Charlamos con Eduardo Rojo sobre la reforma laboral

La primera entrevista que publicamos de esta serie nos la ha concedido el catedr谩tico de la Universidad Aut贸noma de Barcelona, D. Eduardo Rojo Torrecilla, que adem谩s de evaluador externo de nuestra Revista de Trabajo y Seguridad Social (RTSS.CEF), nos mantiene actualizados en su blog de obligada visita para todos los laboralistas. Buena lectura de la entrevista.

ENTREVISTA

PREGUNTA: La reforma laboral realizada a trav茅s del Real Decreto-Ley 3/2012 y su posterior tramitaci贸n como Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ten铆a como finalidad la consecuci贸n de la flexibilidad interna en las relaciones laborales como alternativa a la destrucci贸n de empleo, que permitiera a las empresas hacer frente a las oscilaciones de la demanda mediante mecanismos como las reducciones temporales de salario o de jornada con los que se evitara el despido.

驴Cree usted que la misma se ha conseguido?

Respuesta:

M谩s all谩 del debate estrictamente jur铆dico, que no queda cerrado por las sentencias del TC que validan la reforma laboral1, como lo demuestran a mi parecer los contundentes votos particulares emitidos por tres magistrados en sentido radicalmente contrario a la tesis de la mayor铆a del TC, cabe plantearse si las medidas estrella de la reforma han servido para fortalecer la cohesi贸n social en el 谩mbito de las relaciones de trabajo y generar la creaci贸n de empleo estable y de calidad.

No es a mi parecer que se transite por esa v铆a con el establecimiento de un per铆odo de prueba de un a帽o 鈥渆n todo caso鈥, que separa su duraci贸n del per铆odo realmente requerido para demostrar las aptitudes y conocimiento de la persona trabajadora y que lo convierta en una medida tendente a facilitar la viabilidad jur铆dica de la decisi贸n empresarial; tampoco la potenciaci贸n de la negociaci贸n colectiva de empresa en detrimento (podr谩 afirmarse ciertamente que no jur铆dico, pero s铆 relevante desde un punto de vista f谩ctico) de la negociaci贸n sectorial, reclamada recientemente por cierto por la OCDE como v铆a m谩s adecuada de regulaci贸n de las condiciones salariales; y qu茅 decir del pretendido margen de flexibilidad en la extinci贸n del contrato por causas objetivas, ya sea individual o colectivo, que parec铆a querer abandonar el juicio de razonabilidad de la decisi贸n empresarial y que no ha sido as铆, al menos parcialmente, como ya he indicado, por la intervenci贸n de los tribunales laborales al objeto de garantizar tanto el cumplimiento de su funci贸n de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva y el cumplimiento de la normativa internacional y europea; o la desregulaci贸n del contrato a tiempo parcial con el impacto que ello tiene sobre el respeto a la jornada de trabajo pactada y su distribuci贸n.

No transita por la v铆a de la cohesi贸n social una norma que ampl铆a considerablemente el poder de decisi贸n unilateral del empleador en la modificaci贸n de las condiciones contractuales y convierte a los acuerdos y pactos de empresa en textos de valor jur铆dico muy disminuido. Porque, insisto, las reformas laborales, todas ellas, han de servir para fortalecer la cohesi贸n social, y ello servir谩 para ayudar谩 tambi茅n a la creaci贸n de empleo, aunque no sustituir谩 las decisiones de pol铆tica econ贸mica necesarias para que ello sea posible. Y a mi parecer, con respeto al criterio del TC, no hemos ido en la normativa espa帽ola por este camino.

PREGUNTA: Un tema concreto de la reforma que ha sido ampliamente debatido es el de la vigencia de los convenios colectivos regulada en el art铆culo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores. La Ley 3/2012 tiene una referencia concreta a los convenios denunciados en la disposici贸n transitoria cuarta.

Con respecto a este asunto quer铆amos saber su opini贸n sobre dos recientes sentencias del Tribunal Supremo que abordan la pr贸rroga de la ultraactividad de los convenios: una de fecha de 22 de diciembre de 2014 (rec. n煤m. 264/2014) sobre la empresa ATESE, y otra de 17 de marzo de 2015 (rec. n煤m. 233/2013) sobre el convenio colectivo de la empresa Air Nostrum.

En relaci贸n con la primera (empresa ATESE) el supuesto de hecho planteaba qu茅 ocurrir铆a en el caso de expiraci贸n de la vigencia de la ultraactividad cuando no existiera convenio de 谩mbito superior. El Alto Tribunal dictamin贸 que los derechos y obligaciones de las partes que ven铆an rigiendo con anterioridad a la p茅rdida de la vigencia del convenio colectivo deber铆an mantenerse, puesto que esas condiciones 鈥測a estaban contractualizadas desde el momento en que se cre贸 la relaci贸n jur铆dico-laboral鈥.

驴Qu茅 opini贸n le merece esta sentencia?

Respuesta:

Es una sentencia importante, pero conviene recordar que resuelve una concreta cuesti贸n y en los t茅rminos en que fue planteada en la demanda ante el TSJ de las Islas Baleares. De forma muy resumida, pero que recoge muy bien los amplios debates doctrinales y las resoluciones judiciales de la AN, TSJ y JS dictadas hasta la fecha de la sentencia, la Sala advierte de la existencia de dos corrientes jur铆dicas respecto a la interpretaci贸n del reformado art铆culo 86.3 de la LET, que califica de 鈥渞upturistas鈥 y 鈥渃onservacionistas鈥, metiendo en el primer bloque a la doctrina y a las sentencias que han sostenido que 鈥渄ichos derechos y obligaciones de las partes pasar谩n a regirse exclusivamente por las normas estatales legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el 谩mbito del convenio colectivo fenecido鈥. En el segundo se incluye por el TS a quienes defienden que 鈥渄ichas condiciones laborales (expresi贸n equivalente, aunque m谩s breve, a la m谩s precisa de: los respectivos derechos y obligaciones de las partes) que ven铆an rigiendo con anterioridad a la p茅rdida de vigencia del convenio colectivo en cuesti贸n deber谩n mantenerse puesto que forman parte del sinalagma contractual establecido entre las partes鈥.

El TS se decanta por la segunda tesis y pone el acento, a mi parecer con correcci贸n jur铆dica, tanto en la importancia de la regulaci贸n de la condiciones de trabajo en el contrato, ya sea directamente o por remisi贸n expresa al texto del convenio aplicable, como en el valor normativo del convenio como norma m铆nima de obligado cumplimiento para el contrato del trabajador al que es de aplicaci贸n. M谩s clara me parece que se encuentra explicada en el texto la primera tesis, pero creo que tambi茅n se colige con claridad la importancia de la segunda y que llevar铆a a desestimar las voces que se apresuraron a sostener la p茅rdida del car谩cter o valor normativo del convenio tras esta sentencia, muy en especial en la afirmaci贸n contenida en el apartado B) del fundamento de derecho tercero al referirse, tras criticar la tesis rupturista por provocar una alteraci贸n sustancial de las condiciones de trabajo que transformar铆a, desequilibrar铆a, la relaci贸n entre las partes y que podr铆a dejar al contrato 鈥渟in los requisitos esenciales para su validez (鈥) como son el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa de la obligaci贸n que se establezca鈥, que dicha alteraci贸n desequilibradora se producir铆a a煤n m谩s 鈥渆n un 谩mbito como el social en el que los m铆nimos de derecho necesario se regulan no solamente en las normas estatales sino tambi茅n en los convenios colectivos, a los que el legislador remite en important铆simas materias que el ET no regula suficientemente鈥. Afirmaci贸n que hay que poner en relaci贸n con la expuesta en el 煤ltimo p谩rrafo del fundamento de derecho tercero con la tesis de que 鈥渘i much铆simo menos鈥 la tesis defendida de contractualizacion de las condiciones de trabajo significa contradecir la tesis del legislador de que el contenido normativo del convenio pierda su vigencia y que en ese momento deja de cumplir la funci贸n nomofil谩ctica propia del sistema jur铆dico.

La tesis de la sentencia se construye alrededor de la dicci贸n literal del art铆culo 3 de la LET, regulador, con no precisamente exquisita t茅cnica jur铆dica, de las fuentes reguladoras de la relaci贸n laboral, previo excursus doctrinal sobre la regulaci贸n de la ordenaci贸n de los contratos en el ordenamiento jur铆dico en general y del laboral en particular, poniendo el acento en la autonom铆a de la voluntad de las partes pero ciertamente muy matizada en el 谩mbito laboral por la normativa internacional, europea y estatal, as铆 como por el resultado de la negociaci贸n entre los agentes sociales y la plasmaci贸n del acuerdo en una norma convencional. Por decirlo con las propias palabras del TS, 鈥淟o 煤nico que ocurre es que la existencia de normas limitadoras de dicha autonom铆a es m谩s frecuente que en otros sectores del ordenamiento y, adem谩s, proceden no solamente de la actividad legislativa o reglamentaria del Estado (as铆 como de la normativa internacional y de la Uni贸n Europea) sino tambi茅n de la actividad negociadora de los sujetos sociales a los que la Constituci贸n y el Estatuto de los Trabajadores atribuyen esa capacidad normativa, habida cuenta de la interpretaci贸n que, desde el momento inicial, hizo nuestro TC del significado de la 鈥榝uerza vinculante de los convenios鈥 a que se refiere el art铆culo 37.1 de la CE鈥.

PREGUNTA: En relaci贸n con la segunda sentencia (empresa Air Nostrum), el voto particular planteaba una duda interesante sobre el momento en el que se debi贸 suscribir el pacto. El voto estableci贸 que hace falta un pacto sobrevenido no sirviendo a estos efectos la previsi贸n contenida en el propio convenio colectivo.

驴Qu茅 opini贸n tiene del citado voto?

Respuesta:

La confirmaci贸n de la sentencia de instancia no es la respuesta jur铆dica que considera el magistrado Antonio V. Sempere que hubiera debido darse por la Sala al recurso de la parte empresarial, y de ah铆 que emita un voto particular (tan o m谩s amplio que la fundamentaci贸n jur铆dica de la sentencia) en el que pone de manifiesto en su inicio una premisa previa de la que parte, esto es, que el debate suscitado 鈥渆s de pura interpretaci贸n normativa鈥︹, as铆 como tambi茅n que formula el voto particular a efectos de un mayor enriquecimiento jur铆dico del debate, y que no ten铆a voluntad de trasladar ad extra sus tesis, pero que as铆 lo hace finalmente porque 鈥渆l resto de componentes de la Sala me ha encarecido que d茅 forma de voto particular (VP) a la postura defendida..鈥.

Coincido con la apreciaci贸n del magistrado de encontrarnos ante un debate de interpretaci贸n normativa, a帽adiendo por mi parte que para dicha interpretaci贸n hay que situar la norma en el marco del sistema jur铆dico de fuentes de la relaci贸n jur铆dico-laboral, tomando plenamente en consideraci贸n la normativa internacional y europea de aplicaci贸n en materia de negociaci贸n colectiva, as铆 como tambi茅n el marco constitucional y la doctrina del TC sobre el art铆culo 37, que no se agota ni mucho menos en la Sentencia 8/2015, de 22 de enero que valida la reforma laboral.

La claridad, obviamente desde su 贸ptica conceptual, con la que se manifiesta el voto particular, no se encuentra ni en el texto de las enmiendas ni en el debate parlamentario del proyecto de ley resultante de la tramitaci贸n parlamentaria del RDL 3/20122, ni en la exposici贸n de motivos de dicho RDL y de la posterior ley, y que incluso me atrever铆a a decir que pudiera no ser ahora la tesis m谩s cercana al Gobierno si hemos de hacer caso a algunas manifestaciones de responsables (no citados por sus nombres y apellidos) a preguntas period铆sticas sobre la sentencia de 17 de marzo y que afirmaron que los tribunales, y el TS en este caso, no hac铆an m谩s que aplicar la reforma laboral.

Seg煤n el voto particular, el precepto tiene una claridad expositiva (no es esta precisamente la tesis de la mayor parte de la doctrina cient铆fica y de la judicial) que permite llegar a la conclusi贸n de que la regla principal de 鈥渓ibertad de pactos鈥 prevista en el texto ha de compatibilizarse con las reglas especiales que 鈥渓os limitan鈥, por lo que la regla imperativa de duraci贸n m谩xima de la ultraactividad de un a帽o salvo pacto en contrario lleva a que nos encontremos 鈥渁nte norma de orden p煤blico, que se impone sea cual sea la voluntad inicial de las partes al suscribir el convenio colectivo鈥.

En apoyo de su tesis, que extrae de su explicaci贸n de la estructura del art铆culo 86.3, acude a la exposici贸n de motivos y a la tramitaci贸n parlamentaria del proyecto de ley, que a mi parecer no fue un prodigio de argumentaci贸n y claridad conceptual sino todo lo contrario. No obstante, rep谩rese en que la defensa de la tesis ahora sostenida tiene tambi茅n un punto claro de cr铆tica a la redacci贸n de la norma, aunque luego se trate de salvar, ya que el magistrado afirma que 鈥渟in la debida claridad y al margen del juicio que ello merezca, la Ley 3/2012 quiso establecer un tope a la vigencia del convenio colectivo ya vencido y denunciado, extrayendo esa materia del r茅gimen general autonomista鈥. Me viene inmediatamente a la cabeza, y lo dejo apuntado, la distinci贸n entre la mens legislatoris y la mens legis a la que se refiere con cuidada atenci贸n la sentencia de la AN como uno m谩s de los argumentos expuestos en la resoluci贸n judicial para defender la vigencia de la cl谩usula convencional del convenio, defensa de la que ahora se ha hecho tambi茅n part铆cipe el TS.

Para concluir, y remitiendo a las personas interesadas a la lectura 铆ntegra del detallado voto, se encuentra a faltar, al igual que en la sentencia, una mayor fundamentaci贸n del porqu茅 de la nula importancia que el voto particular confiere a la normativa internacional y europea. Por 煤ltimo, y de forma plenamente incidental y sin mayor fundamentaci贸n, el voto acepta la contractualizaci贸n de las condiciones de trabajo si no existiera convenio de 谩mbito superior, haciendo suya pues la tesis de la Sentencia de 22 de diciembre de 2014, cuando el voto particular que defendi贸 el mismo magistrado, y al que se adhirieron cinco miembros m谩s del Pleno de la Sala, llegaba a algunas conclusiones semejantes pero en absoluto era id茅ntico, ni mucho menos, al texto de la sentencia.

1 A este respecto v茅ase la noticia: 鈥 El TC desestima el recurso de los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Plural contra la reforma laboral de 2012鈥.

2 Consulte aqu铆 la tramitaci贸n parlamentaria del RDL.