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El Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, publicado en el BOE y en vigor hoy, modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece, en sus apartados 1 y 2, los supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las excepciones a dicha obligación.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la citada ley habilita al Gobierno a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en el artículo 6, cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen.

Cada vez eran más las fichas de ajedrez amenazadas sobre el tablero, por lo que el desenlace de la partida se decidiría en los próximos movimientos. Finalmente, la balanza se decantaría sobre el jugador que mejor aguantó la presión y no cometió errores.

«Se busca trabajador con resistencia a la presión», es el anuncio en muchas ofertas de empleo. ¿Será para jugar al ajedrez?

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2023.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Gobierno ha aprobado el primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y empleo joven, entre otras, con una dotación de más de 33.330 millones de euros hasta 2024, de los que 15.000 millones incidirán directamente en los jóvenes. Una inversión para mejorar y proteger los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

Este primer plan impulsado desde el Instituto de Juventud (INJUVE) recoge, actualiza y concreta los retos de la Estrategia de Juventud 2022-2030 que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo, incorporando las necesidades planteadas por la actual coyuntura a medidas e inversiones ya puestas en marcha a lo largo del año 2022.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 (PAN-23), en cuya elaboración han participado todos los ministerios.

El plan incluye un total de 117 iniciativas normativas, que se concretan en tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. El 30% están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, casi un tercio incorporan al ordenamiento interno el Derecho de la Unión Europea y más de un 10% son normas que ya han sido aprobadas en primera vuelta por el Consejo de Ministros. La configuración de este PAN-23 responde, por tanto, a una planificación realista y acorde al contexto del año en curso, alineada con las prioridades, los compromisos y los objetivos del Gobierno.

Después de varios años en la empresa, las perspectivas de futuro de Antonio eran buenas, era feliz en su trabajo, se le tenía en cuenta para proyectos importantes y en líneas generales cumplió con las expectativas para las que fue contratado.

Pero había algo que mejorar: su salario no se correspondía con las funciones que estaba realizando, así que se armó de valor y decidió solicitar un aumento.

Cundo salió del despacho de su jefe, lo hizo contento, pensó que su solicitud sería tenida en cuenta, ya que su jefe le dijo que estudiarían su solicitud con interés.

El tiempo empezó a pasar y el aumento no llegaba, pero además empezaron a pasar algunas cosas  extrañas. Su carga de trabajo disminuía, no le asignaban nuevos proyectos y se quedaba fuera de reuniones a las que antes acudía.

Siguió pasando el tiempo y el estado anímico de Antonio se empezó a resentir, empezó a cuestionarse su profesionalidad, repasaba en su cabeza si estaría haciendo las cosas mal y, antes de seguir cayendo en el pozo, decidió armarse de valor y pedir el finiquito.

En el BOE de 25 de enero se ha publicado el Real Decreto 37/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. Tiene como fin simplificar y facilitar la adscripción, cesión y enajenación de inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social pero que no están siendo utilizados por ninguna de las entidades gestoras y servicios comunes del sistema. El objetivo es promover un uso más eficiente del patrimonio de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la primera ley estatal sobre servicios sociales de la democracia española. La norma establece por primera vez unos mínimos comunes estatales en materia de servicios sociales, reduce las barreras de acceso a la protección social y posibilita la movilidad territorial, entre otras medidas.