Nuestros antepasados se instalaron en la península ibérica hace muchos años, por aquel entonces, no existía la Ley de Extranjería, ni un muro como el que quiere construir Donald Trump, el recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, muro que por cierto ya existe, en las zonas donde las barreras naturales no ejercen esa función.
La Tarifa Plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para incentivar a los nuevos autónomos ha beneficiado desde su puesta en marcha a 999.382 emprendedores, de los que 379.397 son menores de 30 años.
La tarifa plana se introdujo en el Real Decreto-Ley de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013, dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.
El Grupo de Expertos designados a propuesta del Gobierno y de los Interlocutores sociales para determinar el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 14 de septiembre de 2015, así como su impacto en el ámbito de las relaciones laborales inicia sus trabajos este lunes.
La creación de este Grupo se acordó en el marco del diálogo social, en la reunión que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez y los representantes de las organizaciones sindicales, CC.OO. y UGT, y empresariales, CEOE y CEPYME, celebraron el pasado día 17.
«Haciendo la vida más fácil», es un documento en el que han colaborado el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Fundación ONCE, con el objetivo de presentar unos productos que hagan más llevadera, fácil, y cómoda la vida, tanto para las personas mayores como para las personas con discapacidad. Este folleto se presentó, el pasado 4 de noviembre, en la sede central del Imserso.
El Protocolo sobre trabajo forzoso de la OIT, que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014, entró en vigor el 9 de noviembre, un año después de haber recibido su segunda ratificación.
Esto significa que todos los países que lo ratificaron – Níger, Noruega, el Reino Unido. Mauritania, Mali, Francia, la República Checa, Panamá y Argentina – a partir de ahora tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en el Protocolo.
La directora general de Mujer, Alicia Barquero, asiste hoy al seminario ‘Competencias para la coordinación en violencia de género’, organizado por la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de Ceuta y financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este encuentro de trabajo tiene como objetivo que el Gobierno de la Región de Murcia haga sus aportaciones al protocolo de coordinación para mejorar la atención a mujeres y menores expuestos a la violencia de género, que la Ciudad Autónoma de Ceuta va a implantar próximamente.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de Mujer, destina más de 400.000 euros a impulsar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de ayudas directas concedidas a los 45 municipios de la Región para la atención de menores de hasta 12 años cuyos progenitores trabajan o participan en acciones formativas para el empleo.
La consejera Violante Tomás visitó hoy, junto con la alcaldesa de Pliego, Ramona Jiménez, un centro de atención a la infancia, y afirmó que “ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre su trabajo y su familia, de ahí que estamos incrementando las ayudas para mejorar la conciliación para madres trabajadoras”.
Esta Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha sido aprobada por el grupo de expertas y expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en la reunión celebrada el 13 de octubre de 2016.
La actualización de la Guía, que se editó por primera vez en 2008, recoge las últimas modificaciones legislativas en la materia y tiene como objetivo servir de soporte y ayuda al trabajo diario de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer, unificando la forma de proceder en estos Juzgados para que el tratamiento y la protección de las víctimas sea igualitario en todo el territorio nacional.
