Declaración institucional de 2026 como año de la seguridad y salud en el trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y por el que se declara el año 2026 como año de la seguridad y salud en el trabajo con el siguiente texto:

"Este 8 de noviembre se celebra el trigésimo aniversario de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que durante tres décadas ha sido la referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo y ha supuesto un hito en términos legales y simbólicos para sentar las bases de una cultura de la prevención hasta entonces inexistente.

La norma permitió amortiguar unos índices de siniestralidad laboral inadmisibles que, no obstante, han llegado a nuestros días. En 2024, 796 personas fallecieron en su puesto de trabajo o de camino o regreso a él. Cerca de ochocientas vidas se perdieron en el ámbito laboral. No se podría imaginar el soportar, casi asumiéndolo como una normalidad de nuestro entorno, la convivencia con datos como los de estas muertes en ningún otro escenario de la vida. Más de dos personas fallecidas cada día: a poco que se reflexione, el número de muertes laborales es una cifra que hiela el entendimiento y que no puede más que resultar un revulsivo para actuar con la máxima contundencia y hacerlo sin más demora.

La vida y la salud es lo más valioso que poseen las personas y merecen toda la protección por parte de las instituciones públicas. Así lo subrayó el constituyente en el artículo 40.2 de la Constitución Española, encomendando a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de «velar por la seguridad e higiene en el trabajo». Como sociedad democrática y avanzada no hay valor más alto que se pueda defender. No se puede escatimar ningún esfuerzo para que el lugar de trabajo no sea un ámbito en el que las personas se jueguen la salud e incluso la vida con el concurso de todas y de todos para lograr la seguridad y la salud en cualquier lugar de trabajo, independientemente de dónde se ubique o del número de personas trabajadoras con las que cuente.

Las muertes en el trabajo y los accidentes laborales no pueden asumirse como un producto inevitable del crecimiento económico. Hay una relación directa entre precariedad y aumento de los riesgos laborales. Esta afirmación se sustenta en los datos. Gracias a la reforma laboral, que supuso un impulso a la estabilidad en el empleo, permitió que el índice de siniestralidad con baja laboral se redujese un 7,4% y en todos los rangos de edad.

Desde la incorporación de España a la Unión Europea se ha ido avanzando con pasos firmes, situándonos a la vanguardia de la normativa laboral e incorporando también la protección de las personas trabajadoras en leyes como la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, o la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, las cuales han permitido que la seguridad y la salud sean centrales también en las nuevas formas de trabajo.

En estas tres décadas, por tanto, se han registrado avances significativos: se ha modernizado la normativa y la labor de organismos públicos clave, como el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas. El sistema ha progresado de forma sostenida gracias al esfuerzo, no solo de las Administraciones Públicas, sino también a la labor permanente de las organizaciones sindicales y empresariales.

Aparecen nuevos desafíos: la prevalencia de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres ?cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas?, las enfermedades derivadas del trabajo, el envejecimiento de la población activa, en un momento demográfico crítico, y los derivados de un cambio climático cuyas virulentas consecuencias estamos padeciendo ya. No se pueden olvidar, cuando se cumple un año, los efectos de la DANA que acabó con la vida de 229 personas y que requirió de medidas laborales audaces como los permisos climáticos que protegen a las personas trabajadoras ante escenarios meteorológicos adversos.

Las formas de trabajo han evolucionado enormemente en las últimas tres décadas. La población convive con patologías como el tecnoestrés o la tecnofatiga, aumentan sus riesgos psicosociales mientras trabaja en soledad o cuando es sometida a un control algorítmico que sigue y analiza su rendimiento sin olvidar, también, la cada vez más complicada desconexión digital.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 14 de marzo de 2023, aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (EESST), con el acuerdo de Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Esta estrategia constituye un nuevo marco de referencia para orientar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante este período y surge gracias al diálogo social, fruto del acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo y los interlocutores sociales.

La EESST asume un compromiso firme con los ejes prioritarios del Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 y, en particular, con el objetivo de anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica. Sus líneas de actuación se han diseñado abordando aspectos fundamentales como la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención del cáncer de origen laboral, la seguridad vial y la lucha contra el cambio climático, con la salud mental y la prevención de los riesgos psicosociales como parte del enfoque integral de la seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad han desarrollado, precisamente, diversas iniciativas para reforzar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, fomentando entornos laborales más saludables y seguros.

La EESST también reconoce que la salud laboral es una cuestión de género que afecta de forma distinta a hombres y mujeres e invita a integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva, atendiendo particularmente a colectivos y profesiones mayoritariamente ocupadas por personas de un sexo específico. Esta estrategia presta atención a las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, también en el ámbito digital, atendiendo particularmente a colectivos y profesiones mayoritariamente ocupadas por mujeres. Asimismo, la EESST establece que se deben seguir mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo promoviendo un mayor nivel de protección de los colectivos más vulnerables a la discriminación o la violencia. En este sentido, se aprobó el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Para hacer frente al reto del cambio climático, España ha avanzado además con la adaptación en el año 2023 de la normativa española sobre lugares de trabajo, recogiendo expresamente la obligación empresarial de adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos. En noviembre de 2024 se dio un paso más, reconociendo permisos laborales como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Además, y siguiendo las recomendaciones de la OIT, se ha previsto en el Estatuto de los Trabajadores que, a través de la negociación colectiva, se acuerden protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. A ello hay que sumar las campañas que el Ministerio de Sanidad, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo llevan a cabo anualmente para prevenir los golpes de calor. También por vez primera, nuestro país llevó a cabo un plan de choque contra los accidentes mortales que se ha centrado en aquellos sectores más expuestos a estos, con especial atención de la construcción donde la siniestralidad laboral mortal incide especialmente.

Todo esfuerzo es poco con el fin de garantizar que ninguna persona pierde la vida o su salud al ir a trabajar. Por ello, y con la voluntad de reforzar la cultura preventiva como pilar estructural de las políticas de empleo, bienestar y salud, el Gobierno propone que el año 2026 sea declarado como «Año de la seguridad y salud en el trabajo», para que sirva de impulso simbólico y operativo a un renovado compromiso nacional con la seguridad y la salud en el trabajo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Con esta declaración, el Consejo de Ministros reafirma que:

La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida.

• Se seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes.
  
• Se promoverán campañas de una estrategia de divulgación, sensibilización e información permanentes.
  
• Se fortalecerá la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.
  
• Se promoverá una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva.
  
• Se promoverán las actuaciones educativas adaptadas a cada ámbito docente.

El Gobierno de España hace un llamamiento al conjunto de la sociedad para sumarse activamente a este «Año de la seguridad y salud en el trabajo», para que la conmemoración del trigésimo aniversario de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, marque un antes y un después en el fortalecimiento de la cultura preventiva en España y se pueda pasar página de unos espacios de trabajo que merman la salud y amenazan la vida de las personas trabajadoras".

(CONSEJO DE MINISTROS 11-11-2025)