Noticias

El aumento sustancial del trabajo a domicilio a raíz de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficientes condiciones de trabajo de muchos trabajadores a domicilio, alrededor de 260 millones de personas en todo el mundo antes de la crisis.

Los trabajadores a domicilio, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la propagación de la pandemia de COVID-19, deben gozar de mayor protección, según se señala en un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Puesto que el trabajo a domicilio tiene lugar en la esfera privada, en la mayoría de los casos es "invisible". En los países de ingresos bajos o medianos, por ejemplo, casi todos los trabajadores a domicilio (el 90%) desarrollan su labor de manera informal.

• Este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas
  
• Es la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales
  
• Se mantiene la flexibilidad del modelo actual de ERTE por COVID y se simplifica la tramitación
  
• La salvaguarda del empleo se prorroga en los términos que rigen en la actualidad

El Consejo de Ministros ha visto en primera vuelta un Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, así como otras leyes en materia laboral, para la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018.

Esta norma tiene por objeto completar la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de personas trabajadoras para avanzar en la igualdad de trato ya que se considera que trabajadoras y trabajadores desplazadas se integran, efectivamente, en el mercado laboral español a partir de un determinado periodo de tiempo.

La nueva Directiva (UE) 2018/957 responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y de garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores desplazados, por otro.

La tasa de temporalidad laboral en España es un problema estructural de nuestro país, duplica casi la de la Unión Europea y alcanza también diferencias internas importantes entre nuestras regiones, siendo el contrato por obra y servicio una de las herramientas que se utilizan para la realización de estos contratos temporales.

Con la crisis económica que está generando la covid-19 esta tasa se está reduciendo, pero no porque las empresas estén realizando más contrataciones indefinidas, sino porque estos contratos temporales no se están renovando, o se está despidiendo a los trabajadores bajo esta fórmula de contratación.

Sin embargo, a los partidarios de reducir la temporalidad en nuestro país, les ha salido un aliado inesperado, ya que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y rechaza la limitación temporal de los contratos de trabajo a la duración de las contratas.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2020

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

• La medida da seguridad jurídica y continuidad a la función del SMI como garantía salarial mínima y protección para las personas trabajadoras
  
• La prórroga trata de garantizar la participación de los agentes sociales para acordar la subida del SMI y avanzar en la senda del crecimiento

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, que fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, y que se mantendrá el periodo necesario para permitir la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social que aborda esta materia en la búsqueda de un incremento pactado del SMI.

• Los ciudadanos de la UE que se desplazan diariamente a Gibraltar para trabajar podrán acceder a prestaciones por desempleo hasta el 31 de diciembre de 2022
  
• Los trabajadores que estuviesen desplazados para prestar servicios no tendrán que solicitar autorización de residencia y de trabajo a partir del 1 de enero de 2021 si no se amplía la duración prevista del desplazamiento

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas de adaptación tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada de Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea que incluye medidas de transición para las personas trabajadoras.