas de interpretación surgidos sobre la aplicabilidad a los bomberos forestales de Navarra del coeficiente reductor de la edad de jubilación regulado en el RD 383/2008 (aplicable a quienes prestaran servicio como bomberos), la disposición impugnada (artículo único de la Ley Foral 5/2024, de 10 de mayo) establece expresamente que los puestos de trabajo de «conductor auxiliar de bombero» y de «peón auxiliar de bombero» -conocidos como bomberos forestales- se consideran pertenecientes a la categoría profesional de «bombero», mediante la introducción de un nuevo párrafo al final del artículo 53.1 de la Ley Foral 8/2005. A estos efectos debe recordarse que la clasificación profesional viene a ser el mecanismo jurídico que conecta al trabajador con el conjunto normativo regulador de su nexo contractual: delimita la prestación en principio exigible, confiere un tratamiento retributivo específico e incide en el tiempo de prestación del trabajo, en la duración del período de prueba, en la cotización y prestaciones del sistema de seguridad social y en el ejercicio de los derechos de representación colectiva.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

• TS. Permisos retribuidos ex art. 37.3 b) del ET. La empleadora no puede exigir que comiencen a disfrutarse necesariamente a partir del primer día laborable siguiente a la producción del evento del que dependen
• TS. A vueltas con el permiso de asistencia al médico cuando se acude a la sanidad privada
• TS. Tiene derecho a la incapacidad permanente total el albañil que sufre la pérdida total de visión en un ojo
• TS. No tiene derecho a pensión de viudedad la mujer que convivió con el causante y tuvo hijos con él, pero sin constituir una pareja de hecho, aunque conste que fuera víctima de violencia de género
• TS. Pensión de viudedad. Separación o divorcio anterior a la LO 1/2004: la mera existencia de una denuncia policial, aunque luego no constara su seguimiento, constituye un sólido indicio de existencia de violencia de género
• TSJ. La implantación de un sistema de fichaje mediante reconocimiento facial sin contar con el consentimiento del trabajador le puede salir muy caro a la empresa
• TSJ. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce la prestación por cese de actividad a un profesional en teletrabajo por la pérdida del único cliente extranjero, aunque no fuera TRADE

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La escalada del conflicto en Irán ya se deja notar en el bolsillo de los consumidores y en la economía española. En apenas unos días desde que comenzó el enfrentamiento, la gasolina y el diésel registraron la mayor subida en nuestro país de los últimos cuatro años.

El mercado eléctrico también se ha visto alterado por su dependencia del gas, de manera que el precio de la electricidad se ha disparado, hasta el punto que las grandes energéticas han retirado sus tarifas de luz y gas a precios fijos.

Estas subidas se explican por el cierre del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte de petróleo y gas, y por la volatilidad de los mercados internacionales, que han elevado el precio del barril de Brent a niveles no vistos desde 2022.

El impacto de esta tensión energética afecta tanto a los empleados como a las empresas, que ven incrementados sus costes. Este incremento puede trasladarse a los precios finales de sus productos o afectar a su rentabilidad.

En este contexto, los trabajadores ven cómo se reduce su poder adquisitivo, lo que intensifica la presión sobre las políticas retributivas para que diseñen salarios y beneficios adecuados para los trabajadores.

Se ha abierto la convocatoria 2026 del Premio Estudios Financieros en su modalidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (36.ª edición), una cita ya consolidada como referente para quienes investigan y proponen soluciones en el ámbito sociolaboral.

Un año más este premio busca reconocer y estimular la labor de investigación, valorando de forma expresa la originalidad y, sobre todo, el carácter práctico de los trabajos presentados, esto es, su capacidad para dialogar con los problemas reales del sistema de relaciones laborales y de protección social.

La convocatoria prevé, tanto para la modalidad que nos ocupa como para las de «Tributación» y de «Educación y Nuevas Tecnologías», un premio de 10.000 € (exentos en el IRPF), pero, además del reconocimiento, el premio impulsa la transferencia del conocimiento y la difusión especializada a través de la RTSS.CEF como referencia en el ámbito sociolaboral.

Participar en 2026 significa someter tu trabajo a evaluación independiente, elevarlo a un estándar exigente y hacerlo visible en un circuito de calidad.

Consulta las bases y presenta tu candidatura: Premio Estudios Financieros | CEF