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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y fija en quince días naturales su duración, que podrá ser ampliada o modificada, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

En las disposiciones adicionales segunda y tercera se suspenden los términos y plazos procesales y administrativos.

La Ley Orgánica de este Tribunal 2/79, de 3 de octubre, remite en el artículo 80 a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de cómputo de plazos y el Pleno de este Tribunal, en reunión no presencial, a propuesta de su Presidente y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10.1.n de la citada Ley Orgánica 2/79, establece los siguientes criterios:

La tan ansiada noticia por fin se retransmitió, la cuarentena se acabó, los niños pudieron volver al colegio y la gente empezó a salir de sus casas. Los vecinos se saludaban, no se estrechaban las manos, pero se sonreían; todavía había algo de miedo, pero poco a poco se volvía a la normalidad.

Sin embargo, la enfermedad COVID-19 nos había cambiado; descubrimos que podíamos hacer muchas cosas para ayudarnos en los momentos difíciles, pero que también somos muy vulnerables y que tenemos que estar mejor preparados para afrontar este tipo de crisis.

El coronavirus cambió costumbres, sobre todo en lo relativo a las formas de saludarnos; los besos en las mejillas se esquivaban, el apretón de manos se cambió por una palmadita en el brazo, como el del presidente francés Macron a nuestro rey, pero también provocó cambios en el área laboral de las empresas.

Los agentes sociales han presentado al Gobierno un documento con medidas extraordinarias para garantizar la protección de las personas trabajadoras y la actividad empresarial frente al coronavirus, con el objeto de que sean negociadas por las partes en la mesa de diálogo social correspondiente en aras de una pronta respuesta a la actual situación de urgencia.

En el comunicado, que se transcribe a continuación (las negritas son nuestras), las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos  CCOO y UGT recogen algunas de esas medidas.

• El plan da respuesta al impacto negativo sobre familias y empresas derivado de las circunstancias excepcionales generadas por el COVID-19
• El Real Decreto-ley aprobado recoge medidas para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y apoyar a las empresas afectadas, en particular en el sector turístico y PYMEs
• Las medidas están alineadas con las acciones acordadas por los organismos internacionales

El Gobierno ha adoptado un plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19 que permitirá movilizar hasta 18.225 millones de euros durante este año. Estas medidas se unen a las adoptadas en materia sanitaria y de cobertura laboral en el Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo.

El Consejo de Ministros, ha aprobado un real decreto-ley que incluye medidas para mejorar la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. En este sentido, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus se consideran en incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo.

Este Departamento, de nueva creación, presenta una estructura dotada con los órganos necesarios, tanto de ámbito competencial, como de organización de servicios comunes, para poder desempeñar las funciones que tiene asignadas.

El Ministerio de Sanidad debe establecer su estructura ajustándola a la nueva distribución de las competencias del suprimido Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Consumo.

En este Departamento, también de nueva creación, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género desarrolla las funciones que ejercen los siguientes órganos directivos: