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El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos que renuevan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Con esta aprobación se crean 49 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras ocho ya existentes de 16 familias profesionales. Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 prestará especial atención a los sectores más desfavorecidos de la población y tiene los siguientes objetivos a corto plazo:

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2022.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Hasta la aparición de la COVID-19 muchos trabajadores acudían a su puesto de trabajo con gripe, resfriado común y con algo de fiebre, ya que, si los síntomas no eran muy fuertes, no se les pasaba por la cabeza pedir una baja laboral. Además, en caso de conseguirla, perdían 3 días de su salario, un dinero al que muchos trabajadores no quieren renunciar.

Pero la COVID-19 lo está cambiando todo. Ahora, si tienes unas décimas de fiebre ya no puedes ni entrar en la empresa y si empiezas a toser puedes provocar una estampida a tu alrededor o sentir cómo se te clavan las miradas de tus compañeros, algo que puede incomodar más que la propia tos.

Por si no fuera suficiente, ahora nos azota la variante ómicron, que parece no ser tan letal gracias a la amplia cobertura de vacunación, pero que se propaga a una velocidad de vértigo. La OMS calcula que la mitad de la población europea se contagiará de la ómicron en las próximas semanas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue un hito clave en la articulación de la política española de cooperación para el desarrollo. Sin embargo, desde entonces su marco político y jurídico ha cambiado significativamente. En este sentido, destaca la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) en el año 2000, la Declaración de París (2005), los foros de alto nivel de Accra (2008) y Busan (2011), la articulación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y, más recientemente, la adopción en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de la Agenda de Acción de Addis Abeba y del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como la aprobación en 2017 del Consenso Europeo de Desarrollo.

• La Negociación Colectiva vuelve a tener un papel central
  
• Los convenios colectivos recuperan la ultraactividad indefinida
  
• El convenio de empresa deja de ser prevalente en materia salarial, evitando las prácticas de devaluación salarial
  
• Desaparece el contrato por obra o servicio
  
• La contratación temporal podrá justificarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora
  
• Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional
  
• Se rediseñan los desincentivos de los contratos de muy corta duración para reducir la excesiva rotación
  
• Se introducen mecanismos de flexibilidad interna, con exoneraciones a la Seguridad Social e incentivos a la formación, como alternativa a la temporalidad y para reducir los despidos en momentos de crisis o reconversión, siguiendo el modelo usado durante la pandemia
  
• El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en enero de 2025

El Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, lo que implica que la norma obtiene su visto bueno definitivo y concluye por tanto su trámite en las Cámaras, tras haber logrado su aprobación también en el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre.

La ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, aprobado en el Consejo de Ministros, texto que se convalidó en el Congreso de los Diputados el 21 de julio, fecha desde la que se ha venido tramitando en las Cámaras como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

Con esta norma, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

La nueva norma fija un marco estable de revalorización de las pensiones. De acuerdo con él, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y se corrige definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación estaba suspendida desde 2018.