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La nueva Ley de Mutuas ya es una realidad. Analizamos los puntos más destacados de esta reforma que pretende eliminar burocracia en la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal, fija nuevas reglas sobre el destino de las reservas y los excedentes del sistema, limita las retribuciones de los directivos, amplía las incompatibilidades y facilita el acceso a la prestación por cese de actividad.

El Congreso de los Diputados aprueba la nueva Ley de Mutuas. Esta norma, que modifica el régimen jurídico de las Mutuas, establece la nueva denominación como Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, al tiempo que aclara la naturaleza jurídica pública de los recursos económicos que financian a las Mutuas y de las prestaciones que dispensan.

El nuevo sistema de cotización directa cuenta con el respaldo de la práctica totalidad del arco parlamentario. Con el nuevo procedimiento, la Seguridad Social facturará directamente a los empresarios las cotizaciones sociales, en lugar de ser la empresa quien comunique su liquidación. Todo el procedimiento se hará por vía telemática.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer  los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que han concluido su tramitación parlamentaria con la votación en Pleno de las enmiendas incorporadas por el Senado al proyecto remitido en su día por el Congreso de los Diputados. El texto será publicado en el BOE para entrar en vigor el 1 de enero de 2015.

 A continuación, se han visto las enmiendas incorporadas por el Senado a dos proyectos de ley: primero las modificaciones al proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y  enfermedades Profesionales de la Seguridad Social han quedado aprobadas, con lo que esta ley será publicada con los cambios de la Cámara Alta.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha suscrito con las entidades ASISA, ADESLAS, DKV e Igualatorio de Cantabria el nuevo Concierto por el que se prestará la asistencia sanitaria en territorio nacional y se cubrirá la asistencia sanitaria transfronteriza en 2015,​ a los mutualistas y sus beneficiarios que opten por recibirla a través de alguna de estas entidades de seguro médico.

Del colectivo total protegido por MUFACE a 1 de diciembre de 2014 (1.518.434 personas), algo más del 81% (1.235.552 personas) han escogido este año las entidades del Concierto para la recepción de la asistencia sanitaria, lo que demuestra la amplia satisfacción de los empleados públicos de MUFACE con la prestación que reciben de las entidades médicas concertadas.

Camarero se ha pronunciado en estos términos en la reunión del Pleno del Consejo de Protección de la ONCE, que ha presidido en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por primera vez. En presencia del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, la secretaria de Estado ha valorado el arranque del proyecto "Ilunion" de esta organización, ya que, en su opinión, supone "un hito en la historia empresarial" española al tratarse de la "demostración de que una economía social es posible en el siglo XXI". 

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.549.398 en noviembre, cifra que baja con respecto al mes anterior un 0,27%.

Del total de trabajadores extranjeros el mayor número procede de Rumania, Marruecos, China y Ecuador con 268.351, 187.575,  92.029 y 72.200 ocupados, respectivamente. Les siguen Italia (64.407), Bolivia (59.893), Reino Unido (54.799) y Colombia (53.390).

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha agradecido a diputados y senadores el trabajo y aportaciones que han realizado para mejorar el texto de la Ley de Mutuas y la Ley de Facturación Directa. Ambas normas que concluyen este jueves el trámite parlamentario con la votación en el Congreso de los Diputados.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH») es un acuerdo internacional multilateral celebrado en el seno del Consejo de Europa¹. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Todos los miembros del Consejo de Europa son Partes Contratantes de dicho Convenio.

En su dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996, el Tribunal de Justicia ya había considerado que, en el estado del Derecho comunitario entonces vigente, la Comunidad Europea carecía de competencia para adherirse al CEDH.