Informe de evaluación de los cuatro primeros años de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El informe está estructurado en dos partes diferenciadas: en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del Sistema: en la segunda parte se recoge el resultado de las encuestas de valoración realizadas a las Comunidades Autónomas, interlocutores sociales y económicos, organizaciones sociales, FEMP, y a las personas beneficiarias y cuidadoras.
Respecto a las personas beneficiarias, hay que destacar que a 1 de octubre de 2011 son ya 739.949 las personas beneficiarias del Sistema, a las que se les ha reconocido un total de 911.050 prestaciones. Desde que la Ley comenzó su despliegue e implantación en 2007, las personas beneficiarias se han incrementado constantemente.
El calendario de desarrollo de la Ley de Dependencia ha sido cumplido fielmente según lo previsto. Ya se han incorporado al sistema las personas valoradas con un nivel del dependencia muy grave y grave (grados III y II respectivamente), y en enero de este año han comenzado a incorporarse como beneficiarios al sistema las personas con dependencia moderada (grado I, nivel 2).
El perfil de las personas que muestran más satisfacción con el Sistema de Atención a la Dependencia se corresponde con las personas de más edad, que tienen un grado mayor de dependencia, viven en un entorno no urbano y tienen asignado un servicio.
Inversión económica en atención a la dependencia
La Ley ha impulsado la inversión en atención a la dependencia. Si el gasto sobre el PIB en 2003 era del 0,32 por 100, en 2010 fue el doble, el 0,64 por 100. En 2010 el gasto corriente total en atención a la dependencia se situó en 6.767 millones de euros.
Si atendemos al indicador de gasto por habitante mayor de ochenta años, éste se situaba en 2009 en 866 euros. En 2010 este mismo gasto aumentó hasta llegar a los 1.434 euros, lo que supone un incremento del 65.64 por 100, y lo mismo ha ocurrido con el gasto por habitante: en 2009 era de 75 euros y en 2010, 113 euros; es decir, un incremento del 50,66 por 100.
La Administración General del Estado ha financiado el 47 por 100 del gasto total en atención a la dependencia en 2009, aportando 2.299 millones de euros del coste total, estimado en 4.848 millones. En 2010 la Administración General del Estado aportó 2.625 millones de euros a la financiación del gasto global en dependencia, cifra que representa el 39 por 100 del total de 6.767 millones.
En cuanto al gasto "nuevo", es decir, el relativo a las nuevas prestaciones reconocidas al amparo de la Ley, en 2009 alcanzó 2.262 millones de euros y se elevó en 2010 hasta los 3.623 millones de euros, lo que representa un 61 por 100 del gasto total en materia de atención a la dependencia.
Por lo que se refiere al gasto "nuevo neto", que comprende las aportaciones de las administraciones públicas sin tomar en consideración las aportaciones de las personas beneficiarias, en el año 2010 se habría casi alcanzado el equilibrio financiero marcado por la Ley, con un porcentaje de participación del 54 por 100 por parte de la Administración General del Estado y del 46 por 100 por las Comunidades Autónomas, aunque esta meta no se había logrado en 2009, en el que fue mucho mayor la aportación de la Administración General del Estado. No obstante, debe puntualizarse que, de computar la aportación del Plan E y las cuotas de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales, la aportación de la Administración General del Estado se vería incrementada de manera importante.
En Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia la aportación de la Administración General del Estado al coste nuevo de la Ley de Dependencia supera el 70 por 100.
Impacto en la economía y el empleo
Los empleos generados vinculados a la atención a la dependencia derivados de la implantación de la Ley durante 2009 y 2010 ascienden a 123.000 empleos directos y 42.000 indirectos, con lo que se contribuye a la reducción de la tasa de paro.
En cuanto a los retornos fiscales, un 19,70 por 100 de los gastos que supone la Ley se han recuperado a través de retornos fiscales de diferente naturaleza. En concreto, esta tasa de retorno supone que se han recuperado veinte céntimos por cada euro invertido en la atención a la dependencia, debido al estímulo de la economía provocado por el gasto generado por la Ley de Dependencia.
Respecto al impacto de la implantación del Sistema en el volumen de la producción real de la economía española durante el período 2008-2010, fue de 0,15 puntos porcentuales respecto a la tasa media de crecimiento anual.
Avances
El Sistema para la Atención a la Dependencia ha supuesto la armonización de la regulación en la materia en las diecisiete Comunidades Autónomas y su puesta en marcha ha sido posible gracias a la colaboración y participación de todas las administraciones públicas, ya que la gestión de las prestaciones se ha llevado a cabo por las Comunidades Autónomas en colaboración con las Entidades Locales.
Los avances más importantes en el Sistema se han sustentado, entre otros, en:
- Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado.
- Desarrollar un catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles.
- Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios.
- Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias.
- Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales.
Además, se ha desarrollado el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, fundamental para conocer la realidad y facilitar la gestión de las prestaciones.
Valoración
El informe refleja todavía una evolución desigual de la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades Autónomas, ante lo que la ministra de Sanidad ha planteado medidas dirigidas a avanzar en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan, entre las que podemos destacar:
- Un sistema de financiación que garantice el cumplimiento de la ley y su sostenibilidad en el futuro.
- Una cartera de servicios comunes de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas.
- Un Consejo Territorial como mecanismo cooperativo cuyas decisiones y acuerdos sean de obligado cumplimiento.
- Herramientas de transparencia e información a la ciudadanía.
- Estrategias de coordinación socio-sanitaria.
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