Jurisprudencia

Siguiendo con el contenido de otras colaboraciones en esta Sección, don José Antonio PANIZO ROBLES comenta en el documento adjunto algunas sentencias, dictadas recientemente por la Sala 4ª (de lo Social) del Tribunal Supremo, con incidencia en el ámbito de diferentes prestaciones de Seguridad Social como son la determinación del complemento de gran invalidez, la aplicación del cuadro de enfermedades profesionales en algunas actividades por cuenta propia o con relación al acceso a la pensión de viudedad en los supuestos de convivencia de hecho.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2015, reconoce el derecho de un ciudadano a solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita en un recurso en segunda instancia, a pesar de que no solicitó la Justicia Gratuita al iniciar el procedimiento judicial.

El Alto Tribunal interpreta el art. 8.2 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. En este artículo se regula un supuesto especial, como es el que un ciudadano se vea obligado a solicitar el beneficio de justicia gratuita para actuar en segunda instancia de un proceso no habiéndolo necesitado en primera.

No obstante, no debe imposibilitarse o dificultarse excesivamente el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.

Una Directiva de la Unión establece los requisitos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar del que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.

Iniciamos el artículo con una sentencia¹ que nos ha parecido curiosa por cuanto analiza, en sede judicial, una práctica conocida como “solicitar los papeles del paro” por parte del trabajador a la empresa. En el caso analizado la trabajadora presenta su dimisión en la empresa pero solicitando al empleador que le prepare la documentación necesaria con objeto de lucrar la prestación por desempleo, siendo denegada por el empresario (notario), que se niega a realizar tal irregularidad por constituir un ilícito fraudulento². Ante ello la trabajadora obtiene una baja médica con objeto de no ir a trabajar, procediendo el empresario a despedirla disciplinariamente. La Sala, que admite esta práctica como asidua, considera la conducta de la trabajadora como maliciosa muy grave, por lo que procede a declarar la procedencia del despido.

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado una indemnización de 455.398 euros, más una pensión mensual vitalicia de 5.000 euros, a favor de una joven que quedó tetrapléjica cuando tenía 20 años tras un retraso en el diagnóstico por estar averiada la máquina en el que se le debió hacer una resonancia magnética, en una clínica privada de Málaga.

El Supremo desestima los recursos de la clínica y de Adeslas, aseguradora de la afectada, que deberán afrontar solidariamente el pago de la pensión vitalicia. En cuanto a la indemnización de 455.398 euros, la aseguradora Zurich responderá solidariamente junto a la clínica y Adeslas hasta la suma de 300.506 euros.

TJUE. Libre circulación de trabajadores. Libre prestación de servicios. Desplazamiento de trabajadores y suministro de mano de obra accesoria a una prestación de servicios. Diferenciación.
TS. Alta dirección. Gerente provincial de Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
TS. Convenios colectivos. Schindler, S.A. Revisión Salarial para el año 2012 consistente en un 3,2 %. Inaplicación unilateral por parte de la empresa antes de que haya concluido el proceso de descuelgue.
TS. Tutela de los derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales. Rechazo por la comisión electoral de un sindicato de una candidatura al consejo y a la ejecutiva, por no haberse aportado simultáneamente los avales que la orden del día reseñaba.
TS. Tutela de los derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales. Demanda de eliminación de cualquier filtro o control previo que impida o limite el envío de e-mails desde los servicios de correo de los sindicatos accionantes y su correcta recepción por los trabajadores en los buzones de correo corporativo.
TS. Despido colectivo. Período de consultas. Exigencia de negociar de buena fe. Insuficiencia de la documentación entregada a la representación legal de los trabajadores.
TS. Despido colectivo. Grupo de empresas. Periodo de consultas en cuya negociación interviene una comisión híbrida formada por representantes legales de un centro de trabajo y miembros de una comisión ad hoc elegida en otro. Legitimación para la impugnación del despido.
TS. Viudedad. Condicionamientos en caso de separación o divorcio. Supuestos en que la cuantía de la pensión de viudedad es superior a la pensión compensatoria.
TS. Incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Determinación de la Mutua aseguradora responsable del pago de las prestaciones.
TS. Jubilación no contributiva. Requisito de carencia de rentas. Cómputo, a efectos de determinar el límite de acumulación de recursos, de los ingresos del esposo de la titular de la prestación cuando existe entre ellos una situación de separación de hecho y ausencia de convivencia.
TS. Impugnación colectiva de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Empresa extremeña con una plantilla de 900 trabajadores de los cuales 6 prestan servicios en el extranjero. Competencia funcional del TSJ o de la Audiencia Nacional.
AN. Sector de contact center. Derecho de los trabajadores a recibir un duplicado de la nómina en formato papel.
AN. Convenios colectivos. Ultraactividad. Finalidad de las reformas, impulsadas por la Ley 3/2012, en materia de negociación colectiva.

CONSULTE AQUÍ EN FORMATO PDF

El Juzgado de Instrucción Nº 16 de Sevilla ha remitido hoy a Fiscalía el atestado elaborado por la Policía respecto a la presunta trama en la realización de cursos de formación para parados, convocados con fondos de la Junta de Andalucía desde la Delegación Provincial de Empleo, Empresa y Comercio (de Sevilla), cursos investigados por un presunto delito de fraude de subvenciones. En la operación -conocida por ‘operación Edu’- se detuvieron a 46 personas en la capital hispalense, más otras 7 personas encausadas anteriormente.

Siendo la obligatoriedad la clave para acceder a la exención en el IRPF de las indemnizaciones laborales, en general, y en concreto en lo que tiene que ver con las indemnizaciones del personal de alta dirección por desistimiento unilateral del empresario, que es el supuesto concreto que se analiza en la consulta de la Dirección General de Tributos, de 23 de junio de 2015, el máximo interpretador administrativo –y a pesar de lo decidido en la STS, de 22 de abril de 2014, de la Sala de lo Social– niega una vez más su ausencia en este tipo de supuestos, lo que a la postre trae como consecuencia la negación de la exención.