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El Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, determina que están sujetas a la obligación de cotizar a la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente para cada uno de los diferentes Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social.

El pago de los Seguros Sociales es una obligación mensual, en la que es el empresario el responsable del ingreso de la cotización por cuenta de la empresa y de la de sus trabajadores, para lo cual descontará del salario las aportaciones que a estos les correspondan.

El Pleno del Congreso de los Diputados da luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre protección por desempleo presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, que inicia así su tramitación parlamentaria. 

La iniciativa, que ha salido adelante por 169 votos a favor, 132 en contra y 39 abstenciones, tiene por objetivo mejorar la renta sustitutiva del salario cuando la persona trabajadora pierde su empleo o no accede a un puesto de trabajo y "revertir los recortes realizados durante la crisis".

En concreto, y entre las medidas que incluye la Proposición de Ley, "se trata de abonar una prestación económica, pero también de que se lleven a cabo por parte de los servicios públicos acciones o políticas activas para mejorar la capacidad profesional de las personas, incluso su posible obsolescencia laboral, y su ocupabilidad", señala el grupo proponente.

La isla griega de Creta puede ser un lugar idílico para disfrutar de unas vacaciones, pero si te llega una notificación electrónica de la Seguridad Social en la que se hace referencia a Cret@ seguro que no es para pagarte unas  vacaciones en esta isla, sino que probablemente sea para informarte de que tu empresa se tiene que incorporar al Sistema Cret@ o Sistema de Liquidación Directa.

Además, el nombre de Cret@  no tiene nada que ver con la idílica isla, sino que son las iníciales de Control de Recaudación por Trabajador, que es el nuevo modelo de cotización incorporado por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, por el que las empresas abonarán a la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores.

El Pleno del Congreso ha aprobado el articulado y cada una de las secciones del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con la incorporación al dictamen de enmiendas acordadas por varios grupos (1 y 2), que incluyen, entre otras partidas, el incremento hasta 200 millones de euros de la dotación económica del pacto contra la violencia de género; la reducción del IVA para servicios de asistencia para personas en situación de dependencia; y aportaciones para un fondo de becas para huérfanos de víctimas de violencia de género; tasa de reposición y anticipo de la edad de jubilación de policías locales; permisos de paternidad; investigación de perfiles genéticos en los casos de bebés robados; e inversiones para Canarias en las partidas de varios ministerios.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha sometido desde el lunes hasta el miércoles al debate en Pleno en el que cada ministro expone ante los diputados las partidas correspondientes a sus departamentos y los grupos parlamentarios defienden las enmiendas al articulado y las secciones no incorporadas durante la tramitación en la Comisión de Presupuestos, después de presentar los escritos de mantenimiento de enmiendas para someterlas de nuevo a votación.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Gran Canaria y Fuerteventura una operación contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Los agentes han revisado 3 expedientes, siendo investigadas 7 personas físicas y 8 mercantiles, de las que resultaron implicadas 7 de ellas por el fraude de 2.596.627,07 euros al sistema de Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los administradores de las mercantiles, testaferros o personas de su entorno familiar.

Las investigaciones arrancaron a principios del presente año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, al haber detectado numerosos casos en los que varios grupos de empresas habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio y de apropiación indebida de esas asignaciones.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de mayo de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

Los problemas endémicos del mercado laboral español, así como la deficiente regulación y la abundante picaresca, hacen que trabajadores y empresarios se encuentren sumidos en muchas ocasiones, en unas relaciones laborales al borde de la ilegalidad, o claramente ilegales, como es el caso de los  falsos autónomos.

En España, país del Lazarillo de Tormes, pícaro aficionado en comparación con los pícaros de hoy en día, debe existir una fuerte carga genética de picaresca, de manera que cuando el aburrimiento nos invade, muchos lo combaten buscando alguna ley que incumplir para conseguir subir los niveles de adrenalina, siendo el ámbito de las relaciones laborales un terreno donde las prácticas ilegales se dan desde el principio de la historia.

El Convenio entre ambos países data de 1991 y se ha visto afectado por la entrada en vigor del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

Esta revisión pretende actualizar las relaciones bilaterales en materia de Seguridad Social entre ambos países y, especialmente, adecuarse a la entrada en vigor del mencionado Convenio Multilateral. Con esta actualización, ambos países avanzan en la necesidad de actualizar los procedimientos, ofrecer la cobertura adecuada a los asegurados, reducir los costes administrativos y de los fraudes derivados del uso indebido de los derechos previstos en ambos convenios vigentes.