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Un contrato en prácticas tiene como objetivo adquirir experiencia sobre los estudios cursados del trabajador. Un contrato en prácticas no es igual a un contrato de formación y aprendizaje. Tampoco es similar a las prácticas no laborales que se realizan durante los estudios como complemento a los conocimientos teóricos que se imparten durante la duración del curso.

Requisitos para acceder a un contrato en prácticas

Para acceder a un contrato en prácticas debes de tener un título universitario, de formación profesional, un certificado de profesionalidad o un título equivalente de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente.

También es necesario que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios. En el caso de personas con discapacidad, este periodo de tiempo puede ser de siete años. Si el trabajador tiene menos de 30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social con especial incidencia en la provincia de Lugo. Se han investigado a 26 personas como responsables de impagos de cuotas que han causado un perjuicio total a la administración de casi 5.000.000 de euros. En el marco de esta operación también se han realizado actuaciones operativas en Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Viveiro y Ponferrada.

La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado 12 expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Lugo, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como “falsos autónomos”. En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e  insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

En los últimos tiempos se ha venido produciendo una agria polémica, como dicen los periodistas, a cerca de la hipotética solvencia de nuestro sistema de pensiones llegado el caso, bien cercano, de que resulte deficitario y no pueda cumplir con las honrosas aspiraciones de los forzados contribuyentes, porque, no olvidemos, que la cuota de la Seguridad social no es un seguro, es un impuesto.

Las distintas argumentaciones en contra de la robustez de nuestro sistema se basan en la matemática financiera, cuya proyección de flujos nos dice que, con las velocidades de crecimiento de la población y del número de cotizantes, unido a las tendencias actuales de automatización y digitalización de la economía, se producirá la quiebra del sistema a no mucho tardar, habiendo quien pronostica incluso la fecha de 2050 como la del colapso definitivo del sistema de cumplirse los cálculos proyectados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentado como precedente un matiz importante en la configuración del derecho a inspeccionar al trabajador en su puesto de trabajo, en el seno de un procedimiento laboral en el que, al llegar el caso a dicha instancia, ha condenado a España por infracción de la normativa de protección de datos mediante la condena de cinco cajeras de un supermercado despedidas por ser grabadas robando por una cámara oculta, de cuya existencia no tenían conocimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud.

La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en España. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012.

Así, la norma reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

El Consejo de Ministros ha aprobado varios Reales-Decretos, sobre Oferta de Empleo Público para 2018, Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018, estabilización del empleo temporal y recuperación de los derechos por incapacidad laboral.

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018.

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.