Corrupción en tu organización: cómo denunciarla sin perder tu trabajo
Denunciar la corrupción en tu organización puede ser algo muy delicado, pero no hacerlo te convierte en cómplice.
La corrupción es un cáncer que carcome las organizaciones. Detectarla a tiempo puede salvarlas; ignorarla, destruirlas.
- En este artículo descubrirás qué se considera corrupción en el ámbito organizativo y cómo puedes denunciarla con protección legal.
- Conoce tus derechos como informante y cómo proteger tu empleo mientras actúas con integridad denunciando la corrupción.
Si un trabajador detecta prácticas corruptas en su organización, debe vencer el miedo y comunicarlo utilizando los sistemas internos de información. La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ampara a estos trabajadores, que ahora cuentan con un marco legal de protección. Esta norma adapta la Directiva (UE) 2019/1937.
La Ley 2/2023 garantiza que toda persona pueda comunicar infracciones dentro de su organización a través de un canal de denuncias interno o sistema interno de información. Además, debe poder hacerlo de forma segura, confidencial y sin riesgo personal de sufrir represalias.
¿Qué se considera corrupción dentro de una organización?
La corrupción no solo ocurre en la política, donde parece un mal endémico. También puede manifestarse dentro de cualquier entidad pública o privada.
¿Qué prácticas deben denunciarse dentro de una organización? Algunos ejemplos serían:
- Manipulación de contratos o licitaciones.
- Uso indebido de fondos o subvenciones.
- Conflictos de intereses o tráfico de influencias.
- Alteración de datos contables o falsificación documental.
- Sobornos.
- Malversación de fondos.
- Fraude.
- Extorsión.
- Abuso de poder o de confianza dentro de la organización para obtener beneficios privados.
Por tanto, no se trata solo de «corrupción económica», también de comportamientos que comprometen la transparencia, la equidad o la legalidad en la organización.
Ley 2/2023: un escudo protector para los informantes
Hasta hace pocos años, las personas que denunciaban irregularidades internas quedaban desprotegidas y se arriesgaban a sufrir fuertes represalias. Hoy, gracias a la Ley 2/2023, existe un sistema pensado precisamente para proteger al informante frente a represalias, tanto personales, como a familiares y compañeros. Es decir, la ley pretende amparar todo el entorno del denunciante.
Esta protección alcanza a empleados públicos y privados, colaboradores externos, autónomos que mantengan relación con la empresa, proveedores, e incluso personas que hayan cesado ya su relación laboral.
La ley se sustenta sobre los siguientes cuatro pilares fundamentales:
- Confidencialidad absoluta: la identidad del informante solo puede revelarse en casos muy excepcionales.
- Prohibición de represalias: ningún trabajador puede ser despedido, sancionado o degradado por utilizar los sistemas internos de información.
- Canales seguros de información: tanto internos (dentro de la organización) como externos (Autoridad Independiente de Protección del Informante).
- Existencia de un responsable: debe existir un responsable designado para la gestión del canal de denuncias.
Esto significa que puedes denunciar de forma segura y que tu empresa, administración o partido político está obligado a protegerte.
Cómo denunciar sin poner en riesgo tu empleo
El paso de informar sobre una irregularidad debe hacerse con prudencia, pero sabiendo que la ley está de tu lado.
A continuación, te explicamos cómo hacerlo de forma correcta y segura:
- Usa el canal interno de información de tu organización: toda entidad con 50 o más empleados o sujeta a regulación específica (como partidos, sindicatos o administraciones) debe disponer de un canal interno. Es preferible utilizarlo e intentar resolver los problemas dentro de la organización antes de acudir a instancias externas.
- Presenta la denuncia de forma confidencial: puedes realizar la denuncia de forma anónima o identificándote. En ambos casos, la entidad está obligada a proteger tus datos, pero, por si acaso, es mejor intentar preservar el anonimato.
- Guarda pruebas de los hechos denunciados: conserva documentos, correos o registros que puedan respaldar tu denuncia. Te servirán si la investigación avanza.
- Consulta con el responsable de cumplimiento de tu empresa: en grandes empresas suele haber un responsable de compliance, que puede orientarte.
- Acude a la autoridad independiente si el canal interno no funciona: si no recibes respuesta o tienes sospechas de parcialidad, puedes dirigirte al canal externo nacional, garantizando igualmente tu protección.
Utilizar los sistemas de información de la empresa correctamente refuerza la transparencia y la integridad de la organización.
¿A quién afecta la Ley 2/2023?
La Ley 2/2023 tiene un alcance mucho más amplio de lo que muchos creen. No solo obliga a empresas privadas con 50 o más empleados, sino también a:
- Administraciones públicas y organismos dependientes.
- Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por estos.
- Colegios profesionales, fundaciones y asociaciones con financiación pública.
Además, las entidades del sector financiero, transporte y medio ambiente deben disponer de canales internos con independencia del número de trabajadores, siguiendo su normativa específica.
Esto implica que toda organización que gestione fondos o servicios de interés público tiene la responsabilidad de habilitar vías de denuncia seguras, accesibles y confidenciales.
Qué ocurre si la organización no cumple con lo previsto en la Ley 2/2023
No disponer de un canal de información interno o vulnerar la confidencialidad del informante puede salir muy caro.
Las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 2/2023 pueden ser:
- Multas de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas en los casos más graves.
- Sanciones de hasta 300.000 euros para directivos o responsables de la infracción.
- Inhabilitación para contratar con el sector público o recibir subvenciones.
Pero más allá de la multa, el mayor riesgo es reputacional. Las organizaciones que no protegen a quienes denuncian pierden credibilidad, talento y socaban su reputación.
Por lo tanto, informar sobre la corrupción ya no es un acto de valentía aislada, sino un derecho protegido por ley. La transparencia de las organizaciones depende tanto de la existencia de canales seguros para denunciar, como de la formación de quienes deben gestionarlos.
Cada vez más organizaciones entienden que fomentar la denuncia responsable no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar su cultura ética y prevenir riesgos legales y reputacionales.
En el Curso Especializado en Protección del Informante de Infracciones y Delitos en el Marco del Compliance Laboral aprenderás a implementar canales de denuncias internos eficaces, garantizar la confidencialidad del denunciante y a actuar contra la corrupción conforme a la Ley 2/2023.
José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga
Colaborador del CEF.-