Pensión de viudedad. Alegación de la condición de víctima de violencia de género cuando no existe una sentencia condenatoria en la que se reconozca tal situación, sino solo una denuncia policial previa a la suscripción del convenio regulador y a la separación y luego el divorcio. Situación anterior a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Teniendo claro que en el caso analizado la mujer no era acreedora de pensión compensatoria, se trata de determinar si la alegada condición de víctima de violencia de género puede acreditarse a través de la mera existencia de una denuncia policial, aunque luego no constara el seguimiento de la misma, dándose la circunstancia de que solo un mes después se pactó el abono de una cantidad en concepto de pago único. En la valoración necesaria en cada caso, se entrecruzan dos factores relevantes. En primer lugar, no se exige una certeza o seguridad plenas, sino una «razonable conexión de funcionalidad temporal», esto es, una apariencia que conecte en términos de razonabilidad la ruptura del matrimonio con la indeseable situación de maltrato. En segundo lugar, en el supuesto de separación o divorcio anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, «la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio indicio de que la misma ha existido».

Cada 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer constituye una oportunidad para reconocer los avances alcanzados en materia de igualdad y, al mismo tiempo, para seguir reivindicando el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, profesional y académica.

Desde la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF (RTSS.CEF) queremos sumarnos a esta jornada poniendo en valor las aportaciones de quienes, con su investigación y reflexión jurídica, contribuyen a enriquecer el debate científico en torno al derecho del trabajo y de la seguridad social.

Pensión de viudedad. Reclamación por una mujer que convivió con el causante con el que tuvo hijos, pero sin constituir una pareja de hecho por ninguno de los medios legalmente previstos al efecto, cuando consta igualmente que la solicitante fue víctima de violencia de género.

La jurisprudencia de esta Sala es constante y reiterada, en el sentido de que la existencia de una pareja de hecho a los efectos del artículo 221 de la LGSS, antes y después de la reforma de 2021, precisa de dos requisitos simultáneos: de un lado la convivencia more uxorio y, de otro, la constitución formal mediante inscripción, ya fuera en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, ya mediante documento público. En el caso analizado, la decisión que ahora se combate del TSJ mediante el recurso de casación unificadora, ha reconocido la pensión de viudedad solicitada, entendiendo que el requisito de constituir formalmente la pareja de hecho puede dispensarse a una mujer que ha sido víctima de violencia de género, con base en una interpretación con perspectiva de género. En este punto hay que dejar claro que, aunque la interpretación con perspectiva de género constituye un instrumento de especial utilidad para evitar efectos adversos o peyorativos para las mujeres cuando la norma considerada muestra imperfecciones, lagunas o resultados asistemáticos, no parece asumible sin embargo que, mediante tal criterio hermenéutico, se amparen interpretaciones contra legem.

En efecto, en el ámbito social, el principio de igualdad de trato solo se aplica al régimen de seguridad social de los trabajadores, y no abarca los subsidios «meramente asistenciales»

Una nacional albanesa, titular de un permiso de residencia de dos años por motivos familiares que también la autoriza a trabajar en Italia, solicitó un subsidio de asistencia social al Estado italiano.

No obstante, el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) rechazó la solicitud porque la interesada no disponía de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración, exigido por la normativa italiana para los nacionales de países terceros.

En el marco del recurso contra esta decisión, el Tribunal Supremo de Casación italiano se dirigió al Tribunal Constitucional, pues consideró que esta exigencia podía entrar en conflicto con la Constitución italiana y el Derecho de la Unión. Las dudas planteadas se refieren, en particular, al respeto del principio de igualdad de trato entre los ciudadanos de un Estado miembro y los nacionales de terceros países,¹ que se aplica a las medidas de coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea.²

El absentismo laboral no para de aumentar y sigue siendo uno de los principales retos de las empresas españolas. El último informe de absentismo laboral de Randstad Research refleja un crecimiento interanual de 3 décimas hasta el 6,6% de las horas pactadas, en el tercer trimestre de 2025.

El absentismo ha afectado a 1,48 millones de empleados cada día, provocando pérdida productividad y afectando a la organización del trabajo. La incapacidad temporal constituye la principal causa de horas no trabajadas y concentra la mayor parte del impacto en la actividad empresarial.

El absentismo laboral ya preocupaba a comienzos del siglo XX a Henry Ford. Para intentar reducirlo tomó las siguientes medidas:

• Duplicó el salario de sus trabajadores, subiendo las nóminas de sus más de 14.000 trabajadores hasta cinco dólares diarios, iniciativa conocida como five-dollar workday. Además,
• redujo la jornada laboral de nueve a ocho horas diarias, medida que permitió crear tres turnos diarios, en vez de los dos existentes hasta entonces. 

• La regulación permitirá erradicar prácticas fraudulentas y supondrá el incremento del empleo juvenil y su calidad
  
• Permitirá acabar con las prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral
  
• También garantiza la calidad de las prácticas al fijar los requisitos formativos que han de cumplir
  
• Deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a la formación de los sistemas públicos de empleo
  
• La actividad que se desarrolla en la empresa debe estar relacionada con el itinerario formativo
  
• Las personas en prácticas no podrán sustituir la actividad de un trabajador o trabajadora por cuenta ajena
  
• El texto establece una carta de derechos para las personas en formación práctica no laboral
  
• Se prevé la adaptación de los planes formativos a las personas con discapacidad
  
• La Inspección de Trabajo podrá aplicar un régimen sancionador más riguroso con multas de hasta 225.018 euros en su grado máximo

• TS. Prestación de servicios como oficial de primera sucesivamente para distintos notarios en la misma notaría. Cuando hay sucesión empresarial, el notario entrante no puede pactar un periodo de prueba con un trabajador del notario saliente
• TS. El permiso parental del artículo 48 bis del ET computa para la determinación de la duración de las vacaciones como tiempo de trabajo efectivo
• TS. El Tribunal Supremo recuerda que los convenios colectivos que en materia de jubilación parcial remiten de manera genérica a la normativa legal para su concesión no generan un derecho perfecto que sea exigible frente al empleador
• TS. Situación legal de desempleo ex art. 267.1 a).7.º LGSS: el cómputo del plazo de 3 meses desde la extinción de la relación laboral anterior se alarga cuando existan vacaciones no disfrutadas en la fecha de finalización del nuevo contrato
• TS. No cabe recurso de suplicación frente al auto dictado en ejecución de sentencia en materia de MSCT. Tampoco en relación con el motivo o motivos de nulidad de actuaciones por vicios en el procedimiento (art. 191.3 d) LRJS)
• TSJ. Condenan a Media Markt a indemnizar con 7.251 euros a una empleada por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad al revisar su bolso diariamente tras concluir la jornada laboral
• TSJ. Algunas consideraciones del TSJ de Cataluña sobre el permiso por fuerza mayor del artículo 37.9 del ET
• TSJ. Accidente de tráfico que es accidente de trabajo. Responde la compañía aseguradora de los gastos médicos atendidos por la mutua hasta la consolidación de las lesiones; los eventuales gastos posteriores ha de abonarlos la mutua

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Se ha abierto la convocatoria 2026 del Premio Estudios Financieros en su modalidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (36.ª edición), una cita ya consolidada como referente para quienes investigan y proponen soluciones en el ámbito sociolaboral.

Un año más este premio busca reconocer y estimular la labor de investigación, valorando de forma expresa la originalidad y, sobre todo, el carácter práctico de los trabajos presentados, esto es, su capacidad para dialogar con los problemas reales del sistema de relaciones laborales y de protección social.

La convocatoria prevé, tanto para la modalidad que nos ocupa como para las de «Tributación» y de «Educación y Nuevas Tecnologías», un premio de 10.000 € (exentos en el IRPF), pero, además del reconocimiento, el premio impulsa la transferencia del conocimiento y la difusión especializada a través de la RTSS.CEF como referencia en el ámbito sociolaboral.

Participar en 2026 significa someter tu trabajo a evaluación independiente, elevarlo a un estándar exigente y hacerlo visible en un circuito de calidad.

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