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La reciente entrada en vigor de la obligación del registro de la jornada de trabajo, a la que se une la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da la razón a Comisiones Obreras en la demanda que interpuso contra el Deutsche Bank, para que pusiera en marcha un registro de control de la jornada laboral diaria, parecen poner el punto y final a esta historia.

El control de los horarios de los trabajadores parece pues que se consolidará, por lo que a las empresas no les queda más remedio que adaptarse a la nueva normativa o arriesgarse a recibir importantes sanciones de la inspección laboral.

Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se han recibido en la Dirección General de Trabajo diversas consultas en materia de registro de jornada.

Por ello, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha elaborado este documento con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado una Guía de Contratos que recoge toda la información sobre contratos de trabajo e incentivos, actualizada a abril 2019.

En este link pueden consultar todas las Guías publicadas por el SEPE.

La historia del registro del control del tiempo de trabajo es digna de una serie de intriga en la que sus diferentes protagonistas serían una garantía de su éxito ya que tenemos a empresarios, inspectores de trabajo, banqueros, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo contradiciéndose y, finalmente, al Gobierno, que con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, ha puesto punto y final a esta trepidante historia, al incluir en el Estatuto de los Trabajadores la obligatoriedad del registro del tiempo de trabajo. De esta manera el Gobierno busca limitar la realización de horas extraor

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

• Los ingresos por actividad artística derivada de los derechos de propiedad intelectual serán compatibles con el 100% de la jubilación contributiva
• Las personas beneficiarias mantienen a todos los efectos la condición de pensionistas y contribuirán con una cotización solidaria del 8 por ciento
• Esta norma da cumplimiento al mandato recogido en el Real Decreto-Ley 26/2018 de 28 de diciembre

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el real decreto por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con la actividad de creación artística, por la que perciben derechos de propiedad intelectual.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Castellón la denominada operación “PORTO”, dirigida a descubrir el fraude a la Seguridad Social en diversos sectores de actividad comercial como la hostelería, construcción, imprenta, papelería, costura y arreglos de ropa, mecánica de vehículos, compra venta de materiales galvanizados o chatarra.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de enero tras recibir diferentes denuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidos en la provincia de Castellón. Tras diversas gestiones los agentes llevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las cuales 18 de ellas resultaron arrestadas y 12 más investigadas no detenidas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Asimismo los investigadores también descubrieron que desde el 2008 hasta la fecha se ha generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 7.092.772,43 euros.

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de sus acreedores, los investigados creaban en unos casos grupos fraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a las que transferían las ganancias de las empresas deudoras ocultando de este modo su verdadero balance económico.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales