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La Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública ha publicado una Resolución que tiene por objeto garantizar la homogeneidad las medidas relacionadas con el personal al servicio de la Administración General del Estado en la fase de nueva normalidad . Esta Resolución "producirá efectos hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria producida por el COVID19 en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio"

Según se indica en la Resolución, durante la vigencia de la misma, las modalidades de trabajo serán presenciales y no presenciales. Con respecto a la modalidad presencial, se indica que se podrá compaginar con prestación del trabajo en una modalidad no presencial de hasta un 20% de la jornada semanal. Y si hubiere que establecerse turnos "gozará de prioridad el personal que no pueda acogerse por la naturaleza de sus funciones a la modalidad no presencial, y, al mismo tiempo, tengan a su cargo a menores de 14 años; o personas mayores, dependientes o con discapacidad afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día."

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto ciertas prácticas en el ámbito de la contratación laboral que consisten en solicitar a los candidatos a un puesto de trabajo información de si han pasado la COVID-19 y desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado.

La Agencia Española de Protección de Datos considera necesario advertir que estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos aplicable.

Para el desarrollo de las medidas acordadas, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por un integrante de cada una de las organizaciones sindicales firmantes y un número igual de representantes por parte de la AGE.

Nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo –más de 55 millones de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social.

La amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición de Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES II). El plan, elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a una dotación de 100 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se activa el quinto y último tramo de la Línea de Avales para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. Esta Línea fue aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por un importe total de 100.000 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19 y es la mayor movilización de avales públicos para empresas puesta en marcha en España.

La activación por tramos ha permitido ir adaptando la Línea a las necesidades de las distintas empresas y sectores en cada momento, lo que hace que sea una de las más utilizadas en Europa.

Este tramo tiene una dotación de 15.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se ponen a disposición de autónomos y pymes, en línea con lo que se ha venido haciendo hasta el momento de priorizar a las compañías de menor tamaño. El resto de empresas contarán con 5.000 millones de avales.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

La actividad de los profesionales de la asesoría laboral está siendo frenética en los últimos meses, ya que los efectos de la COVID-19 están cambiando el panorama laboral de nuestro país y estos profesionales son los encargados de realizar las gestiones necesarias en la Seguridad Social para que estos cambios se materialicen.

La primera gran avalancha de trabajo vino con la tramitación de los ERTEs, pero sin tiempo casi a respirar vino la segunda ola, sacar a los trabajadores de los ERTEs. Sin embargo, estas medidas de contención no son suficientes para salvaguardar el empleo y las rentas de muchos españoles, con lo que a partir del 15 de junio de 2020, se puede solicitar una nueva prestación de la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital.