Nuevos derechos laborales y obligaciones empresariales: información contractual, transparencia salarial e igualdad retributiva

El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre (en adelante, RDL), introduce una amplia reforma de la legislación laboral para reforzar el derecho de las personas trabajadoras a conocer sus condiciones de trabajo, facilitar el acceso a empleos más estables y previsibles y mejorar la transparencia retributiva entre mujeres y hombres.
La norma, publicada en el BOE de 18 de noviembre de 2026, entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, conforme a su disposición final séptima, aunque establece períodos transitorios para la adaptación de determinados instrumentos de igualdad retributiva y un calendario escalonado para el cumplimiento de las nuevas obligaciones de información salarial.
La reforma completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, e incorpora la Directiva (UE) 2023/970, sobre igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.
Para ello, modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva, la Ley 3/2023, de Empleo, el Real Decreto 723/2026, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Información contractual, período de prueba y nuevas garantías laborales
1.1. Información contractual para todas las personas trabajadoras
Se modifica –por el artículo primero. Tres del RDL– el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para eliminar el requisito de duración mínima de 4 semanas que condicionaba el derecho a recibir información sobre los elementos esenciales del contrato.
Las empresas deberán facilitar por escrito dicha información tanto a la persona trabajadora como a su representación legal, en los términos y plazos reglamentarios, cuando no figure en el contrato escrito. La obligación alcanza tanto al inicio de la relación laboral como a las modificaciones posteriores de sus elementos esenciales.
En coherencia con esta reforma, el artículo cuarto del RDL modifica el Real Decreto 723/2026, extendiendo las obligaciones de información a todas las relaciones laborales comprendidas en su ámbito de aplicación, con independencia de su duración.
Para las relaciones laborales de duración inferior a 4 semanas que estuvieran vigentes a la entrada en vigor del RDL (19 de noviembre de 2026), la disposición transitoria segunda del RDL establece que la empresa deberá facilitar, en el plazo de 10 días hábiles desde su solicitud, la información sobre las condiciones laborales prevista en el artículo 8.5 del ET y en el Real Decreto 723/2026, siempre que la persona trabajadora no disponga ya de ella.
1.2. Nuevas garantías sobre las horas complementarias
A través del artículo primero. Cinco del RDL se modifica el artículo 12.5.d) del ET para reforzar los derechos de las personas trabajadoras a tiempo parcial.
Se mantiene el preaviso mínimo de 3 días para conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas, salvo que el convenio colectivo establezca uno inferior.
La novedad es que el incumplimiento de los requisitos de información y preaviso permite rechazar la tarea asignada sin consecuencias desfavorables. Además, si la empresa cancela total o parcialmente las horas complementarias, la persona trabajadora conserva el derecho a la retribución correspondiente a las horas no realizadas.
1.3. Nuevos límites del período de prueba
La reforma del artículo 14 del ET –por el artículo primero. Seis del RDL– precisa los límites máximos del período de prueba, que, con carácter general, no podrá superar:
- 6 meses para técnicos y técnicas tituladas.
- 2 meses para las demás personas trabajadoras.
- 3 meses para las personas trabajadoras no técnicas tituladas en empresas de menos de 25 personas trabajadoras.
- 1 mes en los contratos de duración determinada de 6 meses o más, con reducción proporcional cuando su duración sea inferior.
La norma permite que los convenios colectivos establezcan períodos superiores cuando exista una justificación expresa basada en la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral.
1.4. Mayor protección del empleo en paralelo
Se modifica –por el art. primero. Diez del RDL– el artículo 21.1 del ET para impedir que las empresas prohíban o limiten, con carácter general, la prestación de servicios para otras empresas.
Solo podrán establecerse restricciones por causas objetivas, como la salud y seguridad, la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público o la prevención de conflictos de intereses, sin perjuicio de los pactos de plena dedicación con compensación económica.
La persona trabajadora tampoco podrá sufrir un trato desfavorable por prestar servicios para otras empresas.
2. Derecho a solicitar empleos más estables y previsibles
Por medio del artículo primero. Once del RDL se introduce en el ET un nuevo artículo 21 bis, que reúne y amplía los derechos relacionados con la transición hacia otras formas de empleo.
Las personas trabajadoras podrán solicitar el acceso a puestos vacantes que impliquen:
- La conversión voluntaria de un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial o viceversa, o el aumento de jornada de quienes trabajan a tiempo parcial.
- La conversión de contratos temporales, incluidos los formativos, en indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos.
- La conversión de contratos fijos-discontinuos en indefinidos ordinarios.
- El acceso a otras condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad, cuando se acredite una antigüedad mínima de seis meses en la empresa.
La empresa deberá examinar las solicitudes y responder de forma motivada y por escrito, en un plazo máximo de 1 mes, ampliado a 3 meses para las empresas con plantillas de hasta 10 personas trabajadoras.
También deberá informar a las personas trabajadoras y a su representación legal de los puestos vacantes comprendidos en estas posibilidades de transición.
La reforma reorganiza los derechos anteriormente recogidos en los artículos 12.4.e), 15.7 y 16.7 del ET –que son nuevamente redactados, los dos primeros, por el art. primero. Cuatro y Siete, respectivamente, y suprimido el último por art. primero. Ocho del RDL–, concentrándolos en el nuevo artículo 21 bis.
Por otra parte, mediante la nueva disposición adicional trigésima del ET (introducida por el art. primero. Catorce del RDL), estas previsiones se extienden al personal empleado público, en los términos establecidos por su normativa específica.
3. Refuerzo de la garantía de indemnidad frente a represalias empresariales
La reforma, mediante el artículo primero. Uno y Dos del RDL, incorpora expresamente al artículo 4.2.h) del ET el derecho de las personas trabajadoras a no sufrir tratos desfavorables, perjuicios o represalias como consecuencia del ejercicio o reclamación de sus derechos laborales.
Esta protección comprende las reclamaciones formuladas ante la empresa y las acciones o procedimientos administrativos y judiciales, tanto si se ejercen directamente como a través de la representación legal.
En consonancia, se modifica –por el art. primero. Nueve del RDL– el artículo 17.1 del ET para, en su párrafo segundo, declarar nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción frente a una reclamación o acción dirigida a exigir el cumplimiento de derechos laborales.
Con ello, la garantía de indemnidad queda expresamente incorporada al ET, reforzando la protección frente a represalias empresariales.
4. Igualdad salarial y nuevos derechos de transparencia retributiva
El artículo primero. Doce y el artículo segundo del RDL modifican, respectivamente, el artículo 28 del ET y diversos preceptos del Real Decreto 902/2020, reforzando el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor y ampliando los derechos de información salarial.
Por su parte, el artículo primero. Trece actualiza el artículo 59.3 del ET, fijando en 3 años el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones derivadas de la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva, iniciándose su cómputo cuando cese la situación discriminatoria.
4.1. Registro retributivo y justificación de las diferencias salariales
Se mantiene la obligación empresarial de llevar un registro de los valores medios de salarios, complementos y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo.
Se establecen, además, nuevos umbrales para justificar determinadas diferencias retributivas:
- Empresas de 50 a 99 personas trabajadoras: cuando el promedio retributivo de un sexo supere al del otro en un 25 % o más.
- Empresas de 100 o más personas trabajadoras: cuando la diferencia sea de, al menos, el 5 %.
En estos casos, la empresa deberá incorporar al registro salarial una justificación de que la diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo.
Asimismo, se reconoce expresamente el derecho de las personas trabajadoras a comunicar o revelar información sobre su propia retribución y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgarla.
4.2. Derecho a conocer los criterios salariales
La modificación del Real Decreto 902/2020 refuerza las obligaciones empresariales de transparencia.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a conocer los criterios utilizados para determinar las retribuciones y los niveles retributivos aplicables a los puestos de trabajo o categorías profesionales.
En las empresas de 50 o más personas trabajadoras, este derecho se amplía a los criterios de progresión retributiva.
4.2.1. Información individual y comparativa sobre salarios
El nuevo artículo 10 del Real Decreto 902/2020 reconoce el derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre:
- La propia retribución individual.
- Las retribuciones medias, expresadas en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de quienes desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor.
La empresa deberá informar anualmente a toda la plantilla sobre la existencia de este derecho y facilitar la información solicitada en un plazo máximo de 2 meses.
La información relativa a otras personas trabajadoras únicamente podrá utilizarse para el ejercicio del derecho a la igualdad retributiva, con respeto a las garantías de protección de datos.
4.2.2. Información sobre la brecha salarial de género
El nuevo artículo 11 del Real Decreto 902/2020 obliga a las empresas de 50 o más personas trabajadoras a comunicar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva (creada, como se indicará más adelante, por art. segundo. Doce del RDL) información sobre las diferencias salariales entre mujeres y hombres.
Esta información comprende, entre otros indicadores, la brecha salarial general, la correspondiente a complementos salariales, las diferencias medianas, la distribución por cuartiles y las diferencias por categorías o agrupaciones de puestos de igual valor.
La periodicidad será:
- Anual, para empresas de 250 o más personas trabajadoras.
- Cada 3 años, para empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras.
Cuando se detecten diferencias retributivas injustificadas, la empresa deberá corregirlas en un plazo razonable que no podrá superar los 6 meses, en cooperación con la representación legal de las personas trabajadoras.
5. Nuevas exigencias para las auditorías retributivas
Por el artículo segundo. Siete del RDL se modifica el artículo 8 del Real Decreto 902/2020, ampliando los contenidos del diagnóstico de las auditorías retributivas.
Entre otros aspectos, deberán examinarse las diferencias salariales de los últimos 3 años, los criterios de valoración de los puestos de trabajo, las dificultades de promoción profesional y las posibles desigualdades vinculadas a las medidas de conciliación y corresponsabilidad.
Cuando se detecten diferencias retributivas no justificadas mediante criterios objetivos y neutros respecto del género, deberá elaborarse un plan de actuación que permita corregirlas en un plazo máximo de 6 meses.
Las auditorías deberán ponerse a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal, así como notificarse a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.
La disposición transitoria primera del RDL permite que las auditorías integradas en planes de igualdad vigentes mantengan su validez hasta que finalice su período de vigencia o deban revisarse, momento en el que deberán adaptarse a la nueva regulación.
6. Transparencia salarial desde el proceso de selección
El artículo tercero del RDL, en su apartado uno, incorpora una nueva letra g) al artículo 5 de la Ley 3/2023, de Empleo, que reconoce el principio de transparencia retributiva previa al empleo.
Entre sus principales consecuencias destacan:
- La obligación de incluir en las ofertas de empleo información sobre la retribución inicial correspondiente al puesto.
- La prohibición de solicitar a las personas candidatas información sobre su historial retributivo.
- La exigencia de que los anuncios de vacantes y las denominaciones de los puestos sean neutros respecto del género.
- La accesibilidad de la información para las personas con discapacidad.
Estas garantías deberán respetarse también en los procesos de selección que utilicen procedimientos automatizados o sistemas algorítmicos.
El precepto señalado del RDL, ahora en su apartado dos, añade una nueva disposición adicional duodécima a la Ley 3/2023 que extiende el principio de transparencia retributiva previa al empleo al personal empleado público, conforme a su normativa específica.
7. Nuevas infracciones y sanciones laborales
La disposición final primera del RDL modifica diversos preceptos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para reforzar el cumplimiento de las nuevas obligaciones empresariales.
Entre las novedades destacan:
- Información contractual: la falta de información sobre los elementos esenciales del contrato pasa de infracción leve a grave, mediante la modificación de los artículos 6 y 7.11.
- Transición a empleos más estables: se tipifica como infracción grave el incumplimiento de las obligaciones del nuevo artículo 21 bis del ET (art. 7.11).
- Igualdad y transparencia salarial: se refuerza la tipificación de los incumplimientos relativos a planes de igualdad, registro retributivo y comunicación de información a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva (arts. 7.13, 7.15 y 7.16).
- Represalias empresariales: se incorpora una nueva infracción muy grave para las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción frente al ejercicio de derechos laborales (art. 8.12 bis).
- Acceso al empleo: se actualizan las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de información a las personas candidatas y la solicitud de datos prohibidos o discriminatorios en los procesos de selección (arts. 15.1 y 16.1).
8. Igualdad retributiva en la contratación pública
La disposición final segunda del RDL modifica los artículos 201, 211.1 y 212.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para reforzar el cumplimiento de las obligaciones de igualdad y transparencia retributiva por parte de las empresas contratistas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar previsiones destinadas a garantizar dichas obligaciones y establecer penalidades proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los incumplimientos.
Además, se incorpora una nueva causa de resolución contractual por incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con la igualdad retributiva, cuando se acredite discriminación salarial por razón de sexo o un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia.
El procedimiento de resolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista, a la que deberá darse audiencia.
9. Comisión de transparencia retributiva y calendario de aplicación
Como se ha tenido ya oportunidad de indicar, el RDL incluye –en su art. segundo. Doce– un nuevo artículo 14 en el Real Decreto 902/2020 creando la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, como órgano colegiado interministerial y tripartito de coordinación y seguimiento, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Entre sus funciones figuran la recopilación y análisis de información sobre la brecha salarial, la cooperación con las autoridades competentes y la asistencia para el ejercicio de los derechos de información retributiva.
Asimismo, se prevé la actualización de las herramientas de registro retributivo y valoración de puestos de trabajo, sus guías de uso (disp. adic. primera del RDL) y la guía técnica para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género (disp. adic. segunda del RDL).
Por último, la nueva disposición transitoria segunda del Real Decreto 902/2020, incorporada por el artículo segundo. Diecisiete del RDL, establece los siguientes plazos:
Obligación |
Primera aplicación |
Información sobre brecha salarial en empresas de 150 o más personas trabajadoras |
Antes del 8 de junio de 2027 |
Información sobre brecha salarial en empresas de 50 a 149 personas trabajadoras |
Antes del 8 de junio de 2031 |
Primera remisión de información a la Comisión Europea prevista en el artículo 14.3.g) del RD 902/2020 |
Antes del 8 de junio de 2028 |
Transmisión de los datos estadísticos previstos en la disposición adicional séptima del RD 902/2020 |
Desde el 31 de enero de 2028, con referencia a 2026 |


