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Los secretarios de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, han mantenido este miércoles una reunión con el presidente de la Comisión Sectorial I+D+i de la Confederación de Rectores Universitarios (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, para analizar algunas de las posibles incidencias administrativas producidas por el cambio de código de los contratos predoctorales realizado a partir 2015.

El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 9.020 viviendas al cierre de 2016, lo que representa más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables. Desde su creación en 2013, el FSV ha ido aumentando la dotación, hasta un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras.

Su vigencia se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018. Está previsto, además, extender dos años más la suspensión de los lanzamientos (hasta enero de 2019) que vencía este año y ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis, a las familias con menores de edad a su cargo (no solo hasta tres años).

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha anunciado los avances que se están llevando a cabo en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de contratos. La Ley pretende promover clausulas sociales en contratación pública, que representa el 16% del PIB. Este, ha dicho la Ministra, será el gran avance del Gobierno en las políticas sociales y en la integración de las personas con discapacidad.

La directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha realizado una valoración global de las medidas desarrolladas durante el primer año de funcionamiento del VII Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura 2016-2019, y ha manifestado que “más del 50 por ciento de los objetivos generales trazados en el plan ya se han puesto en marcha y están en desarrollo”.

En este sentido, ha destacado la formación que se ha llevado a cabo en seis centros de Educación Primaria y en cinco centros educativos de Formación Profesional, a finales del año pasado, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, medida que ha elevado su demanda este año por parte de otros centros para poder llevarla a cabo el curso que viene.

De los 3.191.291 autónomos que hay en España, 1.972.985 son autónomos persona física (61,8%), es decir, seis de cada diez. Por otro lado, el 38,2% de los autónomos están dados de alta con algún tipo de sociedad, es decir, 1.218.306 personas. De los autónomos persona física, 12.275 están dados de alta en el régimen especial del Mar.

Además de los ya mencionados autónomo persona física y societarios, hay 194.925 autónomos dados de alta como familiar colaborador, 388.883 como administrador de sociedad, 42.706 como familiar de socio, 11.556 como religioso y 24.670 enmarcado en los colegios profesionales.

La figura del empresario es clave en la sociedad actual, tanto por su labor dinamizadora de la economía, como por el empleo que generan.  Según la Federación del Trabajador Autónomo (ATA), de los 420.000 nuevos empleos que se generarán en el 2017 en el ámbito del emprendimiento, 105.000 corresponderán a trabajadores autónomos.

Si bien antaño la economía se organizaba en feudos hereditarios, controlados por la nobleza, en donde la cuna marcaba el futuro, en el siglo XXI, el poder ya no lo ostentan los títulos nobiliarios, sino las multinacionales y las empresas, cuyos empresarios en muchos casos proceden de orígenes humildes, por lo que hoy en día cualquiera tiene la oportunidad de ser empresario.

El total de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo hasta diciembre de 2016 fue de 3.999, 1.676 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 29,5%.

El número total de procedimientos fue de 5.397, que supone un descenso del 26,4% respecto a 2015. Los procedimientos finalizados con acuerdo representan el 92,5%, frente al 7,5% que lo hizo sin acuerdo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).