El Gobierno reactiva el CERSE y actualiza su papel en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial
El Real Decreto 301/2026, de 8 de abril, publicado en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril de 2026, modifica la regulación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) contenida en el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, con el objetivo de reactivarlo y adaptarlo al actual marco de la sostenibilidad empresarial. No se trata de una norma que imponga nuevas obligaciones directas a las empresas, sino ante una reforma de carácter institucional y competencial, orientada a reforzar el papel del consejo como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de responsabilidad social empresarial.
La principal novedad radica en la recuperación expresa de su carácter de órgano de participación institucional.
Junto a ello, se actualizan y amplían sus funciones, que pasan a conectarse de forma mucho más clara con la normativa vigente sobre sostenibilidad, información corporativa y diligencia debida. Entre esas funciones figuran la elaboración de informes sobre la calidad de la información de sostenibilidad, la emisión de informes no vinculantes sobre proyectos normativos con incidencia en esta materia, su actuación como observatorio estatal y la promoción de iniciativas relacionadas con derechos humanos, igualdad, cambio climático, contratación pública y buenas prácticas empresariales.
La reforma también incorpora de forma expresa referencias a normas hoy centrales en este ámbito, como la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y diversidad, y la regulación europea sobre información de sostenibilidad y diligencia debida empresarial. Además, se refuerza la atención a las pymes y a las entidades de la economía social, que pasan a ocupar una posición más visible dentro de la actuación del consejo.
Desde el punto de vista organizativo, la norma revisa la composición del CERSE, mantiene su estructura cuatripartita y paritaria, actualiza las referencias orgánicas y precisa que su funcionamiento no supondrá incremento de gasto público. Como novedad adicional, habilita al Ministerio de Trabajo y Economía Social para desarrollar en el futuro un Sello de Empresa Socialmente Responsable, destinado a distinguir a aquellas empresas y entidades que contribuyan a la implantación y difusión de este tipo de políticas.