En un contexto en el que los trabajos para toda la vida son cada vez más una quimera al alcance de los funcionarios que han aprobado una oposición, el paso de los miembros de una familia por las empresas de sus familiares es una alternativa por la que muchos trabajadores pasan en diferentes etapas de su vida profesional.

Hay quien se incorpora a la empresa familiar sin estudios o, al no querer estudiar más, «alentados» por frases como «si no quieres estudiar te pones a trabajar», mientras que otros esperan a completar sus estudios para comenzar a trabajar en la empresa familiar. Aunque también hay muchos casos de trabajadores que empiezan su vida profesional en otras empresas pero en algún momento de su vida acaban en la empresa familiar por problemas para seguir la carrera profesional en otras organizaciones o al producirse la sucesión forzosa en la empresa por un fallecimiento que les obliga a hacerse cargo del negocio familiar.

La medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística que, con carácter coyuntural y causa en la crisis, se adoptó en 2012 (Ley 3/2012 –disp. adic. 12ª–) y que se ha ido manteniendo en los ejercicios siguientes, también se aplica en 2018.

«Nunca perseguí la gloria/ni dejar en la memoria de los hombres mi canción; yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón (…)
Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar (….)»

Antonio Machado. Cantares.

Si en el mundo laboral existe una materia especialmente sensible que toca por igual a empresas y trabajadores, esa es sin duda la atinente a los permisos retribuidos regulados en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET). A pesar de que dicho artículo tiene naturaleza de mínimo de derecho necesario, lo que implica que puede mejorarse por la negociación colectiva ampliando los permisos reconocidos, o mejorando las situaciones previstas o introduciendo otras nuevas, en la práctica poco se ha hecho, quedando huérfanas de regulación cuestiones tan importantes como la determinación del momento en que deben comenzar a disfrutarse cuando el hecho causante se produzca en día no laborable para el trabajador.

Por esta razón, han sido los tribunales los que, con su interpretación, se han dedicado a suplir la labor del legislador/negociadores colectivos, dictando sentencias que han arrojado luz sobre una materia que parece no haber tocado techo. Como ejemplo, valgan las siguientes referencias que pueden consultarse en nuestra página:

La LPGE 2018 afecta a la regulación de la prestación por desempleo en tres aspectos:

1. Establece, con efectos desde el 5 de julio de 2018, la compatibilidad de la prestación y el subsidio por desempleo con la percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración pública.

2. Precisa el alcance y la forma de acreditación de la obligación de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo de suscribir el compromiso de actividad y buscar activamente un empleo, y adecua la redacción de la Ley de Empleo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró que es competencia autonómica la de sancionar las infracciones consistentes en no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones de la entidad gestora de prestaciones por desempleo y no cumplir el requisito de estar inscrito como demandante de empleo.

3. Regula el denominado «subsidio extraordinario de desempleo».

Con efectos desde el 1 de agosto de 2018 se amplía en 12 meses la aplicación de la «tarifa plana» de 50 euros para los autónomos que desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes.

A partir del 5 de julio de 2018 trabajadores y empleados públicos tienen derecho a 5 semanas por paternidad. Esta medida, contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, supone la ampliación del período en una semana y permite el disfrute de la última de forma independiente, reanudándose, en ese caso, el percibo del subsidio por paternidad en la cuantía que hubiera correspondido durante la primera fracción del descanso.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, publicada en el BOE del día 4 de julio, contiene las autorizaciones de gastos y las previsiones de ingresos para el ejercicio en curso, cuyos componentes fundamentales son, en el ámbito de la Seguridad Social, las pensiones y las cotizaciones, respectivamente.

Mientras que las novedades en cotización son escasas, puesto que la determinación de la mayor parte de sus componentes ya se habían aprobado previamente a través de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, en materia de revalorización de pensiones la Ley de Presupuestos contempla una mejora sustancial de las mismas, rompiendo de esta forma la rígida aplicación del denominado «índice de revalorización» que había supuesto una subida del 0,25% durante los ejercicios económicos 2014-2017.

Pero, además, la norma presupuestaria no se limita al establecimiento de las autorizaciones de gasto o las previsiones de ingresos, sino que regula otras cuestiones relativas a la Seguridad Social en los ámbitos de la acción protectora, la gestión, el programa de la tarjeta social universal o la regulación de determinados regímenes especiales, cuestiones todas ellas que se analizan por don José Antonio PANIZO ROBLES en el trabajo que, formando parte de los contenidos del número de agosto-septiembre de la  RTSS.CEF, se ofrece aquí «EN ABIERTO».