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El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones.

El texto legislativo, para cuyo trámite parlamentario se ha solicitado el procedimiento de urgencia, tiene como objetivo garantizar a medio y largo plazo un sistema de pensiones público, equitativo, de reparto, y sostenible en el tiempo.

Factor de sostenibilidad

El Factor de Sostenibilidad no cambia la esencia del sistema de pensiones (público, solidario y comprometido con todas las generaciones) y consolida y garantiza el pacto intergeneracional.

El diseño del Factor parte de la idea clave de que hoy los españoles viven más años (en media, se ganan dieciséis meses de esperanza de vida cada diez años), por lo que la cuantía de la pensión debe modularse en función del tiempo en que se vaya a recibir, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

• Las cuentas públicas de 2014 se enmarcan ya dentro de la senda de la recuperación y el crecimiento económico.
• Habrá rebajas tributarias selectivas que reducirán los tributos, especialmente a nuevas empresas y autónomos, en el ámbito del emprendedor para impulsar la reactivación económica. No hay previstas subidas de impuestos para 2014.
• Los funcionarios mantendrán su nivel salarial y sin pérdidas relevantes de poder adquisitivo, ya que la inflación estará en niveles mínimos. Además, mantendrán sus pagas extraordinarias.
• Este nuevo escenario permite empezar a incrementar ciertas partidas como las destinadas a becas, cultura, e I+D+i, que crecen el 21,5 por 100, 17,1 por 100 y 1,3 por 100, respectivamente.
• La consolidación fiscal llevada a cabo en 2012 por todas las administraciones públicas y agentes económicos se ha traducido en una reducción de la prima de riesgo y una mejora sustancial de las cotizaciones en Bolsa.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, unas cuentas austeras que continúan con el proceso de reducción del déficit y cuya principal novedad es que se enmarcan ya dentro de un moderado crecimiento económico.

El secretario de Estado de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que el Gobierno atenderá las aportaciones del Consejo Económico y Social y de otros organismos que “puedan aportar elementos positivos" al Anteproyecto de la Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones. 

Burgos hacía estas declaraciones tras conocer que el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) había aprobado con una mayoría de 43 votos a favor, 3 abstenciones y 8 votos en contra su dictamen sobre este anteproyecto de ley.

La pensión media de jubilación alcanzó los 983,21 euros, un 3,5% más  respecto al mismo periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 859 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2%.

El número de pensiones contributivas registró en septiembre un total de 9.095.046, lo que equivale a un incremento interanual del 1,7%. Más de la mitad de estas prestaciones son por jubilación, 5.475.660; 2.338.680 corresponden a viudedad; 933.531 a incapacidad permanente; 309.491 a orfandad y 37.684 a favor de familiares.

• Evolución mensual de las pensiones. Septiembre 2013.

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización.

El pasado jueves concluyó su tramitación parlamentaria  con la votación de las enmiendas procedentes del Senado.

Así, a la espera de la publicación del texto en el BOE aquí os facilitamos todos los textos publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales así como  el de la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados.

• Proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Este saldo positivo de 3.384,38 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 85.450,41 millones de euros, que aumentan un 4,62% y unas obligaciones reconocidas de 82.066,03 millones de euros, que crecen en un 3,94% en relación al mismo periodo del año anterior. Los gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha alcanzarían un importe aproximado de 764 millones de euros.

El crecimiento de los ingresos de agosto de 2013 se explica fundamentalmente por el adelanto de  las transferencias recibidas del Estado, por importe de 13.968,17 millones de euros, un 89,90% respecto al total presupuestado, y destinadas a financiar gastos que se irán produciendo a lo largo del ejercicio. Estas transferencias son superiores en 6.406,03 millones de euros a las recibidas por este concepto en el mismo período del ejercicio anterior. Sobre el total de ingresos las aportaciones del Estado representan el 16,35%.

Se encuentra disponible el asistente para la generación de ficheros para el envío al SEPE de las medidas de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, en aplicación de la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo

Este servicio permite realizar a través de Internet, por parte de las empresas, la comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con carácter previo a su efectividad, de las medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada.

SEPE

* Incorporará una serie de datos básicos y comunes de cada usuario, y estará vinculada a un código de identificación personal único para cada ciudadano del Sistema Nacional de Salud.

* El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegurará que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

* Las actuales tarjetas se sustituirán con motivo de su renovación por cualquier causa y el proceso estará finalizado antes de cinco años.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, que modifica otro del 30 de enero de 2004, que establece que todos los ciudadanos usuarios del Sistema Nacional de Salud dispondrán de una tarjeta sanitaria individual con una serie de datos básicos y un código de identificación personal que permitirá que sea interoperable en todas las Comunidades Autónomas.

De este modo, se da cumplimiento a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, que fijaba que los ciudadanos tienen derecho a recibir, por parte del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre, la asistencia sanitaria en las mismas condiciones y con idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa Comunidad Autónoma. Se estima que cuatro millones de españoles reciben cada año atención sanitaria en una Comunidad Autónoma distinta a la suya.