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Casi el 80% de los 1.700 millones del presupuesto del Ministerio de Justicia irán destinados a gastos de personales. Casi 81 millones se dedicarán a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, y otros 2,4 millones a la modernización tecnológica del Registro Civil.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la distribución del presupuesto de Justicia para 2017. Un ejercicio en el que la asignación ha crecido un 7,7% en relación con el año anterior, demostrando así el compromiso claro y rotundo del Gobierno con el impulso de la Justicia como servicio público esencial.

Cristina Cifuentes ha firmado con los agentes sociales, representados por el secretario general de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún; el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo; y el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE, Juan Pablo Lázaro, el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2017-2020, que supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con la seguridad laboral.

La Comunidad va a destinar 56,2 millones de euros al V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2017-2020 para los cuatro años de vigencia del mismo, lo que supone un incremento del 12% con respecto al presupuesto del IV Plan Director, según ha adelantado Cristina Cifuentes.

Más de setenta responsables de las distintas áreas ministeriales y organismos públicos comparecen entre el lunes 24 y el viernes 28 de abril en una veintena de sesiones de comisión para detallar las partidas que les corresponden en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y debatirlas con los representantes de los grupos parlamentarios.

La Comisión de Presupuestos se reúne en varias sesiones para acoger el testimonio de los secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública; el gobernador del Banco de España y los presidentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Agencia EFE, la Corporación de RTVE, entre otros.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado el compromiso del Ministerio en el  diseño e implantación de un Plan de acción para la reducción de los trastornos músculoesqueléticos en el medio laboral, tal y como se ha incluido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

Lo ha hecho en la inauguración del Centro de Atención y Rehabilitación Sanitaria (CARS) de SEAT ubicado en la fábrica de Martorell y dedicado íntegramente a la salud y bienestar del empleado y que contará con tres ámbitos de actuación: medicina preventiva, asistencial y rehabilitadora.

El artículo 14 de la Constitución Española, establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», algo que de cara a la justicia es de sentido común, pero,... ¿sucede lo mismo dentro de las empresas?, ¿existen en las empresas políticas sociolaborales y de igualdad que eviten la discriminación?

La igualdad entre las personas es una cuestión que se establece como requisito primordial para alcanzar la paz y el desarrollo de la humanidad, pero todavía son muchas las empresas en las que hay desigualdad entre hombres y mujeres, por roles, prejuicios o estereotipos.

“La situación de las  pensiones sigue siendo una de las mayores preocupaciones de nuestro colectivo”, en estos momentos tenemos en situación de cobro a 1.943.648 pensionistas dependientes de nuestro sistema, con una pensión media de 636€.

La pensión de jubilación se ha situado en 707,92€, la de viudedad 478,30€, la de orfandad en 317,79€ y las de incapacidad permanente en 77,55€.

“Sin duda esta situación lejos de mejorar ha ido empeorando con el paso de los años y es necesario cambiar la tendencia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

La nueva norma, que modifica otro Real Decreto de 1997, pretende establecer una regulación del control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social similar a la contenida en el Real Decreto del 28 de diciembre de 1995 de la Intervención General de la Administración del Estado, tras su modificación por un tercer Real Decreto, esta vez de 2015.

Buen gobierno y transparencia

Las modificaciones que se incorporan en el nuevo Real Decreto responden a la necesidad de unificar normativa y adaptarla a los nuevos procedimientos en línea con lo establecido en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, del 9 de diciembre de 2013.

Si eres emprendedor te interesa saber que tienes un tipo de contrato indefinido con muchas ventajas. La Ley 3/2012 fomenta la contratación estable y establece una serie de bonificaciones y deducciones fiscales.

Este tipo de contrato se podrá realizar hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15 por ciento y está dirigido a empresas que tengan menos de 50 trabajadores hasta el momento de su contratación, a jornada completa o parcial y con un periodo de prueba de un año, siempre que el trabajador no haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la misma empresa.

El contrato indefinido Emprendedores tiene incentivos fiscales para trabajadores menores de 30 años y desempleados perceptores de la pensión contributiva, y bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años para trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo de entre 16 y 30 años y mayores de 45.

Las obligaciones de la empresa que se acoja a la modalidad de Contrato Indefinido son, entre otras, que debe mantener al trabajador empleado durante al menos tres años y que deberá mantenerse el nivel de empleo en la empresa alcanzado durante al menos un año. Si el contrato se extingue por causas objetivas o despido disciplinario no se considerará incumplimiento.

SEPE