TSJ. Dependencia: el fallecimiento del titular antes de que se apruebe el Programa Individual de Atención no impide el nacimiento de un derecho de crédito a favor de los causahabientes

Dependencia. Determinación del grado. Fallecimiento de la interesada cuando ya ha sido valorada su situación, pero antes de dictarse la resolución administrativa.

La resolución que reconoce la situación de dependencia hace que la persona así declarada sea beneficiaria del sistema, luego titular del derecho a las prestaciones que prevé. En esa resolución solo se determina si la prestación será alguna del catálogo de servicios o consistirá en prestaciones económicas, quedando su concreción demorada a la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), como un instrumento personalizado -sin efecto constitutivo- del derecho a tener la condición de persona en situación de dependencia. Que estemos ante un solo procedimiento que engloba dos fases, declaración de situación de dependencia y aprobación del PIA, o ante dos procedimientos sucesivos es secundario, si bien el artículo 29.1 de la Ley 39/2006 nos dice que el citado Programa se establece «en el marco» del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. No hay que olvidar que el fallecimiento del promotor de un procedimiento administrativo no tiene que suponer per se y a los efectos del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, la finalización del procedimiento, en este caso el regulado en la Ley 39/2006. Basta recordar que el artículo 4.3 de la Ley 39/2015 tiene por interesados en un procedimiento también a los amparados en una «relación jurídica transmisible», en cuyo caso «el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento». Al conjugarse ambas normativas -la Ley 39/2006 y la Ley 39/2015- debe deducirse lo que sigue a efectos del artículo 93.1 de la LJCA: 1.º El fallecimiento de aquel a quien se le reconoció el derecho a tener la condición de persona en situación de dependencia extingue la percepción de las prestaciones una vez concretadas y aplicadas. 2.º Si estando pendiente la aprobación del PIA fallece el que ya es titular del derecho derivado de ser persona en situación de dependencia, cabe aceptar que nazca en favor de sus causahabientes un derecho de crédito si es que, entre tanto, han venido sosteniendo con sus medios lo que habría sido la prestación declarada como derecho, pero aún no concretada. 3.º Por tanto, a efectos procedimentales, esos causahabientes tienen derecho a que el procedimiento se concluya con la aprobación del PIA para concretar la prestación a la que habría accedido el beneficiario de no haber fallecido. Esos causahabientes suceden en la condición de interesados en el procedimiento, cuyo interés consistirá, en su caso, en plantear el reintegro de aquellos gastos que haya venido financiando el beneficiario con sus recursos, o los herederos, y que de haberse aprobado el referido Programa no habrían soportado, ya sea en todo o en parte. En el caso analizado, debe hacerse constar el manifiesto incumplimiento de los plazos de resolución. En primer lugar, el Decreto 15/2010, de 4 de febrero, que era el que estaba en vigor a la fecha en que se inicia el expediente, fija un plazo para resolver la dependencia de tres meses desde la entrada de la solicitud en el órgano competente (art. 14) y desde la declaración de dependencia otros tres meses más para determinar el PAI (art. 15). Plazo que se fija en seis meses (art. 22) en el Decreto 142/2023, de 21 de septiembre que deroga al anterior. En segundo lugar, no concurre en el caso de autos la circunstancia de imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas recogidas en el artículo 84 de la Ley 39/2015. En tercer lugar, el hecho de que la dependencia sea de carácter personalísimo e inherente a la persona no implica que con el fallecimiento del titular se extingan todas las derivaciones de ese derecho y, en particular, aquellas de naturaleza patrimonial, lo que en un supuesto como el presente supone que tras el fallecimiento de la titular ya no se van a devengar el derecho a la prestaciones o servicios, pero no se pierde el derecho de los ya devengados.

(STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 11 de junio de 2026, rec. núm. 55/2026).