TC. Emplazamiento por edictos sin haber intentado la notificación en el domicilio que figura en el escrito de demanda: la falta de diligencia del órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento por edictos sin haber intentado la notificación en el domicilio que figuraba en el escrito de demanda, la carta de despido y el contrato de trabajo.
La jurisprudencia constitucional viene insistiendo en la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos. Por ello, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible la notificación personal al demandado, esta debe intentarse antes de acudir a la notificación por edictos. E incluso cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, el órgano judicial deberá realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real del demandado, siempre que ello no suponga exigirle una desmedida actividad investigadora. En el caso analizado, la actuación del Juzgado de lo Social en relación con la práctica de los actos de comunicación no satisfizo las exigencias constitucionales a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo. Aunque el órgano judicial no permaneció absolutamente pasivo, pues consta acreditado que intentó la averiguación domiciliaria de la parte empresarial en el litigio antes de proceder a su emplazamiento por medio de edictos, sí que debe reconocerse que incurrió en una evidente falta de diligencia que cabe calificar como constitucionalmente relevante. En este sentido, el examen de las actuaciones revela que el órgano judicial no solo obvió el domicilio a efectos de notificaciones, identificado como tal expresamente en el escrito de demanda y que además figuraba en la carta de despido y en el contrato de trabajo, sino que además intentó la práctica de las notificaciones en una dirección donde ya había resultado imposible la localización de la recurrente en amparo durante la conciliación previa a la vía jurisdiccional social. El tribunal constata que al órgano judicial le habría bastado con examinar atentamente el escrito rector del procedimiento para advertir la existencia de un domicilio designado precisamente para la realización de las notificaciones a la parte demandada en el procedimiento de despido y practicar allí el emplazamiento de la recurrente en amparo. En lugar de hacerlo, reiteró varios intentos de notificación en una dirección donde ya se sabía que comunicaciones anteriores habían resultado infructuosas y practicó una averiguación domiciliaria totalmente innecesaria, sin agotar previamente el domicilio indicado por la propia demandante. Por tanto, la cuestión no radica en que resultara exigible una labor investigadora adicional o exhaustiva por parte del órgano judicial, sino en no haber utilizado de forma razonablemente diligente la información que ya obraba en las actuaciones. En definitiva, el juzgado causó a la recurrente en amparo una indefensión constitucionalmente relevante al tramitar sin su conocimiento el procedimiento de despido en su integridad, impidiéndole desplegar cualquier posibilidad de defensa en el mismo. Solo tuvo conocimiento del proceso en fase de ejecución, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, cuando la sentencia ya había sido dictada. En consecuencia, la falta de diligencia del órgano judicial a la hora de realizar el emplazamiento de la recurrente en amparo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).