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• La prórroga será automática mientras la tasa de desempleo sea superior al 20 por 100.
• Se rebaja a veinte el número de jornadas para acceder a la renta o subsidio agrario ante la sequía en el olivar.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se prorroga el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de las personas que agoten su protección por desempleo y por el que se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.

La norma posibilita una prórroga automática del programa por períodos de seis meses cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fuera superior al 20 por 100. De este modo, se logra una mayor certidumbre y seguridad jurídica en la vigencia del programa, dado que será un indicador objetivo el que condicionará la continuidad o no de dicha prórroga.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido recibido por el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, con motivo de su primera visita oficial a ese país. Es la segunda vez que ambos mandatarios se reúnen tras la entrevista que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el 25 de enero de 2012.

Durante su comparecencia conjunta antes los medios de comunicación, el presidente del Gobierno de España ha informado de que el Consejo de Ministros de mañana presentará la Ley de Unidad de Mercado con el objetivo de "mejorar la competitividad de la economía".

Además, ha avanzado que el Gobierno establecerá una prórroga automática del Plan Prepara hasta que la tasa de paro baje del 20%. Su duración seguirá siendo de seis meses y el importe de la ayuda de 450 euros mensuales para los parados de larga duración con mayores cargas familiares y de 400 para el resto de desempleados.

En cuanto al desempleo, el número de parados aumentó en 187.300 personas en el cuatro trimestre, cifra inferior en algo más de 108.000 personas a la registrada en igual periodo del año anterior. La tasa de paro aumenta un punto, hasta el 26,02% y la cifra total de personas sin trabajo se eleva a 5.965.400.

Desde una perspectiva sectorial, la destrucción de puestos de trabajo en el último trimestre de 2012 afectó especialmente al sector servicios cuyo nivel de ocupación disminuyó en 305.600 ocupados, el 84,1% de la disminución del total del empleo. A gran distancia le siguieron construcción e industria, con reducciones intertrimestrales de 62.900 y 58.500, respectivamente. En cambio, en agricultura se produjo un aumento de 63.700 empleos.

Una vez ajustadas de factores estacionales, las cifras totales de empleo arrojan una pérdida que se situaría en unos 224.000 ocupados, con una tasa de caída del -1,3%, algo mayor que la registrada en el trimestre anterior (-1,01%).

Atendiendo a la estabilidad del empleo, se observa que la pérdida de empleo asalariado afectó tanto a los temporales como a los indefinidos, pero el primer colectivo lo sufrió con mucha más intensidad. Los trabajadores temporales disminuyeron en 216.600 en el trimestre y en 91.100 los ocupados con contrato indefinido.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha valorado hoy el teletrabajo como el mejor modelo para combinar “la conciliación, con la diversidad y la flexibilidad que hacen posible adaptar el trabajo a la vida”.

Esa apuesta fue la razón por la que, con la reforma laboral, el Gobierno reguló esta modalidad por primera vez en la historia, culminando el proceso iniciado con el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002 y el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva en 2003.

Durante la presentación del Libro del teletrabajo de Repsol, junto al presidente de la compañía, Antonio Brufau, Báñez ha destacado que la motivación de la reforma laboral fue proporcionar una flexibilidad a las relaciones laborales que no existía, lo que dificultaba enormemente que las empresas y sus trabajadores realizaran ajustes en tiempos de crisis, evitando el despido.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de las tasas judiciales.

La Sala rechaza el incidente de suspensión cautelar planteado por el Colegio de Abogados de Ourense en el recurso contra la Orden HAP 2662/2012, de 13 de diciembre, del Ministerio de Hacienda por el que se aprobaron los modelos de cobro de las tasas judiciales.

En un auto, los magistrados explican que admitir el incidente de suspensión prejuzgaría la cuestión de fondo, tal y como estableció en un auto la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del 14 de junio de 2012, cuando se pronunció sobre la “apariencia de buen derecho” en medidas cautelares, explicando que, de aplicarse, “se prejuzgaría la cuestión de fondo de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental, como es el proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba”.

Durante el acto de entrega de diplomas a 44 nuevos Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 22 Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, la ministra ha destacado que en estos momentos de crisis económica, "en la que tantos y tantos españoles están haciendo enormes sacrificios, la lucha contra los comportamientos insolidarios es todavía más urgente".

En 2012 se ha doblado el número de inspecciones para detectar empresas ficticias, gracias a lo cual se han detectado 1.559 infracciones, un 170% más que el año pasado. De esta forma, la Tesorería General de la Seguridad Social ha anulado 730 inscripciones de empresas ficticias, y 44.262 altas ficticias de empleados cuya finalidad era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar.

Se han realizado más de 20.500 actuaciones inspectoras en materia de prestaciones por desempleo. Gracias a ello, el número de infracciones detectadas por percepción indebida de prestaciones por desempleo ha aumentado un 50%. Las infracciones detectadas a empresarios por facilitar el cobro indebido de prestaciones por desempleo se incrementaron un 30%. 

El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV) destinadas al alquiler ha sido firmado hoy por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El acto de la firma ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El fondo nace con 5.891 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio. Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha de este convenio. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

El Juzgado de lo Social de Terrassa en sentencia de fecha de 20/11/2012 estima parcialmente la demanda presentada por la ex seleccionadora del equipo nacional de natación sincronizada contra la Federación Española de Natación y su presidente.

La trabajadora inició su relación laboral en 1997 que fue renovando mediante la firma de diversos contratos, el último bajo el amparo del Real Decreto 1006/1985 por el que se regula la relación laboral de deportistas profesionales con vigencia desde el 1/1/2009 hasta 31/12/2012 estando entre sus cometidos preparar al equipo nacional, seleccionar a sus componentes, hacer un seguimiento de la preparación, entre otras.

El pasado 19 de septiembre la Federación remitió carta a la trabajadora por la cual no renovaba su contrato de trabajo siendo presentado el nuevo equipo técnico días después y al mismo tiempo fue enviada a varios medios de comunicación una carta firmada por varias nadadoras con diversas acusaciones hacia la trabajadora la cual presentó demanda contra la Federación y su presidente por vulneración del derecho al honor y a la integridad moral solicitando la nulidad de la extinción anticipada de su contrato.