TS. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir la pensión de viudedad sin que pueda ser reducida a la cuantía de la pensión compensatoria establecida en la separación o divorcio

Pensión de viudedad. Víctima de violencia de género a quien se le ha reconocido en su momento pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio. Derecho a la percepción de la cuantía íntegra de la pensión de viudedad sin que se le aplique la reducción prevista en el artículo 220.1 de la LGSS hasta la cuantía de la pensión compensatoria.

Señala el artículo 220 de la LGSS en su párrafo primero que, «en los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos exigidos en el artículo 219, sea o haya sido cónyuge legítimo, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho». Asimismo, señala en su párrafo segundo que «se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última». En todo caso, fija el párrafo tercero que «tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento». Es cierto que de la lectura de estos tres párrafos del artículo 220.1 de la LGSS se desprende, aparentemente, una paradoja. Si interpretáramos que el párrafo segundo condiciona al tercero, las mujeres víctimas de violencia de género que tienen reconocida la pensión compensatoria no podrían percibir pensión de viudedad en cuantía superior a ella. Resultarían más beneficiadas aquellas mujeres víctimas que no eran acreedoras de la pensión compensatoria y accedieran a la pensión de viudedad por haber acreditado ser víctimas de violencia de género. Quienes no eran acreedoras de la pensión compensatoria derivada del divorcio o separación resultarían de mejor condición que las que hubieran venido percibiéndola. En tal caso, nos encontraríamos ante una situación de trato desigual en la aplicación de una norma que afecta a ambos colectivos, sin que exista justificación suficiente para ello a la vista de la expresión «en todo caso», que debe interpretarse en el sentido de que se trata de un único colectivo: el de las mujeres viudas víctimas de violencia de género, sin que dentro de ese universo quepa diferenciación alguna. En suma, existen dos colectivos de personas beneficiarias. El primero está constituido por aquellas que antes del hecho causante de la prestación de viudedad venían percibiendo pensión compensatoria y no eran víctimas de violencia de género. El segundo universo está formado únicamente por mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de que antes del hecho causante percibieran o no la pensión compensatoria. Resulta evidente que, de la voluntad legislativa, de la redacción concreta de la norma y de la estructura de la misma, la conclusión es que el párrafo tercero contiene una norma específica para el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género y dicha norma es diferente de las contenidas en el párrafo segundo, por lo que la limitación respecto a la cuantía no afecta al colectivo del que estamos hablando por no estar previsto en la norma específica. En suma, las mujeres viudas víctimas de violencia de género tienen derecho a percibir la pensión de viudedad sin que su cuantía pueda ser reducida, aun cuando resulte superior a la que venían percibiendo por pensión compensatoria. Esta interpretación además es la más adecuada realizando una aplicación de la norma desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta la actividad legislativa que tiende a proteger a dichas mujeres, muy específicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta interpretación es coherente con las previsiones de los artículos 9.2 y 41 de la Constitución, sin que introduzca ningún elemento que perjudique al resto del colectivo de personas beneficiarias de la prestación de viudedad. Pleno. Voto particular. (Vid. STSJ de Andalucía/Granada, Sala de lo Social, de 6 de marzo de 2025, rec. núm. 465/2024, casada y anulada por esta sentencia).

(STS, Sala de lo Social, de 9 de octubre de 2026, rec. núm. 2049/2025)