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El Ejecutivo ha regulado los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De este modo, se podrán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros.

• Traslada el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre
  
• El plan dará cobertura a las necesidades de empleabilidad de unas 7.750 personas
  
• Las medidas se instrumentarán a través de un convenio entre el SEPE y el Gobierno de Canarias
  
• Permitirán tanto ayudar a actividades existentes como a abrir la puerta a nuevas oportunidades, avanzando en un modelo productivo de calidad
  
• Las nuevas ayudas serán compatibles con subvenciones ayudas o ingresos que provengan de entidades o administraciones nacionales o internacionales

• Las empresas y autónomos afectados por la erupción podrán aplazar las cotizaciones de los próximos cuatro meses con un interés reducido (del 0,5%, siete veces menor al habitual)
  
• También podrán solicitar una moratoria de hasta un año en el pago de las próximas cuotas a la Seguridad Social
  
• Ambas medidas se suman a los ERTE y prestaciones de autónomos especiales que se aprobaron la semana pasada para los trabajadores y empresas de la zona

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para promover la igualdad de las mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

La medida tiene por objeto incentivar que las mujeres, que comparten tareas agrícolas en explotaciones familiares, participen también en igualdad de condiciones en los derechos y obligaciones que les corresponden, según el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida de 15 euros hasta los 965 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT).

La subida, que se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2021, es la segunda vez que se acuerda desde el inicio de la legislatura y constituye un avance en el compromiso para que el SMI vaya aumentando progresivamente el año que viene y en 2023, hasta alcanzar 60% del salario medio antes del fin de la legislatura.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto que regula los programas comunes de empleo que constituye el marco sobre el que se desarrollan las Políticas Activas de Empleo (PAE) en todo el territorio del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las comunidades autónomas, según su ámbito de competencias.

La norma aprobada hoy responde a la necesidad de simplificar la gestión y una regulación muy dispersa y también de actualizar los programas existentes para que se adapten a las necesidades cambiantes del mercado laboral y se adecúen a las particularidades de cada territorio. De esta manera, permitirá aumentar la eficacia de las PAE e impulsar su adaptación a cada perfil de la persona demandante.