Ayudar a las empresas a amortiguar el impacto de la reestructuración
La UE presenta buenas prácticas para amortiguar los efectos de la reestructuración y los despidos en los trabajadores y las condiciones sociales.
La reestructuración de empresas afecta a todos los países europeos y es una de las cuestiones que más preocupación suscita en el contexto de la recesión. Desde 2002 se han registrado en Europa más de 16.000 operaciones de reestructuración, que se han saldado con una pérdida neta de más de 2 millones de puestos de trabajo.
La UE quiere invertir esta tendencia introduciendo un conjunto de buenas prácticas para empresas, trabajadores, sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones públicas.
A raíz de una consulta pública, se han elaborado directrices que, basándose en la experiencia real de las empresas, abordan las preocupaciones específicas de todos los colectivos implicados y sugieren cómo anticiparse a la reestructuración y gestionar los procesos específicos.
Se espera que estas buenas prácticas ayuden a las empresas a prever mejor sus futuras necesidades de mano de obra y cualificaciones, y a los trabajadores despedidos a encontrar otro empleo. Entre las medidas concretas se incluyen:
- seguimiento estratégico a largo plazo de la evolución del mercado
- elaboración continua de un listado de necesidades de puestos de trabajo y competencias específicas
- ayudas para la formación y el asesoramiento profesional de los trabajadores y para la búsqueda de nuevos puestos de trabajo
- participación de organismos externos, como administraciones públicas, universidades y centros de formación
- pleno uso de los fondos de la UE para impulsar la creación de empleo.
Además de sugerir buenas prácticas, los planes de la UE aspiran a mantener la competitividad de las empresas a largo plazo y tienen en cuenta el impacto más amplio, industrial y social, de la reestructuración en las ciudades y regiones afectadas.
La UE insta a los Gobiernos de los Estados miembros a apoyar e impulsar estas directrices y a considerar su aplicación también en el sector público. En 2016 se publicará un informe en el que se analizará la necesidad de adoptar nuevas medidas, incluida nueva legislación.
COMISIÓN EUROPEA 13-01-2014