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El Gobierno ha ampliado hasta el 15 de agosto la vigencia del Plan PREPARA, programa de recualificación profesional para las personas en paro que agotan su protección por desempleo, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta la fecha, se ha prorrogado en 7 ocasiones.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquéllos con responsabilidades familiares. Está dirigido a las personas que agotan la prestación por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios. Para ellos, los Servicios Públicos de Empleo desarrollan itinerarios personalizados de inserción en función de las características de cada beneficiario durante un periodo de 6 meses.

• Se agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia.
  
• La reforma reconoce como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres
  
• Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto frecuente con niños
  
• Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales.

La Comunidad Autónoma y el Ministerio de Empleo han acordado la creación de una unidad especializada para la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular, a través de la investigación y el diseño de nuevas técnicas y medidas de actuación. Así lo recoge el convenio firmado hoy entre el consejero José Gabriel Ruiz y el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, que permitirá reforzar la coordinación entre las medidas autonómicas de lucha contra el fraude y las adoptadas por el Gobierno central.

El acuerdo define los términos de colaboración con el objetivo de potenciar y mejorar la eficacia de los mecanismos de control, e intensificar las actuaciones de carácter documental y presencial, como instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales.

Los Centros de Seguridad y Salud Laboral del Gobierno de Extremadura están realizando una campaña de control y asistencia técnica sobre las condiciones de trabajo en el sector agrario, haciendo especial hincapié en la mejora de las condiciones de trabajo y en la formación y vigilancia de la salud de los trabajadores del sector, especialmente de los que se acaban de incorporar a esta actividad o provienen de otros sectores.

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.516.056 el pasado enero, un 2,36% menos que el mes anterior (-36.583). Desde que existe estadística comparable en enero nunca se han producido crecimientos de la ocupación, una inercia que se rompe en términos interanuales: es la primera vez desde 2008 que aumenta el número de ocupados respecto al año anterior.

En concreto, la tasa anual presenta un avance del 0,08%, el equivalente a 1.235 afiliados más, tras los repetidos descensos de los últimos eneros en los que se llegaron a registrar caídas del  -6% (2009).

En el mensaje del Secretario General de la AISS se afirma que la justicia social es inseparable del pleno respeto de las libertades y los derechos humanos fundamentales, incluido el acceso a la seguridad social

El 20 de febrero las Naciones Unidas celebrarán el Día Mundial de la Justicia Social. La justicia social se define como el pleno respeto de las libertades y los derechos humanos fundamentales. Se sabe, sin embargo, que en el año 2015 el goce del derecho humano a la seguridad social sigue siendo, a lo sumo, parcial para una parte significativa de la población mundial. Tal y como reconoce desde hace mucho tiempo la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), no puede existir justicia social sin seguridad social, y este es el objetivo de la labor de las organizaciones miembros de la AISS.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el “Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y al acoso y la violencia en la Carrera Judicial”.

El documento ha sido elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial -que presiden los vocales del CGPJ Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya, respectivamente-, después de haber oído a los representantes de todas las asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

El Ministerio de Justicia estudia incluir en su proyecto de revisión del actual sistema de tasas judiciales, impulsado en su momento por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, la eliminación de la obligación de su pago, al menos en la primera instancia, para ciudadanos, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El departamento que dirige Rafael Catalá está ultimando un informe dirigido a modificar la actual ley que beneficiará, además, a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.