TS. Recargo de prestaciones: su naturaleza sui generis determina que la superación del plazo máximo del expediente iniciado de oficio se considere resuelto por silencio administrativo negativo

Recargo de prestaciones

Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Superación del plazo máximo del expediente administrativo iniciado de oficio (135 días). Efectos.

La complejidad de la figura del recargo prestacional obliga a mantener su naturaleza sui generis, que cumple funciones tanto sancionadoras como indemnizatorias, lo que explica su compatibilidad tanto con las sanciones administrativas como con la responsabilidad civil derivada del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional. No hay que olvidar que el artículo 25 de la LPAC de 2015 diferencia: A) Procedimientos de los que pueda derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, en los que opera el silencio administrativo negativo. B) Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, en los que se produce la caducidad. El expediente administrativo de recargo prestacional se incluye en el primer supuesto porque puede conllevar el reconocimiento de derechos a favor del trabajador accidentado, que no debe verse perjudicado por la inactividad de la Administración pública. Por lo tanto, hay que distinguir: A) Cuando se trata de un expediente sancionador (una sanción administrativa de la LISOS) y se excede el plazo máximo, el procedimiento administrativo ha caducado pero la inactividad de la autoridad laboral no perjudica a un tercero, sino que las consecuencias del incumplimiento del plazo solamente revierten en el causante del retraso: la Administración. B) Cuando es un expediente de recargo prestacional, la demora de la Administración no debe perjudicar al trabajador. Es cierto que, si el recargo prestacional no ha prescrito, es dable iniciar otro expediente administrativo. Pero no debe condicionarse el reconocimiento del recargo a favor del trabajador accidentado a que la acción no haya prescrito, ni obligar a tramitar otro expediente administrativo, con la consiguiente demora. Cuando ya se ha tramitado el preceptivo expediente, la superación del plazo máximo únicamente significa que se entiende denegado por silencio administrativo y el interesado puede acudir a los tribunales para solicitar el reconocimiento de su derecho al recargo, sin más demora. En el caso de que se declarase la caducidad del expediente: a) Cuando el recargo hubiera prescrito, el trabajador no percibiría el aumento de su prestación de la Seguridad Social, lo que podría dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración pública y b) Aunque el recargo no hubiera prescrito, se obligaría a tramitar un nuevo expediente administrativo que finalizaría con una resolución administrativa que sería impugnable de nuevo ante los tribunales. A juicio de la Sala, la superación del plazo máximo solamente conlleva la denegación por silencio administrativo negativo, lo que permite que en el primer proceso judicial se enjuicie el fondo del asunto: determinar si ha habido un incumplimiento empresarial de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo causante del accidente laboral o enfermedad profesional que justifique la imposición del recargo sobre prestaciones económicas de la Seguridad Social. Pleno. Voto particular. Aunque la jurisprudencia haya configurado el recargo como una figura singular, con elementos indemnizatorios y prestacionales junto a otros represivos y disuasorios, esa naturaleza mixta no puede servir para excluir las garantías constitucionales que protegen a quienes son objeto de una sanción. No hay que olvidar que el recargo surge como consecuencia de un incumplimiento empresarial de las normas de prevención de riesgos laborales y que, tras la tramitación de un expediente administrativo, impone al empresario una obligación económica de carácter claramente punitivo. Por ello, deben considerarse plenamente aplicables principios como el de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y prohibición de la doble sanción. Ante esa realidad, el intérprete no puede erigirse en poder normativo que clarifique o mute la situación, pero sí está obligado a aplicar las normas de manera coherente y respetuosa con la jerarquía normativa y restantes principios que presiden esa tarea. En nuestro caso deberíamos partir de una premisa clara: o se admite que la naturaleza prestacional del recargo debe permitir su aseguramiento (pese al tenor de la LPRL y de la LGSS) o se aplican las garantías propias de las sanciones. Pero lo que acaba sucediendo es que no sucede ni lo uno (la empresa necesariamente ha de afrontar las obligaciones derivadas del recargo con su propio patrimonio) ni lo otro (so pretexto de la naturaleza mixta o prestacional se evita el juego de principios propios de las sanciones). Debería de haberse proyectado sobre el litigio la garantía procedimental arbitrada por nuestro ordenamiento para la tramitación de sanciones administrativas, sin que a ello pueda oponerse la peculiar ontología que al recargo viene atribuyéndose.

(STS, Sala de lo Social, de 3 de noviembre de 2026, rec. núm. 4863/2024)