Jurisprudencia

Una  Directiva  de  la  Unión   define  el  tiempo  de  trabajo  como  todo  período  durante  el  cual  el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de  sus  funciones,  de  conformidad  con  las  legislaciones  y/o  prácticas  nacionales.  Se  considera período de descanso todo período que no sea tiempo de trabajo.

Las sociedades Tyco Integrated Security y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios (en lo sucesivo, «Tyco») desarrollan una actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad antirrobo en la mayoría de las provincias españolas. En 2011, Tyco cerró sus oficinas provinciales  y  adscribió  orgánicamente  a  todos  sus  trabajadores  a  las  oficinas  centrales  de Madrid.

TJUE. Despidos colectivos. Concepto de trabajador. Administradores societarios y personas que realizan trabajos en prácticas en la empresa.
TJUE. Permiso parental. Discriminación directa por razón de sexo.
TS. Despido colectivo. Trabajadores que llegan a un acuerdo con la empresa por la que esta se compromete a abonar una indemnización de 30 días por año de servicio en un plazo máximo de 18 mensualidades. Abono únicamente de los 6 primeros pagos acordados, siendo declarada la empresa insolvente.
TS. Extinción de la relación laboral. Trabajador que antes de dictarse sentencia en la que se estableció la nulidad del despido, es declarado en situación de incapacidad permanente total, deviniendo imposible la readmisión.
TS. Despido colectivo. Cálculo de la indemnización. Determinación de la retribución que corresponde a un trabajador desplazado a Venezuela en noviembre de 2011 (con pacto de permanencia de 24 meses), con remuneración específica, que tras la repatriación un año después es despedido por causas económicas, organizativas o de producción.
TS. Despido improcedente. Abono por la empresa al trabajador de una contraprestación económica (además de la correspondiente indemnización) en concepto de pacto de no competencia, en bruto, atribuyéndole el beneficio fiscal de renta irregular en certificación del IRPF.
TS. Accidente de trabajo in itinere. Accidente de moto que acontece un viernes por la tarde después de que el trabajador recibiera de su médico de cabecera parte de alta médica.
TS. Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Trabajador por cuenta ajena que sufre un accidente de tráfico sin encontrarse dado de alta por la empresa en la Seguridad Social, cuestionándose la calificación del mismo como laboral. Solicitud del subsidio 9 años después. Aplicación del plazo de prescripción de 5 años y de la retroactividad del reconocimiento ex artículo 43 de la LGSS.
TS. Prescripción y caducidad de derechos y acciones. Extinción del contrato. Incidencia de la interposición de la papeleta de conciliación. Aplicación del artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TS. Procedimiento laboral. Resolución del INSS por la que se declara la responsabilidad de una mutua respecto de prestaciones derivadas de enfermedad profesional.
TS. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Idoneidad como sentencia de contraste de una dictada por un TSJ como tribunal de instancia.
TSJ. Salario. Imposibilidad de prestación del trabajo.
TSJ. La protección por desempleo. Pago único. Denegación de la percepción de la prestación solicitada por abogado al destinar el importe de la misma al abono de las cuotas de Seguridad Social a través de la Mutua de Previsión Social en lugar de afiliarse al RETA.
TSJ. Pensión de orfandad. Huérfanos mayores de 18 años incapacitados. Necesidad de mantener, en todo momento, una interpretación tuitiva y finalista en materia de prestaciones de Seguridad Social.

CONSULTE AQUÍ EN FORMATO PDF

El Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de trabajo temporal (ETT) por no adoptar las medidas necesarias para impedir el accidente de una trabajadora. Tendrá que pagar a la mujer, de forma solidaria con la empresa en la que trabajaba, una indemnización de 184.021 euros, más los intereses desde la fecha de presentación de la demanda, de los que la aseguradora abonará 90.000 euros.

La mujer firmó tres contratos con la ETT para trabajar como manipuladora en una empresa que fabrica

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso  interpuesto por el abogado de la CAM y mantiene el segundo pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2013, que obliga a llamar a  los trabajadores inscritos en las bolsas de trabajo vigentes en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid “por riguroso orden de puntuación y en consecuencia se proceda a formalizar contrataciones temporales en función de dicho orden de prelación”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por Liberbank y el Banco de Castilla la Mancha contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el acuerdo alcanzado por la empresa y los sindicatos CCOO y UGT, el 25 de junio de 2013, sobre medidas de flexibilidad interna y obligó a reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a su aplicación.

La Sala concluye en su sentencia que la regla general es la jubilación a los 65 años y la excepción, la prolongación en el servicio hasta los 70 años. Dicha prolongación en el servicio se produce por razones de interés general y en función de las necesidades de la organización articuladas en un plan de ordenación de recursos humanos siendo necesaria la autorización por el servicio de salud correspondiente.

TJUE. Contratos de trabajo de duración determinada. Igualdad de trato y no discriminación. Personal eventual. Negativa a conceder trienios.
TC. Jubilación e incapacidad permanente. Reglas de integración con la base mínima. Trabajadores contratados a tiempo parcial. Discriminación indirecta por razón de sexo.
TS. Prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la salud. Tragsa. Empresa que establece la obligatoriedad de someterse a reconocimientos médicos a los trabajadores que prestan una labor de prevención y extinción de incendios.
TS. Encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud Carlos III. Suscripción de contrato por obra o servicio determinado en el que consta como causa la vigilancia epidemiológica de la infección por VIH. Alegada insuficiencia presupuestaria y/o de reorganización del departamento ministerial encomendante titular de la competencia objeto de la encomienda que genera que el organismo administrativo encomendado extinga los contratos de trabajo con anterioridad a la finalización del periodo pactado. Despido improcedente.
TS. Despido objetivo declarado improcedente por defectos de forma. Trabajador que antes de ser cesado vio suspendido su contrato durante cuatro meses en virtud de ERE. Reconocimiento de la prestación por desempleo aunque con descuento de los días consumidos durante la suspensión autorizada de la relación laboral.
TS. La protección por desempleo. Determinación del porcentaje de parcialidad aplicable a las cuantías mínima y máxima de la prestación contributiva cuando la última relación laboral fue a tiempo parcial, existiendo otra anterior a tiempo completo.
TS. Gran invalidez. Cálculo del complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda.
TS. Viudedad. Acreditación del requisito de existencia de pareja de hecho a los efectos de reconocimiento de la pensión cuando el hecho causante acontece tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007.
AN. Conflicto colectivo. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Entidad bancaria cuyo Convenio de empresa fija un único grupo profesional y amplía las facultades empresariales en orden a la gestión de los recursos humanos en materia de plantillas, movilidad y puestos de trabajo.
TSJ. Patrimonio Nacional. Imposición por la empresa a las guías de la obligación de vestir uniforme compuesto de falda corta, blusa y calzado de tacón alto, cuando los trabajadores masculinos disponen de calzado plano, sus camisas no se transparentan y usan pantalones.
TSJ. Ultraactividad y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
TSJ. Jubilación. Responsabilidad empresarial por infracotización.

CONSULTE AQUÍ EN FORMATO PDF

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; la impugnación afecta a tres preceptos (arts. 8, 27 y 28) que modifican el régimen de permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, los horarios comerciales y de apertura en domingos y festivos y el sistema de promoción de ventas mediante rebajas, saldos o liquidaciones.